La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno resulta muy importante en un momento como el actual, en el que aumenta la desconfianza entre ciudadanos e instituciones. Aunque todo vaya en el mismo “paquete”, Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno aluden a tres cuestiones estrechamente relacionadas entre sí pero a su vez bien diferenciadas. Por eso la Ley 19/2013 tiene distintos hitos temporales para su entrada en vigor.

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Aunque pueda parecer mentira, a tenor de algunos acontecimientos recientes y antiguos, el Buen Gobierno (funcionamiento eficaz, eficiente y éticamente correcto), es decir, aquella parte referida a los deberes de los responsables públicos y las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento, ya está en vigor desde el pasado 10 de diciembre de 2013. Quedan pendientes las partes referidas a la transparencia y el derecho a la información que lo harán en fechas diferentes, pero en este caso no por el asunto a tratar sino por el ámbito de aplicación de la Ley. El próximo 10 de diciembre se sancionarán las obligaciones de transparencia y acceso a la información para todos los organismos estatales, mientras que los de los organismos autonómicos y locales tendrán que esperar todavía un año más.

Resultan especialmente importantes las medidas en el ámbito local, donde, además, existen grandes dificultades para diseñar políticas de comunicación institucional, una herramienta imprescindible para reducir el distanciamiento que se ha producido con la ciudadanía. Las comunidades autónomas, así como las entidades locales, podrán dorarse de una legislación propia sobre transparencia, basada en la legislación estatal. Por el momento, solo seis comunidades autónomas (Andalucía, Baleares, Extremadura, Galicia, La Rioja y Navarra) han aprobado la suya. El resto carece de ella, si bien la mayoría están en elaboración o ya en fase de tramitación parlamentaria.  Este último es el caso de Asturias.

Por eso resultó especialmente interesante la mesa redonda “Transparencia, ¿a dónde van nuestros impuestos?” que la Asociación Asturiana de Sociología, el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Asturias y el Departamento de Sociología de la Universidad de Oviedo organizaron el pasado miércoles en las instalaciones del Centro de Servicios Universitarios de Avilés. Moderada por Miguel Arenas, miembro de la Asociación Asturiana de Sociología, participaron en la misma distintos expertos sobre Transparencia, que aportaron perspectivas tan distintas como diferentes son sus perfiles profesionales.

La politóloga y exconcejala del Ayuntamiento de Carreño Melania Álvarez abrió el debate haciendo hincapié en la necesidad de mejora de la transparencia. La información es poder pero muchas veces no se sabe qué hacer con ella, y frecuentemente la transparencia no va más allá de una mera puesta en escena en las páginas web institucionales. Para Álvarez, existe una gran reticencia al cambio y la innovación, lo que provoca una huida hacia adelante. La politóloga insistió en su discurso en la importancia de la rendición de cuentas, pero esta no se producirá si no existe un liderazgo político que asuma la transparencia como el principio básico de acción política, de una nueva forma de gobernar. Existen herramientas que se pueden poner en marcha de una forma sencilla y a bajo coste (citó como ejemplo la página web de la Fundación Ciudadana Civio) pero se necesita voluntad política.

Carlos Gil de Gómez analizó la transparencia institucional en su calidad de politólogo pero, sobre todo, a partir de su experiencia en el Cuerpo Superior de Administradores del Principado de Asturias. La transparencia, comenzó, es un pilar fundamental del Estado Social de Derecho, y por eso es imprescindible conocer a dónde van a parar los impuestos que se pagan en España.  En su enumeración, reveló que se emplean fundamentalmente en protección social, sanidad, educación y administración pero, eso sí, con un gasto inferior a la media europea, mientras que el gasto es superior en orden público y seguridad y, sobre todo, en actividades culturales, deportivas y religiosas, una nueva versión de “pan y circo”, en sus palabras. Las principales críticas de Gil de Gómez se centraron a continuación en el sobredimensionamiento del aparato burocrático y su gestión ineficaz, intervencionista y paternalista, no dudando en calificarla de “despotismo blando”. Sus dardos se dirigieron después  hacia el exceso de descentralización, lo que genera muchos poderes intermedios y duplicidades, y hacia una deficiente, por improvisada política presupuestaria. Su ponencia se cerró con algunas soluciones para mejorar la transparencia y la eficiencia de las administraciones, como el cierre de “chiringuitos”, la eliminación del clientelismo, la reducción de gastos en protocolo y, sobre todo, la evaluación de políticas públicas y la participación en ella de la ciudadanía.

El Catedrático de Derecho Constitucional, Ignacio Villaverde, y uno de los expertos convocados por la Junta General del Principado para dar su opinión sobre el proyecto, inició la intervención que cerraba el acto con una auténtica declaración de intenciones, al declararse Hobbesiano y Jacobino. No obstante su discurso se alejó bastante de la visión pesimista de sus compañeros de mesa. El sistema es mejorable pero funciona razonablemente, comenzó, para exponer a continuación que quien ofrece más resistencias a la transparencia no es la parte política del sistema sino el aparato administrativo. A decir del profesor, la transparencia no es un fin, sino un objetivo para que nuestro sistema democrático sea más eficiente. “A la transparencia hay que perseguirla constantemente”, sentenció. Sin embargo, considera que no hay que mistificar la Ley que entre en vigor pues hay mucho camino por recorrer todavía. Se necesita una gran inversión económica y cultural (sobre todo del aparato burocrático), “cambiar la cabeza”, algo que llevará al menos diez años. Lo más importante de esta Ley, dijo el Catedrático, es que va a transformar la manera en la que la administración controla la información pública. No solamente porque va a mejorar  y simplificar el acceso a ella, eliminando, por ejemplo, el interés legítimo para el acceso a un expediente, sino porque va a tener que convertirla en inteligible para la ciudadanía.

A la vista de lo leído y escuchado, bien está lo que se ha hecho, pero el camino de la transparencia parece largo y tortuoso.

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