Dice Saskia Sassen que hemos delegado en el ejecutivo misiones para las que nunca debiéramos haberlo facultado, pues éste ha apoderado (y empoderado) a su vez al sistema financiero. La conclusión es que todo se ha privatizado, o al menos es así en Estados Unidos. Pero a tenor de la privatización de seis hospitales y veintisiete centros de Salud en la Comunidad de Madrid, parece que en España también vamos a transitar por la misma senda.

Con distinta semántica, como siempre, el PP de la Asamblea de Madrid y sus medios afines hablan de “externalización sanitaria” y defienden un nuevo modelo de gestión mientras aplican beneficios fiscales para los casinos, ahora denominados Centros  Integrales de Desarrollo (CID) en la neolengua de la política. La esquizofrenia en la que vive inmerso el partido popular madrileño parece no tener límites y le lleva a incluir junto a la tasa del euro por receta incentivos fiscales y administrativos bastante disonantes con el credo liberal. O no, como le gusta apostillar a “su jefe”.

Tras la aprobación de la Ley Escoba, la oposición madrileña se ha comportado como cabía esperar, denunciando el escándalo y la inmoralidad de la norma. Pero ha llamado la atención, por insólitamente ingeniosa en el parlamento, la intervención de una diputada de IU. Libertad Martínez denominó Ley Voldemort a la Ley de Acompañamiento, en alusión al antagonista de Harry Potter, al que la comunidad mágica se refiere como “quien tú sabes” o “el innombrable”.

En el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, Lord Voldemort exhibía una exquisita  educación tras las que se escondía una tendencia a la manipulación y la sociopatía. Lord Voldemort contaba con un enorme ejército de seguidores, los Mortífagos, quienes con ciega obediencia realizaban para su amo los trabajos más sucios. Y entre las habilidades de este hechicero tenebroso se encontraba también la de practicar con enorme éxito el arte de la oclumancia, con el que escondía sus propios pensamientos.

En el asunto de la Sanidad nos encontramos ante un problema de gestión, sí. Pero fundamentalmente de quienes tienen la responsabilidad última de hacer eficiente el sistema, los propios políticos. Más allá de esto, estamos ante un derecho constitucional de las personas en el que se entremezclan cuestiones clave para nuestra sociedad como la solidaridad, la ética o la equidad. Seguramente Saskia Sassen, más dotada que la media para la  legeremancia, hubiera llamado sencillamente “financialización” a la Ley Escoba y al innombrable, Sheldon Adelson. Pero aquí somos más de jugar con las palabras.

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