Ayer en el Congreso tuvo lugar otro corte al atún. Más o menos, la cuestión estaba en ver qué pensaban los grupos de oposición sobre la gestión del Gobierno, y le llovieron las críticas. La Vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, trataba de explicar el supuesto desembarco de tres tripulantes, pero la cosa no cuadraba. Según De la Vega el Gobierno sabía en todo momento que los marineros no habían abandonado el barco, cosa que, si volvemos al 5 de noviembre, no tiene nada que ver con la anunciado por la ministra de Defensa (recuerden: habían sido trasladados a tierra y sabían dónde estaban). Zapatero, por su parte, aunque no estaba en la Cámara, desmintió lo publicado sobre que se había pagado un millón de dólares a un falso cargo somalí. «Al Centro Nacional de Inteligencia», dijo, «no se le engaña tan fácil». Bueno, en fin, que así sea.

Sin embargo, para mí, lo más chocante fueron las declaraciones de los propios marineros. Tanto gallegos como vascos, después de prestar declaración ante el juez, fueron bastante críticos con el Gobierno. Los primeros, agradeciendo a las comunidades autónomas implicadas su participación en el secuestro, pero omitiendo deliberadamente al Ejecutivo. Y los segundos, si quieren, de forma más virulenta al llegar a calificar su gestión como «asquerosa». En ambos casos, reprochan que, al traer a los piratas capturados, su secuestro se complicó sobremanera. Además, están convencidos de que existe un acuerdo para dejarlos en libertad, porque, según palabras textuales, «Pobrecitos si capturan otro barco español». Bien, cuando alguien paga por ti un rescate, aparte de las críticas, también merece algo de gratitud, ¿no?