Verán, veo sorprendido como las administraciones autonómicas o municipales se afanan en planes faraónicos. Más concretamente, en la construcción de viviendas de protección. Y para mí, la verdad, no hay tanta demanda. Es más, creo que se equivocan aquellos que piensan que existe ahora una necesidad imperiosa de compra por parte de alguna capa social. Porque, ¿no es lógico acaso que los ciudadanos estén más preocupados por su trabajo? Si alguien duda de esto último, o sea, de que en el 2009 la empresa prescinda de sus servicios, ¿cómo va a afrontar el pago de una hipoteca si los cicateros bancos ni se la van a conceder? Pues bien, el ejemplo más claro es nuestro propio paraíso natural, el cual, por otra parte, tendremos que pasar a llamar «paraíso de protección oficial» de cumplirse los susodichos planes. Vean.

En Gijón, se prevén a corto plazo (sumando planes en Roces o Jove) unas 4.800 viviendas de este tipo. Eso representa, más o menos, que tendrían que comprarlas, o sea, poder optar a ellas cumpliendo sus requisitos, el 2 por ciento de su población total. Casi nada. En Oviedo, pásmense, la cifra sube espectacularmente hasta las 10.390 viviendas. Casi el 5 por ciento de su población. En Avilés, serían 3.240 las proyectadas. En Mieres 711. En… ¿sigo? El resultado final, ciertamente, es monstruoso: 21.000 viviendas para los próximos cinco años. Pero, además, a todo esto hay que añadir el nuevo plan de la ministra Beatriz Corredor. Éste contempla comprar suelo directamente a constructores para viviendas de protección y, por si fuera poco, transformar en acogidos los pisos que no se venden. ¡Más madera, más madera!