Las últimas reformas del gobierno Rajoy tienen buena música, suenan bien, pero tenemos que conocer la letra para valorarlas. Por ejemplo, el tema de agilizar el cobro de los impagos en ayuntamientos y autonomías. Resulta que el que tenga un crédito pendiente con la Administración, ahora, gracias a esta reforma, va a poder cobrarlo. En principio, se acercará a la entidad bancaria correspondiente con la factura y, después de comprobarla, va a ser abonada. Sin embargo, como digo, siempre hay una letra pequeña. Los intereses que median entre el pago del banco y el ingreso por parte del organismo público, serán de cuenta del acreedor. Algo así, por hablar en lenguaje comercial, como si se tratase del descuento de un efecto. Además, si se tienen deudas con la Seguridad Social este sistema no se puede aplicar, con lo cual, lógicamente, entramos en un círculo vicioso. Es decir, mi empresa no pudo cobrar lo que le debían y, precisamente por eso, dejó de pagar a la Seguridad Social. A todo esto hay que añadir algo que está por matizar: si la deuda no tendrá una quita. Es decir, una rebaja del monto total.

Otra medida muy llamativa es la implantación de la llamada «dación en pago». O lo que es lo mismo: saldar la deuda contraída con el banco mediante la entrega del inmueble. Supuestamente, va dirigida hacia el sector de población con menos ingresos o que toda la familia esté en paro. Reforma, por cierto, muy necesaria por el alto nivel de desahucios que estamos teniendo. Ahora bien, quien esté en esa situación encontrará un alivio importante, pero, en el futuro, las entidades no darán ni una hipoteca al sector de población que esté por debajo del umbral que se fije para aplicar la «dación en pago». Además, la intención es implantar un código de «buenas prácticas bancarias». Tarde, claro está, pero un paso muy importante para evitar los abusos. Sólo queda por ver cómo buscan el mecanismo para tratar de burlarlo.