El Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla comenzó a investigar en 2013 a la federación andaluza de UGT. Como consecuencia, descubrió que el sindicato había utilizado unos locales –cedidos de forma gratuita por el Gobierno central- para financiarse. Es decir, se inventaba un arrendamiento ficticio que, posteriormente, facturaba a la Junta de Andalucía. En total eran 12 inmuebles repartidos por todas las provincias andaluzas. La Unidad Central Operativa de Delincuencia Económica de la Guardia Civil (UCO) concluyó que por este método se habían defraudado 4,11 millones de euros. Llovía sobre mojado en la UGT de Andalucía: su anterior secretario general, Manuel Pastrana, había camuflado en 2009 una mariscada de 2.000 euros para cobrar una subvención. En septiembre del año pasado nueve personas –nada que ver con el sindicato- fueron juzgadas en Sevilla por recibir, ojo, más de cinco millones de euros en subvenciones. Montaron una trama con los cursos de formación inflando facturas. Esto es, el coste real era de un 70 por ciento inferior al que posteriormente pasaban a la Junta. Idénticos conceptos se cobraban dos veces, se incrementaban las horas reales impartidas y nuevamente el arrendamiento acababa inflado. La UCO investigaba a UGT-Asturias desde el 2014. Normalmente, esta unidad especializada de la Guardia Civil suele ser como un perro de presa. Están curtidos –los Pujol, Rato o Bárcenas bien lo saben-  y tienen mucha experiencia. Hubiese sido raro que el sindicato asturiano se marchase de rositas a tenor de su investigación. El pasado martes montó en Oviedo un operativo espectacular –quizá desmedido- que ha acabado con seis personas investigadas. Presuntamente, el “modus operandi” de los asturianos era muy similar al andaluz. Esto es, se facturaron arrendamientos de locales hinchándolos hasta una cifra, según estimaciones, de 400.000 euros. Sin duda, esta operación es un golpe muy duro para el sindicalismo asturiano. Casi la puntilla si tenemos en cuenta también lo de Villa. En cualquier caso, tenemos que colegir que el mundo de la formación no puede seguir así. Se ha demostrado –la UCO sigue tramas por toda España- que está descontrolado. El dinero para los cursos acaba –bien sea desde instituciones o empresas privadas- desviado para otros fines ilícitos. Regularmente, me visitan empresas creadas ad hoc para impartir cursos a los trabajadores. El gancho siempre es el mismo: son gratis. Si les comentas que no hay tiempo para ello, en seguida te buscan una solución. Pueden ser a través de Internet, por temario, presencial, etcétera. Lo importante es facturarlo a la Administración correspondiente y punto. La calidad de la formación, en fin, tampoco importa.