Mariano Rajoy anunció que las pensiones subirán en 2013, pero no aclaró cuánto. Parece ser que la intención sería repetir la decisión del año pasado con un incremento del 1%, aunque todavía está por ver. El Gobierno siempre ha defendido que su línea roja se encuentra en las pensiones. Es decir, puede rebajar todo lo demás –desde los sueldos públicos hasta las prestaciones por desempleo- pero no así las jubilaciones. La justificación, tal y como dijo Rajoy en una entrevista para televisión, se encuentra en que le parece muy injusto ajustar a un colectivo que «no tiene otra posibilidad en cuanto a ingresos». El coste de actualizar las pensiones –depende de en cuánto se suban, claro está- estará en torno a los 4.000 millones de euros. Más o menos, la cantidad que se va ahorrar al no pagar la paga extra de Navidad a los funcionarios. En resumen, estamos hablando de que, probablemente, en los Presupuestos Generales del Estado que se presentarán el jueves, sólo dos partidas de gasto se van a incrementar: las pensiones y los intereses de la deuda. Lo demás, sin duda, sufrirá recorte.

Bien, entiendo que cuando se habla de pensiones se mete todo en un mismo saco. Esto es, no es lo mismo el jubilado que cobra 800 euros mensuales, que uno de 2.000. Sin embargo, el acceso a la gratuidad de algunos servicios y su consideración es similar. Me refiero, por ejemplo, que hasta que llegó el copago sanitario los dos estaban exentos en los medicamentos. Cosa, lógicamente, profundamente injusta ya que su nivel adquisitivo no es ni mucho menos similar. Medido en términos de renta, el de 2.000 euros mensuales, podría soportar perfectamente soportar una congelación en su pensión, mientras que el de 800 no. Entiendo que debemos empezar a cambiar la imagen de un jubilado depauperado económicamente, por otra donde también se mire su nivel de ingresos. Si, como es normal, quien más gana debe contribuir en mayor medida, el colectivo de pensionista debe amoldarse a dicha norma. Si se producen recortes, los pensionistas de mayor poder adquisitivo, también debería sufrirlos y no sólo quiénes se encuentran en activo. Es lógico pensar que a un político, el tocar la jubilación, le cueste sobremanera ya que electoralmente puede pagarlo. Pero lo que se ahorra por un lado –subiendo impuestos o cercenando ingresos a los funcionarios- no puede repartirse injustamente por otro.