Quizás les suene porque, las últimas huelgas de taxistas, vinieron motivadas por su entrada en vigor a 31 de diciembre. La «Ley Omnibus» es la adaptación de una normativa europea –la Directiva de Servicios- cuyo objetivo es el liberalizar y abaratar el coste del sector. Dice la Directiva, por ejemplo, que las cuotas de entrada a los colegios profesionales, sus tablas de honorarios mínimos y un sinfín más de reglas burocráticas lastiman al consumidor incrementándole, no sólo su precio, sino también las complicaciones a la hora de recibir un servicio. Hasta ahí, por lo menos para mí, podríamos estar de acuerdo. Muchos de los costes que pagamos vienen dados por los colegios profesionales y sus intrincadas normas. Pregunto, ¿por qué se tiene que visar (y pagar, claro está) el proyecto de un arquitecto? ¿Por qué ciertos colegios restringen el acceso a la profesión terminando por pedir cantidades multimillonarias para poder ejercerlas (véase los farmacéuticos y las farmacias)? ¿Por qué algunos ejercen de auténticos «lobbies» poniendo incluso limitaciones a quien quiere estudiar la carrera universitaria (véase el colegio médico y la facultad de medicina)?

Sin embargo, la «Ley Omnibus» también representa la muerte para algunas profesiones tal y como ahora las conocemos. En el caso concreto de los taxistas van a ver cómo cualquiera puede ejercerla sin más compromiso que pagar los correspondientes impuestos. Esto es, usted o yo podríamos utilizar nuestro coche como taxi a tarifa negociada al más puro estilo africano. Pero también, se suprimen muchos carnet profesionales. Así, un electricista, sin ir más lejos, no requerirá a partir de ahora estar autorizado como instalador, sino que con una simple comunicación o declaración serviría. Y los que mantienen aparatos de gas, calefacciones, ascensores, etcétera; exactamente igual. Pregunto, ¿es bueno que el concepto de profesional, o sea, el que vive, sabe y está formado en su oficio; se vaya diluyendo?