El juez Baltasar Garzón -especialista en estas cosas, por cierto- pretende imputar al régimen franquista por delito de genocidio. Cosa que, a mi modo de ver, es bastante difícil de realizar, porque, entre otras cosas, prácticamente todos sus responsables ya están morando por el más allá hace tiempo. Pero, bien, el proceso es la culminación de la petición de listas de víctimas que hizo a diferentes organismos oficiales. Del mismo, parece ser, han salido ya sobre 133.708 víctimas (1.246 en Asturias) que el todopoderoso juez pretende: o bien que sean investigadas por la Audiencia Nacional, o bien que cada juez natural estudie cada caso concreto. Cosa que, vuelvo a repetir, según mi entender, atascaría definitivamente la ya atascada (valga la redundancia) maquinaria de la Justicia en un trabajo de investigación histórico-forense sin parangón.

A mí que se recuperen restos de fosas comunes, se traten de identificar y se entreguen a sus familiares me parece bien. A quien no lo ve así yo le preguntaría, ¿se sentiría cómodo sabiendo que los restos de su abuelo están perdidos por una cuneta cualquiera? Sin embargo, de eso a rejuzgar la historia va un trecho. Si nos ponemos a imputar delitos de genocidio tras una Guerra Civil corremos el riesgo de reabrir heridas, de volver a una espiral que no conduce a nada. Y es que, si ahora juzgamos al franquismo por sus crímenes, ¿por qué no también los excesos cometidos dentro de la República? ¿Por qué no las famosas checas, los pelotones de fusilamiento políticos o la salvaje represión anticlerical que se produjo? Como ven, el proceso destroza mucho más de lo que supuestamente pretende arreglar. Nada bueno, en definitiva, para la convivencia.