No es nada nuevo que el poder político quiera intervenir en el mercado del alquiler. Normalmente, siempre lo suele intentar. A nivel nacional, hemos tenido una buena prueba con la nueva Ley por el Derecho de la Vivienda. Una norma que regula hasta el precio máximo al que debe arrendar un propietario, en las zonas que el gobierno de turno considera «tensionadas». Es más, el Consejo General del Poder Judicial acabó por tumbarla al considerar que tenía un «evidente sesgo ideológico». A nivel local, la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisa) quiere ampliar su parque de vivienda pública. Son 23 los pisos que desea adquirir, incluyendo su primer proyecto de nueva construcción para alquiler en La Calzada. Actualmente, el Ayuntamiento dispone de 202 inmuebles en la ciudad, a lo que habría que añadir otros 2.057 correspondientes al Principado. Según parece, el objetivo es ir incrementado esta oferta para así bajar los precios de las rentas. Algo que se me antoja complicado, puesto que, de momento, sigue rigiendo la economía de mercado. O sea, es mayoritariamente en el ámbito privado donde se determinan las transacciones. Aunque, bien es cierto, no sabemos por cuánto tiempo.

Un reciente estudio de la Universidad señala a Gijón como la ciudad asturiana con los arrendamientos más caros. En concreto, habla de 576 euros de media mensuales. Desde luego, esto no debería cogernos por sorpresa. El que nuestro trozo de paraíso natural sea un destino turístico importante, yo diría que influye bastante en la formación del precio. De hecho, gran parte de la oferta se ha trasladado al alquiler vacacional, por considerarlo más rentable y sin tantas obligaciones para el propietario. Hablo, por ejemplo, de que la duración del contrato es mucho menor. Asimismo, una legislación laxa ha permitido el boom de este tipo de arrendamiento, que encuentra pocos límites legales para su expansión. No obstante, lo que más desanima a los propietarios son los pocos incentivos que tiene a la hora de ofrecer su piso. Ni fiscales, ni sociales, ni jurídicos. Sobre todo, en esto último destaca el temor que existe al impago. Es decir, a poder recuperar su propiedad en caso de que no se pague la renta. Tenemos, pues, dos formas de actuar para evitar una escalada de precios. O bien incentivando a los propietarios, o bien interviniendo en el mercado desde instancias públicas. Desgraciadamente, siempre se toma el mismo camino. Ya saben cuál…

@balbuenajm