Ya he hablado sobre el tema en otras ocasiones, aunque he pasado sobre ello casi de puntillas, como argumento secundario de otros asuntos. Ahora merece la pena darle el protagonismo que se merece, pues cada vez más es enarbolada por los defensores de las más diversas causas. Casi todas, si no perdidas, al menos difícilmente defendibles. Me refiero a eso que se ha dado en llamar la “marca España”, uno de esos modernos engendros político-financieros que no se sabe muy bien por qué, han hecho fortuna en poco tiempo.

El mantra de la “marca España” es especialmente apreciado por quienes están convencidos de que el país está roto en mil y un reinos de taifas y han adoptado el tecnicismo como un nuevo adhesivo multiusos, que lo mismo sirve para restañar la fractura social, supuesta o no, causada por las movilizaciones ciudadanas o el nacionalismo, que para unir a la cabeza una corona real puesta en fuga por los últimos acontecimientos. Precisamente a propósito de una figura de nuestra  Monarquía, el último en apelar a la “marca España” ha sido el ministro García Margallo. No es la primera vez. Es comprensible, pues tras este modismo suelen estar los intereses que él ahora tiene que preservar desde el Ministerio de Asuntos Exteriores. Lo que no resulta tan obvio es que los métodos para su salvaguarda pasen por soslayar hechos que la ciudadanía y, ahora algunos jueces, pretenden esclarecer.

Somos muchos los que pensamos que la imagen de España como país se defiende con un mejor acceso a la participación y a la información. Y desde luego, desde la nitidez institucional que posibilitan la democratización de los partidos y las leyes de transparencia. Pero transparente no quiere decir translúcido. Y si esto es válido en cualquier momento, lo es más aún en uno como el actual, con una grave crisis económica solapada a diario con las revelaciones sobre nuevos casos de, digamos, presunta corrupción. La retahíla es larga: Pretoria, Malaya, Palma Arena, Gürtel, solo por hablar de algunos de los principales casos nacionales investigados desde los primeros años 2000. Y sí, por qué no decirlo, la permisividad social con los manejos político-institucionales fue mucha mientras la bonanza económica permitía que lo usurpado al erario público parecieran las migajas de un enorme pastel que parecía infinito.

Foto: biblioteca-uam-derecho

Hoy, la necesidad ha transmutado en hartazgo, y los españoles empezamos a encontrar extraña esa interiorización de la corrupción que hacía que muchas personas actuaran socialmente como creían que lo iban a hacer los demás. La corrupción ha pasado de “negra” a “blanca”, por decirlo en la terminología de Heidenheimer. Por eso las apelaciones a la “marca España” parecen cada vez más huecas o, si se quiere, repletas, pero de autocomplacencia. La imagen de España se defiende haciendo frente al saqueo del erario público y llevando ante los jueces a quienes lo hayan perpetrado, sin distinción de ningún tipo. Después, la Justicia dictaminará si son culpables o no. Esa Justicia en la que tanto dicen confiar nuestros gobernantes cuando los encausados son otros diferentes a los suyos. Algunos magistrados están mostrando gran valor, integridad e independencia  con sus últimas decisiones, así que con jueces así, si inocente, mejor imputado. Resulta mucho más fácil demostrar tal condición en los tribunales, lejos del juicio mediático y del fragor de la turbamulta.

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Decía el pasado jueves el politólogo Fernando Jiménez en los micrófonos de la Cadena SER, que los escándalos de corrupción tienen su parte negativa y su parte positiva. Por un lado, la acumulación de casos genera indignación social. En el otro lado de la balanza, por primera vez la justicia funciona y existe capacidad y voluntad de luchar contra las prácticas corruptas. Horas más tarde de esta entrevista, en la conferencia que ofreció en la repleta sala de conferencias del CCAI de Gijón, se refería a los países nórdicos y en especial a Suecia. Sí, ese país que a menudo tenemos como paladín de la transparencia, no siempre fue así. La consecuencia no deseada de la corrupción político- administrativa sueca fue la pérdida de una guerra en la que se vio despojada de Finlandia como parte de su territorio. A partir de ahí asimilaron la lección. Esperemos que no tengamos que llegar tan lejos para aprender a defender la “marca España”.

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