Yo no sé qué iba a hacer la ya ex consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, el día que se pusiese en funcionamiento la Ley de Buen Gobierno e Incompatibilidades del Principado. ¿Decir que a ella no le afectaba? ¿Mirar para otro lado? ¿Alegar ignorancia? Recordemos que en su artículo 10 es clara en cuanto a las participaciones que pueden tener en una empresa los altos cargos: máximo de un 10%. Esther Díaz poseía casi el doble (19,8%) en Davelco: la empresa de maquinaria de construcción de la que es propietaria junto a su marido. Es más, a partir de ahí se fue montando un entramado de empresas, Grupo Avance, que incluía cuatro sociedades más. Como digo, desconocimiento desde luego no  porque la ley, en principio y a falta de trámite parlamentario, fue aprobada en un Consejo de Gobierno del que era miembro. Por tanto, resulta cuando menos curiosa su postura. Sabía de sobra que de ponerse en marcha incumplía  la ley y sin embargo no dijo ni mu. Es más, toda su defensa se ha basado en que no hubo nada ilegal o escabroso en el funcionamiento de dicha empresa.  Lo cual, dicho sea de paso, puede ser cierto; pero también que sólo poseer esas acciones ya contraviene la norma. Es, por decirlo de otra manera, el hecho de tener participaciones en una empresa que contrata –aunque sea de forma indirecta- con su consejería lo que no es de recibo. Esther Díaz envolvió todo esto en un halo de ataque personal. Nada más lejos de la realidad. La ex consejera de Bienestar, incluso a día de hoy, no parece ver incompatibilidades entre su faceta empresarial y política. Cree que es licito y normal siempre que no se prevarique. O sea, que no se haga trampas en la contratación. Ahora bien, nunca sabremos hasta que punto las empresas que realizaban obras para la consejería se sentían obligadas a subcontratar con Davelco. El que fuera en parte propiedad suya, hecho de sobra conocido, seguro que pesaba. Por tanto, quitando todo el runrún político y la polvareda hay algo que deberíamos tener muy claro: el mundo de la política y la empresa deben tomar caminos diferentes. Ningún político puede participar de ambos a la vez si queremos de verdad una administración transparente.

En los tiempos que vivimos cumplir las leyes tiene mucho valor. Digo más, el ciudadano mira esto con lupa. No puede ser que haya diferentes varas de medir en función de los intereses de cada cual: una cuando me afecta a mí y otra a los demás. Pongo un ejemplo. El Parlamento asturiano aprobó que los imputados a los que se les abra juicio oral sean expulsados del partido. El PP ya se las arregló para sacar de esta norma a Jaime Reinares, el concejal ovetense, que está condenado (no imputado) por revelación de secretos. Esther Díaz parece que quería también acogerse a ser la excepción. No hago nada malo, por ello, me salto la Ley de Buen Gobierno que yo misma aprobé. Y si nadie dice nada, sigo hasta las próximas elecciones y santas pascuas. El silencio de Javier Fernández sobre todo esto asunto lo dice todo: Esther Díaz tenía que dimitir porque era el único camino posible.