Suele decirse que los partidos en el gobierno central favorecen en las CCAA o en los gobiernos locales a los de su mismo signo, pero vemos cómo la realidad nos indica que, en muchas ocasiones, no es así. Y deberíamos preguntarnos si debe ser así, que esta es otra cuestión bien relevante, porque al político debe exigírsele imparcialidad en la toma de decisiones, la búsqueda del bien común y nos enfada si esto no ocurre, pero solo cuando creemos que nos perjudica, claro, cuando la decisión afecta negativamente a nuestra comunidad, a nuestra ciudad.

Tenemos ejemplos muy recientes en la designación de las sedes de la Agencia Espacial Española o de la Agencia Española de Inteligencia Artificial. Desde las ciudades que no fueron elegidas la ciudadanía, o los propios medios de comunicación alimentaron la idea del favoritismo (las de color político diferente) o de la traición y la deslealtad (las del mismo signo) y algunos regidores de partidos locales también mostraron su disconformidad y su disgusto, aunque fuera de forma velada en los del mismo color. E incluso se ha llegado a solicitar la suspensión cautelar de la concesión y se ha acordado la interposición de recursos. En todo caso, cualquiera que hubiera sido la decisión habría producido los mismos resultados, dado que todas las ciudades contaban con argumentos y méritos suficientes.

Lo cierto es que toda decisión política de calado está rodeada de polémica y más si entran en colisión los derechos de varios aspirantes, así que l primera pregunta que debemos hacernos es cómo exigir a tu propio partido sin que parezca que se pliegan a las exigencias o, en caso contrario, sin que el fuego amigo produzca una crisis en la organización. Para responder a esto, sería importante poner en contexto, muy brevemente, el marco legal y político.

La Ley de Bases del Régimen Local se ocupa de las Relaciones interadministrativas Entre el Estado y las administraciones autonómicas y locales y dice que debe primar una relación de positiva colaboración, que tenga en cuenta el interés general y evite conflictos. Y el Tribunal Constitucional habla del deber de auxilio recíproco de colaboración entre las Administraciones para evitar disfuncionalidades, lo que se llama el deber de auxilio recíproco,

Digamos que este es el estado ideal de las cosas, pero, a partir de ahí, la dinámica nacional influye directamente en los procesos de la acción política local. La política nacional marca la agenda y se necesita cierta sintonía con el poder regional/provincial/estatal. Y aquí es donde debemos retomar la pregunta de si importa o influye que el partido sea del mismo color

En el ámbito autonómico los resultados de las investigaciones, desde Aja (2003) hasta el más reciente de Martínez Cantó (2020) confirman que la congruencia política entre los partidos del Gobierno central y los autonómicos tienden a facilitar las negociaciones y, también que los acuerdos suelen utilizarse ante la proximidad de elecciones. De lo que no existe evidencia empírica, sin embargo, es de que las comunidades autónomas gobernadas por un partido coincidente o que apoya al Gobierno central reciban competencias o equipamientos más rápidamente.

La organización territorial del Estado Español es semi-federal, lo que implica que las regiones tienen un alto grado de autogobierno, esto no se traduce en un gran peso en los órganos centrales. Y a nivel local, menor aún. En este sentido, es importante el peso del partido. Si es un partido estatal el que está en el gobierno de una autonomía, la influencia se ejerce a través del propio partido, sobre todo cuando hay congruencia con el gobierno central (como es el caso de Gijón), mientras que aumentan los traspasos cuando un partido autonómico tiene un mayor poder de negociación.

Otro de los mantras habituales es que se trata de un mero paripé político. Yo diría que no, o, al menos, no completamente, porque el interés real de los partidos en cumplir sus propias promesas existe, pero es cierto que hay que vestirlo todo bien para poder venderlo de manera adecuada a la ciudadanía, para que no se sienta defraudada si el resultado no es el esperado. Volvamos a otros ejemplos cercanos: el vial de Jove o el Colegio de Nuevo Roces, son muy importantes para Gijón. El primero es una reivindicación antigua, de más de dos décadas, y clave para la ordenación urbana de la ciudad y también en términos de sostenibilidad, al eliminar el importante volumen de tráfico pesado de la zona oeste de la ciudad. Por cierto, algo muy relevante para el actual equipo de gobierno municipal, cuyas iniciativas y también las principales colisiones públicas fundamentales lo han sido por acciones medioambientales. En cuanto al Colegio de Nuevo Roces, es una necesidad perentoria ya para un barrio que ha crecido mucho y tiene una importante cifra de escolares, ya no solo de infantil y primaria sino ahora ya de secundaria, dado que los años también pasan y los escolares crecen. ¿Quién puede no considerar estos equipamientos e infraestructuras necesarios? No solo a nivel municipal sino autonómico y nacional, esto se da por descontado, pero ¿cuántas peticiones similares hay? Y de otra forma, ¿se puede decir que hay colegios para otras ciudades y para Gijón no? ¿Qué no se puede completar un vial comprometido hace décadas? Los políticos locales saben que no, máxime cuando consideran justas y necesarias estas obras. Pero la política es muy compleja y entran en juego los intereses propios y los de los partidos.

