De sobra es conocido el contencioso sobre los terrenos del extinto astillero de Naval Gijón. Una cicatriz, una zona cero, que todavía nos queda por recuperar. El actual Plan General de Ordenación (PGO) obliga a dedicar al menos un 80% de su edificabilidad a «usos productivos vinculados a la pesca, la acuicultura, el turismo, la navegación, la biotecnología marina y las energías renovables». En la práctica, un parque empresarial limpio que albergue en exclusiva la llamada «economía azul». O sea, actividades relacionadas con el mar. En ningún caso, se permite la construcción residencial, a pesar de que algo más allá, se va a producir un desarrollo urbanístico con 192 viviendas (el PERI 01 del Arbeyal). Por no hablar, de la colindante urbanización de Poniente y sus edificios barco. Aquí siempre se tuvo la idea de que ese suelo tenía que mantener su carácter industrial por dos motivos. Primero, como tributo (o memoria viva) a la lucha de los trabajadores de Naval Gijón por evitar su cierre. Y segundo, para que sus dueños evitasen cualquier tipo de especulación. Resulta obvio que el valor entre ambas calificaciones urbanísticas es muy distinto.

Y en esas estamos. Con un PGO en marcha y un recurso planteado por Pymar, dueño de 20.573 metros cuadrados, para cambiar la edificabilidad. El resto 39.512, propiedad de la Autoridad Portuaria, saldrá a subasta, pero quedará de nuevo desierta. Ni de lejos la iniciativa privada ve rentabilidad alguna si no se construyen pisos. Los planes del Ayuntamiento pasan por desarrollar este parque por sus propios medios. Es decir, comprar los terrenos y ponerlos a disposición de las empresas interesadas, ya que, repito, nadie si no lo va a hacer. Todo ello, a pesar de que en un informe salido del propio Consistorio avisa sobre los riesgos que conlleva. En marzo del año pasado una consultora hizo números y sacó las siguientes conclusiones. El coste de llevar a cabo la operación sería sobre unos 47 millones de euros para levantar los edificios de oficinas, a lo que habría que añadir lo que se pague por los terrenos. En total, sobre unos 81 millones aproximadamente. Eso hace que la inversión privada rehúya la operación, repito, porque el precio venta final del metro cuadrado de oficina, estaría sobre los 1.900 euros. Al no quedar más remedio que hacerlo de forma pública, también insistía el documento, sería asumiendo perdidas. Dicho de otra forma: igual tenemos una nueva Zona de Actividades Logísticas e Industriales (ZALIA).

Pues bien, y los vecinos del Natahoyo, ¿qué? ¿Cuánto más van a tener que esperar, entre recursos judiciales y dudas en la iniciativa, para que tengan una fachada marítima decente como los demás (Poniente y La Calzada)? No sé, pero tiene pinta de que el futuro parque empresarial «Distrito azul» va a estar empantanado durante mucho tiempo.

@balbuenajm