A mí me gustaría que el debate sobre las pensiones fuese riguroso. Esto es, que la política tuviese su justa medida y se mirase más allá del corto plazo. En este sentido, el pleno monográfico del Congreso tuvo mucho de lo primero y poco de lo segundo. Es decir, se pone en cuestión esa mísera subida del 0,25% que ha sacado a los jubilados a la calle, pero no se mira hacia el negro futuro de un sistema que necesita reformas de calado. Más que nada, porque tal y como están las cosas resulta inviable. Recordemos que el mismo está basado en la solidaridad intergeneracional, es decir, unas generaciones pagan a otras su pensión. El problema para los actuales beneficiarios es que le suben poco menos de dos euros, el de los que ahora están trabajando va a ser otro bien distinto. En primer lugar, porque sus prestaciones serán sustancialmente menores (se habla de hasta un 50% de las actuales) y en segundo, porque tendrán que trabajar muchos más años. Probablemente, y para algunas profesiones, más allá de los setenta. La razón es bien simple: cada vez hay menos trabajadores y los sueldos son más bajos. O lo que es lo mismo: sus cotizaciones son bastante inferiores, a lo que debemos añadir la subida en la esperanza de vida. Por tanto, a medio plazo el sistema público que conocemos tendrá que cambiar o está condenado a la quiebra. Esto lo saben todos los países de nuestro entorno y han reaccionado. No sólo subiendo de facto la edad de jubilación, sino también añadiéndole un factor de sostenibilidad. Medidas ambas que se quieren derogar, cuando resultan indispensables para su supervivencia. Además, lógicamente de no indexar las prestaciones con respecto al IPC que sólo contemplan 4 países de 28 de la Unión Europea. Mariano Rajoy le había dado mucha importancia a este debate y hasta vació su agenda para prepararlo. Llevó medidas de subida de pensiones mínimas y ayudas fiscales que no convencieron a la oposición, porque ya estamos en clave electoral. Se mira de reojo a las elecciones autonómicas de mayo del año que viene, cuando no a un posible adelanto de las Generales. Los 9,5 millones de pensionistas -la mayor comunidad autónoma de España- son un bocado demasiado apetitoso. Entonces, entra en juego el ruido. PSOE y Podemos proponen un impuesto a la banca que recaudaría mil millones de euros -Hacienda lo rebaja a 700- que no solucionaría nada en el mejor de los casos. Compárenlo con la nómina que paga la Seguridad Social -139.637 millones de euros anuales- y verán lo que representa. Eso sí, lo bonito del «efecto Robin Hood» -le saco el dinero a los ricos para dárselo a los pobres- ahí queda. La hucha se encuentra casi vacía, el sistema acumula deuda y las cotizaciones ya no dan para pagar a los jubilados. Realidad que es necesario afrontar, más allá de cualquier subida puntual.

@balbuenajm