Así que tenemos que ir más al detalle de la pugna entre los intereses propios y los del partido y pensar que las decisiones políticas están (al menos) mediatizadas por tres cuestiones:

1. Los recursos económicos con los que cuenta el gobierno central, siempre escasos en relación a las peticiones.
2. La importancia estratégica para el país/comunidad/ciudad, en función de su utilidad pública.
3. El cálculo electoral y la repercusión de la decisión. Y aquí se añaden a su vez otros factores, como la importancia de la ciudad/CCAA. En el ejemplo anterior de las Agencias, Andalucía y Asturias son dos comunidades tradicionalmente gobernadas por el PSOE, pero en términos demográficos y, por tanto, electorales, no son comparables. Lo mismo si hablamos de Gijón frente a Sevilla. En el caso de Coruña, se trata de una ciudad demográficamente similar a  Gijón y donde también ha habido muchos años de equipo de gobierno socialista desde la transición, incluido el del carismático Paco Vázquez y, actualmente, cuenta también con una regidora del PSOE. Así que habría que ir al “desempate”, donde resulta trascendente que haya partidos distintos de los grandes nacionales capaces de influir en la política del país. No hace falta recordar que los nacionalismos periféricos, especialmente Cataluña y el País Vasco han decidido el color de no pocos gobiernos en las últimas décadas.

Y, en última instancia, tendríamos que  recurrir a “la jaula de hierro de la oligarquía” de Michels, de la que ya hablamos aquí en otras entradas, es decir la importancia que han ido adquiriendo las organizaciones políticas y la disciplina de los partidos: invisible la mayor parte de las veces para la ciudadanía, y que solo se menciona en casos muy sonados, pero que existe y forma parte de la política real.

Esto resulta curioso si lo vemos con perspectiva histórica, porque los partidos políticos inicialmente tenían poco poder de coacción sobre sus miembros y no estaba en los cálculos de los primeros liberales que las democracias se estructuraran en torno a la lucha partidista. Sin embargo, esto ha cambiado mucho hoy en día con la generalización de la disciplina de partido (algo de lo que también nos hemos ocupado aquí), que se ha convertido en un fundamento oculto, no explícito formalmente.

En el caso español la disciplina de partido ha sido una de las claves que han servido para dar estabilidad a la nueva democracia (otro clásico en este blog) y  se ha convertido en un rasgo peculiar, ya que los partidos en nuestro país son básicamente estructuras parlamentarias. La “parlamentarización de los partidos” supone en la realidad, en primer lugar, que un grupo de líderes toma el control de la organización e impone una fuerte disciplina, a pesar de que el artículo 79.3 de la Constitución insiste en que los diputados tienen libertad de voto y que los partidos no pueden imponerles una disciplina para sus apoyos, votos en contra o abstenciones. Sin embargo, los partidos tienen su propia normativa sobre la disciplina interna.

La siguiente pregunta que cabría formular es si cambiaría el panorama en caso de que en España y en Asturias gobernara, digamos, el Partido Popular: no lo creo. Recurriendo de nuevo a Michels, no importan los ideales democráticos con los que nazca un partido. Todos, sin excepciones, acaban incumpliendo sus principios e imponiendo una estructura jerárquica en su organización: a “ley de hierro” de la oligarquía.

No solamente el PSOE en los estatutos emanados de su 40 Congreso indica que “las personas miembros del Grupo Parlamentario Federal están sujetas a la unidad de actuación y disciplina de voto”, aunque la Constitución diga que el voto es personal e intransferible, sino que que todos los partidos incluyen de alguna forma la disciplina de voto en sus estatutos. Veamos qué dicen los partidos de ámbito nacional representados en el Parlamento español. El Partido Popular califica en sus estatutos como una infracción muy grave “la desobediencia a las instrucciones o directrices que emanen de los órganos de gobierno y representación del Partido”. Vox se refiere a la “desobediencia grave a las directrices emanadas de los órganos de gobierno del partido”. Podemos alude explícitamente a la disciplina de partido, considerando la “desobediencia a las instrucciones o directrices que emanen de los órganos de dirección y representación del partido” como una infracción muy grave. Y Ciudadanos incluye en sus estatutos que “los grupos institucionales se regirán por los principios de unidad de acción y disciplina de voto” y su incumplimiento supone una infracción muy grave.

Los partidos son oligárquicos, como hemos dicho. Todos. Si a esto se le suma que el jefe de gobierno suele coincidir con el líder del partido, podemos concluir que el vínculo partidista permite que las políticas, se planteen en torno a unas personas, a unos intereses, a unas lealtades de grupo.

Entonces, ¿como se justifica que “tu propio partido no te haga caso”? Pues se justifica mal, o, mejor dicho, no se justifica. El partido nunca es responsable, sino que, por el contrario, está volcado con nuestros intereses y si no se puede hacer algo la culpa nunca es suya. Normalmente es del principal rival político, si es que ha gobernado antes, de su herencia, que dejó maltrechas las arcas o desvió sus intereses hacia otras cuestiones menos perentorias, o de la oposición, que obstaculiza la consecución de los objetivos. Y si no, de causas completamente imprevisibles y ajenas a su intención, ya lo estamos viendo. En estos tiempos tan convulsos que vivimos las excusas abundan: las consecuencias de la pandemia, la guerra, la crisis energética, todo vale para justificar retrasos e incumplimientos. Y no solo en la política, por cierto, en la administración, en los retrasos en la entrega de obra civil…

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