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Jose Manuel Balbuena

RETORCIDA REALIDAD

El finiquito en diferido.

Sí, ser concejal de Urbanismo es una desgracia que le puede pasar a cualquiera. Tal parece el discurso que nos quiere trasladar la ex edil de Foro, Lucía García Serrano. La concejala de Urbanismo durante la pasada legislatura demanda una indemnización al Ayuntamiento de 78.110 euros. Todo ello en base a un artículo de la Ley de Régimen Local, por el cual solicita «la fijación de una compensación económica durante los dos años siguientes al cese». Esto es, como se prevé una incompatibilidad con su profesión de arquitecta en Gijón, García Serrano quiere que se le paguen dos años íntegros del salario equivalente a un concejal con dedicación parcial. Algo, por cierto, a lo que ningún edil en la historia del Consistorio había optado anteriormente. Lucía García Serrano fue una titular de Urbanismo controvertida. Es más, suscitó en torno a ella una cierta unanimidad: cabreaba a todo el mundo. A los constructores con sus decisiones sobre el Plan General de Ordenación anulado, a los funcionarios que trabajaban a su lado y, en general, a muchos ciudadanos a los que abría expedientes urbanísticos por cualquier cosa. Su pretensión –veremos qué dicen los tribunales- no tiene el apoyo del partido. Salió por la puerta de atrás cuando no fue incluida en la lista municipal hace ahora un año. Digo más, en la actualidad reniega de Foro y dice que su expediente está paralizando. Según ella, ha sido retenido «por las altas esferas». La ex edil de Urbanismo asegura que va a acudir a la Justicia para obtener tan jugosa cantidad, y ya ha dado los primeros pasos elevando una protesta ante el Defensor del Pueblo. En fin, no sé a ustedes pero a mí me resulta escandaloso. Si a cada uno de los ediles que dejen su puesto en el equipo de gobierno hay que pagarle una especie de finiquito en diferido, apaga y vamos. Sería como tratar a cualquier concejal con responsabilidades a la altura de un Ministro. Algo, sin duda, que nuestro Ayuntamiento no se puede permitir. Ni por razones económicas, ni morales. Quién opte por la vida púbica que sepa muy bien a lo que va y punto. Es muy posible que el caso de García Serrano sea un hecho aislado, pero lo cierto es que esa  puerta hay que cerrarla. No puede haber más reclamaciones de este tipo por el bien de nuestro Ayuntamiento. Resultaría del todo inadmisible explicar a los gijoneses que a un señor (o señora) se le va a pagar el sueldo de dos años como compensación.

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Por JOSE MANUEL BALBUENA

Sobre el autor

Economista y empresario. Colaborador de EL COMERCIO desde hace ya muchos años. Vamos, un currante en toda regla


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