Hay que darle la razón al ministro de Fomento, José Blanco, cuando critica a los controladores aéreos. No ya sólo por los sueldos estratosféricos que cobran (hasta 900.000 euros hablaba), sino por sus continuas actitudes de niños malcriados. Así, durante las últimas navidades comenzaron a ausentarse de sus puestos de trabajo en una huelga de celo encubierta. Esto, que en el mundo aéreo es el pan nuestro de cada día, le ha servido a Blanco para esbozar la Ley de Modernización del Sistema Aeroportuario que quiere enviar al Parlamento en el segundo trimestre. En la misma se pretende privatizar parcialmente la gestión de los aeropuertos y compartirla con comunidades autónomas, ayuntamientos y cámaras de comercio.

Según mi opinión el cambio es inevitable, ya que, con unas pérdidas acumuladas de 15.000 millones de euros, es difícil seguir. Además, en tiempos de abultado déficit viene de perlas, no sólo quitarse cargas, sino también recibir ingresos extra. Ahora bien, por la negociación con grupos nacionalistas se quiere que el capital privado sea sólo del 10 por ciento, mientras que el 51 sería del Estado y el resto de las entidades antes reseñadas. Sinceramente, no entiendo muy bien qué pintan estas dos últimas -ayuntamientos y cámaras- en todo este proceso. Que se comparta con la autonomía, perfecto, pero, ¿por qué ayuntamientos y cámaras de comercio? ¿Qué aportan a todo esto? ¿Es acaso atractivo para la inversión privada ser socio tan minoritario en la gestión?

Por último, señalarles que, según el Ministro, la rebaja en el sueldo y supresión parcial de los controladores bajará el precio de los billetes. Pues bien, si con ello se fomenta la competencia entre compañías al poder operar más en cada aeropuerto, efectivamente será así. Observen si no el caso asturiano. Desde que la ruta mayoritaria, la de Madrid, se ha quedado con una sola la subida de precio y pérdida de pasajeros ha sido exponencial.