La construcción del Vial de Jove en Gijón ha puesto de manifiesto la compleja relación entre administraciones cuando hay intereses, prioridades y partidos políticos distintos en juego. En teoría, lo ideal sería que los diferentes niveles de gobierno (local, regional y estatal) trabajaran de forma coordinada, compartiendo información, recursos y responsabilidades. Sin embargo, la realidad suele ser más áspera: los desencuentros son frecuentes y, en un clima de polarización política, casi inevitables.
En este caso, las posturas son divergentes pese a que todas las partes dicen estar preocupadas por la solución. El Gobierno central, liderado por el PSOE, cambió su propuesta inicial de construir un túnel de dos kilómetros por un vial en superficie, alegando razones ambientales y de seguridad. El Principado, también gobernado por el PSOE, reaccionó en contra, con un presidente, Adrián Barbón, que ha negado conocer la decisión con antelación y que ha optado por matizar su discurso con el paso de los días. En el plano local, el Ayuntamiento de Gijón, con Foro y PP al frente, aprobó por unanimidad una declaración institucional exigiendo una solución definitiva y urgente. La alcaldesa, Carmen Moriyón, incluso remitió una carta a Pedro Sánchez expresando su frustración por la falta de compromiso en un proyecto que considera clave para la zona oeste de la ciudad.

Foto: José Manuel Pardo (El Comercio)

El Vial de Jove es un proyecto que acumula décadas de retrasos y cambios: del Plan General de Ordenación de 1986 a convenios, rediseños y licitaciones que nunca han acabado de materializarse. El reciente cambio de planteamiento ha llegado en un momento especialmente delicado para Gijón, tras otras noticias negativas en materia de infraestructuras, como los retrasos del AVE o la paralización del nudo de Serín. La concatenación de estos episodios ha sido aprovechada por la oposición, que ha acusado al Gobierno regional y al central de opacidad y falta de gestión.
La estrategia política también ha evolucionado. La indignación inicial ha dado paso a un tono más conciliador, buscando alternativas como el vial de Aboño o una posible solución en trinchera. No obstante, el compromiso de incluir a los vecinos en una mesa de trabajo específica para el proyecto sigue sin plasmarse formalmente, limitándose a promesas verbales. Todo ello se enmarca en un pulso político donde cada actor busca capitalizar el descontento ciudadano y evitar el desgaste propio.

Costes, razones técnicas y relato público

El Ministerio de Transportes justifica el cambio por razones técnicas y ambientales: riesgos para viviendas y una residencia de ancianos, tráfico especial que seguiría atravesando la ciudad, y un coste del soterramiento que alcanzaba los 286 millones de euros frente a los 70 millones de la opción en superficie. La diferencia presupuestaria, aseguran, se destinará a otras infraestructuras en Gijón consensuadas con el Ayuntamiento. El ministro Óscar Puente defiende que anunciar que algo no se puede hacer es un ejercicio de honestidad, y Barbón ha respaldado esta visión, calificando de “valiente” la decisión y subrayando que es preferible reconocer ahora las limitaciones antes de paralizar unas obras inviables en pleno desarrollo.
Sin embargo, más allá de la argumentación técnica, en política pesan también los relatos y las percepciones. El cambio de postura ha alimentado la sensación de agravio en una zona clave electoralmente para el PSOE, y ha reforzado el discurso de quienes ven en este episodio un ejemplo de promesas incumplidas y de gestión errática. Entre la ingeniería, la economía y la estrategia política, el Vial de Jove sigue siendo, por ahora, una obra pendiente y una prueba de fuego para las relaciones entre administraciones.

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