Sigo pensando que evitar los desahucios es una tendencia peligrosa. En España, por desgracia, ha habido 300.000 ejecuciones hipotecarias y, créanme, cada una es diferente. Los motivos, el por qué y los comportamientos que han tenido quienes la sufren, seguro, no se parecen en nada. Ayer, en el barrio gijonés de El Coto, tuvo lugar una acción de los «indignados» para paralizar un lanzamiento. Leo en la prensa de hoy que, el afectado, era un barrendero y su familia. Su caso es un buen ejemplo de lo que fueron las hipotecas durante el «boom» inmobiliario. El hombre tenía un préstamo de 36.000 euros con una entidad, vino otra y le dijo: no te preocupes, yo te hago una nueva hipoteca que te cubra la que tienes y te la incremento. Resultado: el hombre bajó sus ingresos y ahora tiene una deuda de 90.000 euros. Como decía, lo que le ha pasado a muchos otros.

Sin embargo, un día antes en Madrid se impidió por un alquiler. Las inquilinos debían 4.000 euros al dueño. Al ser preguntados los vecinos del inmueble por el barullo que había, muchos daban la callada por respuesta. Sólo uno dio la cara y dijo que, los arrendatarios, tenían mucha jeta. No sólo no pagaban al propietario, sino que armaban escándalos constantemente. Por supuesto, el caso es completamente distinto al anterior. Discernir cuál debe merecer ayuda y cuál no es complicado. Si una persona con llamar a los «indignados» va a lograr parar un desahucio, se corre el riesgo de defender lo indefendible.

Personalmente, sigo pensando en que lo que necesita es cambiar las leyes. Ya hablé de la dación en pago, cosa a la que se opone frontalmente la banca, pero existen también otras medidas. Cuando se produce una ejecución hipotecaria los costes del proceso son abrumadores. El deudor, una vez que se ha puesto en marcha el mecanismo, sufre un incremento de su deuda brutal. Tiene que pagar intereses de demora, abogados, procuradores o peritos. En resumen: casi va a ver cómo se le duplica la deuda. El Gobierno podría perfectamente limitar estos gastos. No requiere un gran despliegue legislativo y, sin duda, sería muy efectivo.