No terminan de apagarse los ecos de la abdicación de Juan Carlos I y la proclamación de Felipe VI y ya tenemos nuevos asuntos en la vertiginosa sucesión de acontecimientos a la que nos tiene acostumbrados últimamente la monarquía española. El aforamiento exprés y la insistencia del juez Castro en mantener como imputada a la hermana del Rey son los sucesos que  acaparan la atención en los aledaños de la Familia Real.

La imputación de Cristina de Borbón merecería una entrada aparte y el asunto del aforamiento no mucho más que un breve comentario. Digan lo que digan los defensores acérrimos de la monarquía, el fuero es un privilegio concedido al monarca saliente. Una prerrogativa que contradice su discurso navideño de  años atrás, cuando resaltaba que “la ley es igual para todos”, y ofrece nuevos argumentos a quienes opinan que la “casta” sigue utilizando todas las herramientas legales en su beneficio. Eso sí,  para ser una abdicación que estaba decidida hace meses, dicen, el traspaso de la corona y el blindaje real parecen rodeados de una gran improvisación.

Lo cierto es que, la tramitación, discusión y aprobación de la Ley Orgánica que hace efectiva la abdicación y la propia ceremonia de traspaso de poderes han ido a un ritmo impropio de las perezosas Cortes españolas, demostrando una vez más que los tiempos en política tampoco son iguales para todos. Dicen que el mejor momento paras el cambio es aquel en el que se percibe una pérdida de sintonía entre la Corona y los ciudadanos. El desprestigio de la Institución se venía apreciando desde hace algún tiempo, como lo demostraba su (moderada) pérdida de popularidad en las encuestas, aunque las empresas de estudios de opinión siguen mostrándose reticentes a preguntar por esta cuestión con asiduidad.

Los defensores de la monarquía dicen que la abdicación es un paso más en la normalidad democrática y califican de radicales de izquierdas a quienes opinan que existen ciertas lagunas en la pretendida democracia e igualdad de la institución monárquica. La normalidad requeriría, en primer lugar, de lo que en este artículo se denomina “perfeccionamiento del estado de derecho”.  No olvidemos que más de 22 millones de españoles del actual censo electoral (34,5 millones) no pudieron, por edad, participar en la ratificación de la Constitución, una consulta que, por otra parte, no incluía ninguna pregunta sobre un modelo de Estado alternativo. Los valedores del inmovilismo se escudan, y no sin razón, en que ningún ciudadano norteamericano y pocos alemanes, por ejemplo, votaron sus respectivas constituciones. Pero Alemania ha realizado 52 modificaciones en su ley fundamental (reforma de 109 artículos) y la escueta Constitución Americana va por las 27 enmiendas. Por si esto fuera poco, no hay que olvidar que fue el anterior Jefe de Estado el que designó sucesor, aunque la sociedad española convalidara en 1978 un nuevo escenario que resultó idílico, viniendo de donde veníamos, incluso para el Partido Comunista. Pero esto ocurrió hace casi cuarenta años, en una sociedad muy diferente a la de hoy, tanto en su estructura de población como en sus expectativas democráticas.

Viñeta: El Jueves

No se trata de preguntar constantemente sobre el modelo de Estado español, sino de hacerlo cuando toca. Ha pasado un tiempo razonable desde 1978 y las circunstancias políticas tal vez demanden también un referéndum. Así que la abdicación del Juan Carlos I podría haber sido el momento oportuno. El problema es que entre nuestra clase política parece que existe miedo a preguntar por según qué cosas. Un temor probablemente injustificado, ya que es más que razonable pensar que ante una eventual consulta triunfara el sí a la opción monárquica frente a la republicana. Así parecen  confirmarlo las últimas encuestas, en las que también Felipe VI aparece reforzado en relación a su padre y en las que, obviamente, la Monarquía apenas se encuentra citada entre los principales problemas de los ciudadanos. El previsible triunfo del sí a la Monarquía legitimaría, en cambio, al nuevo Rey, supondría, ahora sí, una actualización de la convalidación de la Institución, y espantaría durante un largo tiempo el cuestionamiento del modelo de Estado. Aplazar o evitar la consulta no hará sino mantener el debate abierto, a Felipe VI en una situación de constante escrutinio y a la Corona en entredicho. Máxime si tenemos en cuenta otras anomalías democráticas que la acompañan desde 1975, como la inexistencia de auditorías externas o, hasta ahora, de una Ley de Transparencia, en espera de la que entrará en vigor en 2015, y en la que aún no está muy definida la presencia de la Corona.

Más bien  se diría que los últimos resultados de las elecciones europeas han disparado las alarmas entre los partidos políticos conservadores, temerosos de que la fácil (hoy) tramitación de la Ley Orgánica de abdicación se viera dificultada por una correlación de fuerzas futura muy diferente a la que existe actualmente en las Cortes. Por eso, el Partido Popular puso rápidamente la maquinaria en marcha y Rubalcaba, y con el prácticamente todo el partido Socialista, realizó el último servicio al sistema.