El quién decidió el cambio de cantera en la obra de ampliación de El Musel es un misterio. Superior incluso al de Fátima si me apuran. Así se intuye de las declaraciones realizadas –a tener de la investigación abierta por los sobrecostes- esta misma semana ante la Audiencia Nacional. Verán, el cambio de cantera de Aboño –la más cercana al puerto- a una propiedad de Tudela Veguín ocasionó gran parte de los 250 millones de euros que se pagaron de más. Por lo menos, esa fue la justificación que en su día se nos dio. En principio, se había argumentado que el mismo vino motivado por la coincidencia con la construcción de una desulfuradora que allí se estaba realizando. Sin embargo, Manuel Menéndez, presidente de EdP España, y el ex director de Proyectos e Inversiones de HC, Marcos Antuña, no dijeron nada de eso. Afirmaron que lo único que había eran unos barracones de la empresa que estaba acometiendo la obra. Nada que ver, pues, con una incompatibilidad manifiesta para poder efectuar la extracción de piedra. A esto hay que sumar también las sorprendentes declaraciones del presidente de la Corporación Masaveu, Fernando Masaveu. Según éste, desconoce el motivo por el cual la UTE Dique Torres –quien llevó a cabo la ampliación- decidió explotar una cantera de su propiedad. Es más, por no saber, ¡oh, sorpresa!, ni conoce cuál es el precio de la tonelada de cemento o dónde se encuentran las susodichas canteras de la empresa. Ojo, que lo declara el presidente de la tercera cementera de España. Pues bien, tal parece como si tan importante decisión hubiese salido de la nada. Como si, a tener de estas manifestaciones, el maldito cambio hubiese sido un capricho caro sin justificación técnica alguna. Está claro que cuando el caso por los sobrecostes de El Musel se llevó a la Audiencia Nacional adquirió otra dimensión. Ahí supimos, por ejemplo, que la UTE Dique Torres era consciente antes de empezar de que sin aporte de fondos adicionales no podía acabar la ampliación. Vamos, que habían conseguido la obra ofertando un presupuesto irreal. A todo esto tenemos que sumar el famoso informe de la Oficina de Lucha contra el Fraude de la Unión Europea (OLAF) detonante de este asunto. Llamados a declarar sus técnicos ratificaron ce por be el contenido del informe: mantienen que la licitación y ejecución está plagada de irregularidades. Suma y sigue en una investigación que no parece que vaya acabar por ahora. Una madeja que está ofreciendo mucho más hilo del que esperábamos.