Los clásicos vuelven a la actualidad de la mano de la polémica mantenida por tres científicos norteamericanos, defensores unos de las tesis geográficas y otros de las institucionalistas, para explicar el desarrollo de las sociedades en el largo plazo. Así lo explica el profesor Gabriel Tortella en el artículo publicado en El País ¿Se equivocó Montesquieu? A mi modo de ver no, pero tampoco Diamond, ni, por supuesto, Acemoglu y Robinson.

Biografias y vidas

El estudio de las causas inmediatas que promueven el desarrollo económico contemporáneo ha sido una constante en la investigación económica, que tradicionalmente ha abordado este campo desde la teoría del crecimiento y a partir de hipótesis que encuentran en la acumulación de capital físico y humano los principales factores explicativos. La ambición de encontrar un único factor que explique este desarrollo ha propiciado interesantes interpretaciones sobre la materia que, no obstante, en muchas ocasiones no han tenido en cuenta las dinámicas de cambios sociales y económicos que tal crecimiento suele llevar aparejadas.

La persistencia del subdesarrollo en muchas regiones del planeta ha hecho inútil la búsqueda de  una explicación única que determine las fuerzas que influyen en el crecimiento económico en el largo plazo y ha dado lugar a la aparición de aportaciones que, desde el ámbito de la politología, la sociología, la geografía o la historia, han contribuido al enriquecimiento de la teoría económica del crecimiento. Entre estas aportaciones, ha cobrando un especial relieve el marco institucional por su capacidad para impulsar el cambio social y el desarrollo de las naciones pero todavía no se han podido precisar adecuadamente cuáles son las claves de este cambio.

Algunas teorías (Gallup, Sachs y Mellinger) subrayan la geografía como determinante del clima, la productividad y la calidad de los recursos humanos. Rivalizan con otros trabajos que sitúan  a las instituciones en el centro de las explicaciones. El retroceso de algunas sociedades que gozaron de gran prosperidad en el pasado y que hoy se encuentran en las últimas posiciones del progreso económico, amenazan las explicaciones geográficas. Es lo que algunos autores como Acemoglu, Johnson y Robinson denominan “el vuelco de las fortunas”, atribuido a la adopción y posterior reproducción de peores instituciones por parte de estas zonas originariamente más ricas, lo que las condujo al bloqueo de nuevas oportunidades que la industrialización les ofrecía.

Pero no todas las tesis institucionalistas otorgan un papel residual a la geografía, como cabría suponer. Es el caso de los trabajos de Engerman y Sokoloff para quienes  el entorno natural resulta decisivo a la hora de generar instituciones excluyentes e ineficientes al servicio de las elites.

Las respuestas para la reducción de la brecha distan, pues, de ser unidireccionales, lo que nos lleva a hacer algunas consideraciones generales asociadas al desarrollo.

En primer lugar, que las diferencias en el planteamiento de origen de las dificultades de algunos países para el crecimiento en el largo plazo no impiden vislumbran la importancia que las instituciones (y su calidad) tienen para el desarrollo. Pero que no conviene dejar de lado otros factores, entre otras cosas por la dificultad para la definición de un contexto institucional óptimo para todos los países que excluya consideraciones de carácter local.

Que a pesar de la presencia de múltiples variables en la explicación del desarrollo de las sociedades, las investigaciones parecen relacionar estrechamente esta circunstancia con el capital humano y el nivel educativo, tanto por su influencia en el incremento de la productividad por trabajador, como por su contribución a la mejora del capital social y de las relaciones humanas y políticas. Y un contexto semejante, favorece las inversiones empresariales e impulsa un sector público eficiente y de calidad.

Finalmente, que la calidad institucional es consecuencia de su eficiencia pero también de su credibilidad. La lucha contra la corrupción es una necesidad para la consecución del progreso económico y la disminución de la desigualdad. Las instituciones públicas de buena calidad resultan indispensables para el desarrollo, al determinar la eficiencia de los servicios y las políticas económicas y sociales, pero también para conseguir  una actitud proactiva de la población, basada en la confianza.

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