Parece que el auto dictado por la Sección Octava de la Audiencia Provincial ha arrojado algo más de luz sobre el asunto. Por lo menos para mí, deja algunas cosas claras. Quizá la primera sea que, aunque algunos lo pensaban, el ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, va a tener muy difícil que sea declarado inocente. El magistrado-juez dice que hay «indicios suficientes para considerar al imputado implicado en una mecánica delictiva». No obstante, la decisión de dejarle en libertad bajo fianza me parece justa. Hay que reconocer que difícilmente, un hombre de esa edad y estado de salud, podría pensar en fugarse. Además, en cuanto a la destrucción de pruebas, Riopedre no parece tener un entramado de sociedades y propiedades tal y como sucede en el caso de las otras dos imputadas. Creo que aquí el magistrado Bernardo Donapetri ha acertado.

Por otra parte, la instrucción realizada desde el Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón ha recibido un espaldarazo. En el mismo auto se defiende, tanto las acciones realizadas de prisión provisional, como el propio secreto de sumario. Entiende el magistrado que, dada la gravedad de los delitos, todas estas acciones estaban más que justificadas. De hecho, con las otras dos personas imputadas, el magistrado no es tan benevolente y, no sólo las seguirá manteniendo en prisión, sino que las acusa directamente de poder obstruir la instrucción judicial y riesgo de fuga.

Por último, comentarles que me sorprende las declaraciones del ex consejero al conocer la fianza. Dijo «No creo que pueda lograr esos 100.000 euros», lo cual, para mí, arroja aún más misterio sobre los motivos de su presunto delito. Si una persona que supuestamente ha realizado prácticas de cohecho ni tiene numerosos bienes (un piso en Oviedo y una finca en Cereceda), ni cuentas bancarias (en ellas apenas había 1.307 euros), ni muestra ningún signo de ostentación; ¿dónde está entonces lo que había ganado? Observen que para Otero y Renedo son múltiples las cuentas bancarias con grandes saldos y el patrimonio inmobiliario. En el caso de Riopedre, evidentemente y de momento, no.