El juicio que está teniendo lugar contra los máximos responsables en su día de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) el ex gerente, Luis Alemany  y la ex presidenta, Dulce Gallego, tiene dosis de serie televisiva: cada lunes un nuevo capítulo. En los anteriores, corroboramos de forma fehaciente lo que ya sabíamos de sobra: había una manera de gestionar chusca. Viciada desde la raíz. Así, no se entiende cómo dos empresas sobrepasaron con creces su límite máximo de facturación legal permitida y no pasó nada, o que a una de ellas (Suycomplas) le fueran pagados sobrecostes por importe de 3,1 millones de euros, o que realizase 22 obras superiores a 500.000 euros infringiendo el procedimiento de publicidad de la Ley de Función Pública. Es más, también nos enteramos –esta vez por las declaraciones como testigos del ex presidente de la empresa municipal, Fernando Couto y el ex gerente, Pablo Álvarez Cachero – de que se llegaron a abrir y cerrar zanjas. Todo ello, para comprobar que se estaban facturando de forma indebida mientras que en la EMA se pagaba sin rechistar. De Suycomplas –según parece, el eje del mal – nunca más se supo. Fue saltar este asunto a la luz pública y cerrar. No tenía más clientes que la empresa de aguas. Tal parece que fue creada ad hoc para realizar sus obras y punto. A esto, aunque no esté en el juzgado, tenemos que unir episodios como el del local que se adquirió en 2008. Más de un millón de euros sin una simple tasación que justificase su precio para guardar carpetas. Verán, en el 2011, con el cambio de gobierno, conocimos el modus operandi de muchas empresas municipales. Recuerden, sin ir más lejos, el triste episodio de las cocheras de EMTUSA: un contrato muy ventajoso para quien las construyó y llevaba el arrendamiento operativo, pero no para el Ayuntamiento que tuvo que rescatarlo porque era una ruina. Lo que ahora se está juzgando, no lo olviden, también tiene su parte política. La EMA –la joya de la corona del municipalismo gijonés- estaba dirigida por políticos y gerentes que no tenían ningún pudor. Gallego era capaz de gastarse 3.000 euros en taxis sin inmutarse, o a Alemany se le pagaba un seguro de vida por importe de 12.270 euros anuales. Conceptos que ahora valoramos tanto como la transparencia o el control del dinero público, en la última época de gobierno socialista habían desaparecido por completo. La prepotencia se había instalado cómodamente en el Consistorio. Nosotros, como ganamos una elección tras otra desde hace más de treinta años, hacemos y deshacemos a nuestro antojo. He aquí las consecuencias.