La mala organización del trabajo podría describirse como la ausencia de capacitación para gestionar personas y de la preocupación por la salud y el bienestar en el trabajo. Escribo esto a propósito de los últimos acontecimientos acaecidos en Emulsa, en donde, presuntamente,  podrían haberse producido casos de abuso de poder, acoso laboral y acoso sexual, problemas todos ellos muy serios en cualquier organización.

España ha alcanzado ya la madurez propia de los países desarrollados y posee desde hace décadas protocolos de prevención del acoso y planes de igualdad incorporados a través de la negociación colectiva a la cultura organizacional de nuestro país. Sorprende, por tanto, el caso de Emulsa, donde van ya por el tercer plan de igualdad de la empresa. Recordemos que desde 2019 es obligatorio para empresas de más de 150 empleados  y desde este año es preceptivo para todas aquellas organizaciones que empleen a más de 50 personas. Pero es que, además, existe en esta empresa municipal una comisión paritaria que trata de favorecer el principio de igualdad y, de forma general, recoge la propuesta de medidas para evitar el acoso sexual y moral en el trabajo. Y no solo es que la música suene bien, sino que se arbitran procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias y reclamaciones que se puedan formular. Las situaciones de acoso y conductas indebidas están perfectamente descritas y existe un protocolo de intervención ante ellas. Es más, Emulsa cuenta con un modelo de denuncia y se detalla quiénes son las personas a las que hay que acudir para denunciar los hechos. Se diría que los planes de igualdad son importantes (lo son y mucho) pero aún más su cumplimiento, para lo cual es fundamental el seguimiento y la evaluación. Y, seguramente, aquí es donde existen algunas fallas.

Al ser una empresa pública, concurren, además, otras circunstancias que trascienden el ámbito del trabajo, alcanzando el político, que es el que finalmente ha concitado la atención de los medios después de las informaciones iniciales, especialmente la celebración de ese consejo de administración extraordinario del pasado miércoles, en el que se cesó al director gerente de la empresa en medio de una importante disputa entre  PSOE, oposición, organizaciones sindicales y vecinales acerca de la asunción de responsabilidades y el nivel al que estas deben llegar. Podría decirse, incluso, que ambas partes tienen razón: es posible que la cadena de transmisión se interrumpiera en algunos de los eslabones iniciales, pero también lo es que lo que supuestamente es un problema recurrente no se resuelve con el señalamiento de una sola persona.

Es habitual que las organizaciones busquen chivos expiatorios para que asuman responsabilidades. Si esto sucede, suele producirse el “destronamiento” de alguna persona importante en la organización, en medio de lo que podríamos denominar “violencia sacrificial”, una inmolación con una fuerte carga simbólica, para tratar de cerrar una fase de conflicto importante e inaugura una nueva etapa de paz relativa, con el asentamiento de un nuevo liderazgo al que se presente como limpio, purificado.

En política, no obstante, la cuestión relevante es si esto es suficiente,  hasta dónde se pueden depurar responsabilidades o hasta donde la oposición solicita que llegue el sacrificio. El líder político es responsable en última instancia de todo lo que sucede en la organización , pero no parece lógico que deba estar al corriente de todas las situaciones que acontecen en ella, especialmente porque los problemas de acoso suelen ocultarse o minimizarse en los estadios inferiores y no siempre llegan a trascender a los superiores. No olvidemos que el sexual no es sino una forma específica de acoso en términos generales y, por tanto, suelen reproducirse los mismos roles: por una parte el miedo de las víctimas a denunciar, normalmente vulnerables e inmersas también en situaciones de precariedad laboral; por otra, los espectadores del acoso o los abusos, que tampoco se quieren ver salpicados por estas. Son clásicos en estos casos el miedo a ser el chivato del grupo o el efecto espectador, un fenómeno psicológico por el cual es menos probable que alguien intervenga en una situación de emergencia cuando hay más personas al tanto de la situación que cuando se está solo.

A la vista de los acontecimientos cabe preguntarse si el cese del gerente cerrará la crisis o un asunto tan turbio seguirá pasando factura y desgatando al equipo de gobierno. La respuesta parece compleja. Seguramente dependerá de la habilidad que tengan los responsables de la organización para  presentarlo posteriormente ante la opinión pública como una cuestión privada, de comportamiento de personas. En caso contrario, este acabará escalando y afectando a posiciones más importantes. Estamos muy acostumbrados a observar cómo se rentabilizan políticamente asuntos relacionados con la corrupción o el fraude  y este tipo de situaciones han buscado distintos objetivos, entre los cuales podría estar desde desprestigiar a oponentes hasta debilitar o derribar gobiernos, en lo que suele denominarse un “golpe blando”, el cual puede incluir también el intento de manipulación de redes sociales y medios de comunicación a tal fin. No son tan habituales en nuestro país, sin embargo, estos temas de índole sexual, que no están directamente relacionados con un dirigente político, pero que son socialmente muy sensibles, espinosos y, precisamente por eso, se les puede sacar un gran aprovechamiento político. En este sentido suelen ir las acusaciones de maniobras para tapar el caso, para proteger a figuras clave de las organizaciones, que bien ejecutadas pueden llegar también hasta piezas políticas más o menos relevantes en el nivel en el que se produzcan los hechos.

En todo caso, quizás cabe enmarcar estas maniobras políticas en otros fenómenos más amplios como la excesiva judicialización de la política, que ya es motivo de preocupación en la Unión Europea. Es una manera de condicionar la política de manera más rápida y económica que haciendo largas y costosas campañas electorales y se ha generalizado en España especialmente desde que los nuevos partidos decidieron poner el listón muy alto y determinar que imputación significa dimisión, una práctica que, por cierto, se ha vuelto a menudo en contra de quienes la han propugnado.  No es necesario que nadie acabe condenado. El simple ruido que se genera o que el acusado sea investigado o acabe en el banquillo, aunque finalmente sea absuelto, es suficiente para que esa persona u organización pierda crédito. Estos procesos se demoran mucho y todo ese tiempo transcurrido y la presencia en los medios o las redes sociales desgasta mucho la imagen de las personas u organizaciones implicadas. El simple mantenimiento en el tiempo es ya una estrategia y más en casos como los de acoso sexual, que, como decía antes, son muy sensibles para la opinión pública.

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