Una buena noticia –el que la luz no suba un 4 por ciento en julio- siempre es agradable de presentar. Supongo que eso es lo que debieron pensar el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro; cuando el pasado jueves anunciaron la medida de forma conjunta. Algo, por cierto, completamente inesperado puesto que el mercado daba por descontada la subida. Sin embargo, detrás de esta comparecencia meliflua no se encuentra más que la política del avestruz. Dicen que la suspensión de la medida se hace para buscar un pacto en materia de energía, cosa que, la verdad, se me hace harto difícil. La situación del sector es tan grave que, no sólo veremos la subida ahora abortada, sino que vendrán muchas más unas detrás de otras. Vean el porqué.

En España, ya desde los tiempos en que gobernaba el Partido Popular, existe un déficit tarifario que se ha ido acumulando año tras año. Dicho de otra manera: lo que pagamos por la luz no es lo que cuesta producirla. Es, por ejemplo, como si a una empresa de autobuses le dicen que el billete tiene que venderse a 3 euros independientemente del precio del gasóleo. Pues bien, este marco de precios regulados ha llevado a que exista un déficit acumulado de 20.000 millones de euros. Sí, han leído bien, durante los próximos años dicha cantidad tendrá que pagarse a base de… subir las tarifas.

Pero el problema es aún más grave cuando hablamos de las primas a las renovables. Existe una burbuja montada entorno a este tipo de energías y, más que probablemente, acabará estallando porque la situación es insostenible. Durante muchos años los llamados «huertos solares» se han ido multiplicando por nuestra geografía como forma de inversión. El sistema era muy fácil: se adquiría un terreno barato, se instalaban placas solares y el Estado, no sólo te compraba toda la energía que generases, sino que además de te daba una prima. La suma de las mismas, ojo, representa 6.000 millones de euros anuales. Cifra que, como pueden suponer, resulta inviable. Sin embargo, cuando el ministro Sebastián planteó su recorte con efectos retroactivos el mercado tembló. Los «huertos solares» acabaron comercializados por los bancos como si fueran productos financieros y, su eliminación, llevaría a multitud de inversores a la quiebra. Como pueden ver, mucho tendrán que negociar Gobierno y oposición para solucionar todo este follón.