El caso del Vial de Jove en Gijón refleja de forma nítida cómo se despliegan las dinámicas de poder cuando confluyen distintos niveles de administración. Las tensiones entre el ministerio, el ayuntamiento y el gobierno autonómico revelan un escenario donde el control de recursos y competencias legales confiere al actor más fuerte capacidad para imponer su criterio. La alcaldesa de Gijón ha señalado la “superioridad” del ministerio, apuntando a una dinámica de imposición que, aunque habitual, no siempre es bien recibida. Cuando una administración actúa de forma unilateral, sin integrar las perspectivas de las demás, se arriesga a deteriorar las relaciones institucionales, generar desconfianza y proyectar ante la ciudadanía una imagen de arrogancia o falta de sensibilidad hacia las necesidades locales. Estas percepciones no solo complican la cooperación futura, sino que también condicionan la legitimidad de las decisiones adoptadas.
Foto: Europa Press
En política, recurrir al argumento de “porque yo mando” puede ser eficaz a corto plazo, pero supone un riesgo para la legitimidad a largo plazo. Las decisiones tomadas mediante diálogo y participación ciudadana suelen ser más estables, aceptadas y éticamente legitimadas. Sin embargo, el caso del Vial de Jove también ilustra otro aspecto clave: el timing. Tanto el ayuntamiento como el gobierno del Principado y el ministerio parecen estar midiendo los tiempos, como en una partida de póker, esperando que el otro asuma la iniciativa y el coste político. Esta estrategia puede servir para evitar el desgaste o para adaptarse a los movimientos del contrario, pero también implica riesgos si la inacción permite que el adversario defina el debate. Identificar la “ventana de oportunidad” es crucial: actuar demasiado pronto expone a críticas y hacerlo tarde puede dejar la agenda en manos ajenas. En este contexto, apelar al consenso y a la escucha de los vecinos se convierte en un recurso político que proyecta apertura y transparencia, aunque en la práctica sirva también para ganar tiempo o suavizar decisiones ya tomadas.
La controversia en torno al Vial de Jove ofrece a cada actor político oportunidades y riesgos. El gobierno municipal (Foro y PP) puede reforzar su perfil como defensor de los intereses locales frente al ministerio, presentándose como garante de la autonomía municipal y de la voluntad ciudadana. La oposición, por su parte, aprovecha para denunciar la falta de liderazgo y acción, proyectándose como una alternativa más proactiva y dispuesta a colaborar con el gobierno autonómico. El PSOE local enfrenta un reto particular: el cambio de postura del gobierno central ha generado malestar, especialmente en la zona oeste de la ciudad (el distrito 5), donde concentra buena parte de su apoyo electoral. Aunque la percepción de incumplimiento puede erosionar su base de votantes, el horizonte de las elecciones municipales de 2027 les otorga margen para corregir el rumbo. Si logran impulsar medidas que respondan a las demandas vecinales y construir una narrativa de compromiso y gestión eficaz, podrían mitigar el desgaste actual y recuperar la confianza perdida.
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