La reprobación es un procedimiento parlamentario mediante el cual se expresa una posición política después de interpelar a un ministro, al Consejo de Ministros o a otros altos cargos. Diríamos que es una forma pública de expresar el descontento de la oposición con las actuaciones o decisiones de un miembro del equipo de gobierno. La moción se presenta por parte de la oposición y, para llevarse a cabo, debe ser votada por mayoría de los miembros de la cámara.

Fotografía: ABC

Convendría aquí hacer un apunte histórico en relación al surgimiento de la reprobación, vinculándola a otros procedimientos habituales en política. En la historia del parlamentarismo una moción de reprobación de un ministro era un anuncio de la pérdida de confianza de la Cámara y normalmente provocaba la dimisión y caída del Gobierno. La inestabilidad política que llevaba implícita ocasionó que en la actual Constitución se limitara ese efecto automático a la moción de censura constructiva (artículo 114 de la Constitución Española), que es la que ocasionó la caída del Gobierno de Mariano Rajoy, por cierto, la primera  moción de censura que ha prosperado hasta ahora. La reprobación de Olmo Ron en el Ayuntamiento de Gijón se asemeja más, por tanto, a la moción de reprobación regulada en el artículo 111 de la Constitución Española, que es meramente política, sin que conlleve ningún efecto jurídico determinado como podría ser el cese automático del político de turno. Se interpela, se pregunta y esto da lugar a una moción en la que los grupos políticos manifiestan su posición. Más allá de esa amonestación política y, por extensión mediática y social, ninguna reprobación ha tenido hasta ahora consecuencias políticas graves , salvo en algún caso en el que la búsqueda de un chivo expiatorio (como hablábamos en una entrada anterior) haya servido a los intereses del gobierno o la corporación correspondiente. La reprobación no obliga a dimitir y no tiene más trascendencia que afearle la conducta al político de turno. La persona reprobada puede continuar en el cargo y, normalmente, no suele dar más explicaciones que la versión oficial políticamente construida. Podría decirse que es poco más que una pataleta política con un juicio en la plaza pública pero sin guillotina (política, entiéndase bien). En alguna ocasión oí decir que el reprobado se queda con nosotros, valga el juego de palabras.

El primer intento de reprobación en democracia y a  nivel nacional tuvo lugar en 1981, en una iniciativa del PSOE contra los responsables políticos del momento por el fraude del aceite de colza. La moción no fructificó y, desde entonces, no es una figura que se haya empleado mucho, quizás por su ineficacia. Sin embargo, desde 2007 se ha utilizado de forma recurrente (hayan triunfado o no) contra más de  una treintena de ministros  y altos cargos en el ámbito nacional. En el ámbito regional, el caso más mediático quizás fue el de la Asamblea de Madrid, con la reprobación del consejero de Sanidad y en el Ayuntamiento de esa ciudad contra la delegada del Gobierno, pero casi todos han pasado por el procedimiento como si fuera un mero trámite.

La reprobación de Olmo Ron se ha aprobado solo con los votos en contra de su grupo, el PSOE, y su socio de gobierno, Izquierda Unida, mientras que el resto de grupos votaron a favor la propuesta de Ciudadanos y Foro Asturias. Es un varapalo político bastante importante ya que en  Gijón, la oposición había intentado otras en este mandato, sin éxito. El propio Olmo Ron y Aurelio Martín salvaron su reprobación por el “cascayu”. En legislaturas anteriores sí fueron reprobados dos concejales de Foro, ambos responsables de Cultura:Carlos Rubiera, en 2013, siendo éste el primer procedimiento de este tipo que tuvo éxito en el pleno del Ayuntamiento de Gijón y Monserrat López, que lo fue seis años más tarde.

Las valoraciones a posteriori suelen ser muy diferentes. Los promotores de la reprobación le otorgan una gran importancia, con la constatación de que la única salida digna sería la dimisión o cese del afectado, como no podía ser menos, mientras que los reprobados le restan importancia, cuando no la califican de ridícula, de pérdida de tiempo, de rabieta o de mera estrategia electoralista. Para la ciudadanía todo lo que no tiene efectos prácticos, sin embargo, suele ser visto como parte de ese juego político en el que se malgastan energías, tiempo y dinero, al nivel de las comisiones de investigación. Los propios partidos políticos que las sufren las desacreditan con términos similares, lo que acrecienta la sensación de improductividad entre los ciudadanos.

Fotografía: El Comercio

Ahora bien, que no tenga efectos prácticos, sino solamente un valor político, no significa que no sea importante. Entender otra cosa sería minusvalorar las reglas del juego democrático. La reprobación deja al protagonista en una situación muy comprometida, de mucha debilidad, como consecuencia de esa reprimenda pública a la que le somete el órgano supremo de la soberanía nacional, regional o local. Le recordarán constantemente su situación y al grupo que le mantiene por inacción, lo que ocasiona un gran desgaste Pero, al margen de esto, tiene una significación política todavía más profunda: desde el punto de vista de la ética política aconsejaría una dimisión inmediata, máxime si además prospera como consecuencia de una reprobación unánime, o casi.

Para la alcaldesa de Gijón la situación es compleja, ya que se encuentra en una encrucijada, especialmente en este último tramo de la legislatura que se le ha puesto muy cuesta arriba al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Gijón. En nuestro sistema político quien otorga la confianza a un concejal para que lo sea (o para que lo siga siendo) no es el Pleno del Ayuntamiento, que no puede nombrar ni cesar concejales. Quien se la da es la persona responsable de la corporación, la alcaldesa, en este caso, que es precisamente ante quien responde. Por eso no parece prudente que las reprobaciones sean infructuosas. Una desautorización mayoritaria debería tener consecuencias  y, si el interesado no dimite, parece razonable que le aparte quien le ha nombrado, por el propio bien del equipo de gobierno. Pero es difícil como decía, ya que, por una parte, puede ser interpretado por la sociedad, efectivamente, como un ejercicio de rectitud política y transparencia, lo cual evitaría males mayores futuros a su partido o incluso podría otorgarle réditos electorales. Sin embargo, una gestión hábil por parte de la oposición podría darle la    vuelta a la situación y presentarla como sinónimo de mala gestión e incluso de debilidad en el equipo de gobierno, un sacrifico desesperado para salvar una situación insostenible y podrían pedir que rueden otras cabezas con la del reprobado.

Desde el propio equipo de gobierno ya se dio por cerrada la crisis apelando a los cambios prometidos por el propio Olmo Ron en la organización del trabajo y la gestión de los recursos humanos y, sobre todo, porque consideran que en sede judicial se depurarán otras responsabilidades que se apresuraron a definir como de índole exclusivamente personal. Ahora, con el cese del gerente y la reprobación del concejal seguramente se cierre por el momento la petición de más destituciones, pero la cuestión ya desborda el caso Emulsa. Lamentablemente, parece que se ha olvidado el trasfondo del asunto, con supuestos casos de acoso laboral y sexual en el que habría personas que habrían sufrido situaciones muy desagradables y todo forma ya parte de la lógica de la acción política de la oposición ante ese rival que muestra muchos signos de debilidad. Se intentó una reprobación anterior (en realidad, dos a la vez) que no salió adelante y ahora que han conseguido que esta triunfara podrían ir a por más. Creo que la visión es que el adversario está grogui, con un concejal reprobado y la alcaldesa Ana González desautorizada y amortizada por su propio partido. Así que es muy posible que la oposición siga perseverando, al acecho, esperando una nueva oportunidad de conseguir una nueva pieza, a ser posible caza mayor. Esto a la puertas de unas elecciones sí sería todo un éxito.

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