La confianza política no es una magnitud cuantificable, pero puede analizarse desde tres dimensiones. La confianza institucional remite al respaldo que una persona tiene dentro de su partido, y se basa en la lealtad, la coherencia ideológica y la capacidad de gestión. La confianza electoral o social es la que le otorgan los ciudadanos mediante el voto o la opinión pública, y no siempre coincide con la anterior. Por último, la confianza estratégica alude a la utilidad política de mantener a alguien en su puesto según el momento, ya sea para renovar equipos o enviar mensajes específicos.
Un cese puede responder al desgaste en cualquiera de estas dimensiones. En el caso de Pablo de Soto, su salida puede relacionarse con una percepción de escasos resultados al frente de LABoral, pero también con dinámicas internas del gobierno. No parece tratarse solo de su desempeño: LABoral ha tenido cinco directores desde 2007, lo que apunta a una inestabilidad estructural más que a una deficiencia individual.
Los gobiernos no siempre cesan a alguien por una mala gestión, sino por la necesidad de mostrar un cambio de rumbo. En este caso, es posible que el Ejecutivo haya querido relanzar la relevancia e impacto cultural de LABoral. Además, los nombramientos en organismos públicos dependen del respaldo de personas clave: si quien propuso a De Soto ha perdido peso o se ha redefinido la estrategia cultural, su continuidad se vuelve inviable.
LABoral, además, tiene alta visibilidad en un ámbito políticamente sensible como la cultura. Y las políticas culturales no son neutras: cada gobierno imprime su modelo de gestión artística. Si el proyecto impulsado por De Soto no encajaba en la nueva visión, su salida puede entenderse como un intento por redefinir el papel institucional de LABoral.
En cambio, el traslado de Nieves Roqueñí al Puerto del Musel refleja un ajuste de confianza, más que una pérdida total de respaldo. La salida de Laureano Lourido, por su parte, parece deberse a una “pérdida de confianza política”, más que técnica. Pese a las polémicas de su gestión, el relevo forma parte de una reconfiguración del poder portuario, lo que indica que había dejado de contar con el apoyo del gobierno autonómico.
Estos movimientos responden a la voluntad de reforzar el control político sobre organismos estratégicos como los puertos, con fuerte peso económico y conexiones con el sector empresarial. El relevo de Lourido y el nombramiento de Roqueñí apuntan a un reposicionamiento deliberado de liderazgos en el Puerto del Musel, en el marco político del Principado.
No todo es cuestión de siglas. La afinidad partidista influye en nombramientos y ceses, pero no es el único factor. También cuentan la gestión y los resultados: compartir ideología con el gobierno no garantiza la permanencia si hay un mal desempeño o se generan controversias. A veces, los cambios obedecen también a acuerdos internos o reajustes de poder, incluso dentro del mismo partido.
Asimismo, la presión externa de medios, ciudadanía o grupos de interés) puede acelerar ceses o nombramientos para mejorar la imagen pública o desactivar tensiones. El caso de LABoral es ilustrativo: años de problemas de dirección apuntan a una crisis estructural más que a un simple giro político.
Generar y perder confianza política
La confianza institucional se construye a través de una gestión eficaz, el cumplimiento de objetivos y la coherencia con la estrategia del partido. La lealtad interna, la capacidad para evitar conflictos y una buena imagen pública, sin escándalos ni polémicas, refuerzan esa confianza.
También ayuda tejer alianzas estratégicas dentro del aparato político, que permiten sostenerse en momentos difíciles. Por el contrario, la confianza se debilita por resultados decepcionantes, conflictos internos o un desajuste con los nuevos objetivos del partido o del gobierno, incluso aunque no haya errores de gestión.
Otro riesgo relevante son las crisis mediáticas. Un cargo puede cumplir técnicamente con sus funciones, pero si acumula polémicas, su continuidad se vuelve insostenible. A veces, la pérdida de confianza se produce simplemente porque ya no encaja en la estrategia general y hay que reposicionar liderazgos.
Es frecuente que alguien conserve la confianza institucional aunque no tenga respaldo social. Algunas figuras son clave para la estabilidad interna, aunque su imagen pública esté deteriorada. Esto es habitual en periodos electorales, donde los partidos priorizan la cohesión antes que el consenso ciudadano. Se mantienen perfiles útiles estratégicamente, aunque impopulares.
El caso de Nieves Roqueñí, nombrada presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, lo ejemplifica bien. Su traslado desde la Consejería puede entenderse como una forma de preservar su confianza interna, reduciendo su exposición pública. Aunque contaba con el respaldo expreso del presidente Barbón, su perfil generaba críticas como figura polarizadora.
El movimiento es políticamente interesante y puede leerse en dos claves: interna, para renovar el equipo sin excluirla por completo; y estratégica, situándola en un puesto relevante pero menos visible.
“Ayudar” a la ciudadanía a compartir confianza o desconfianza
La confianza política no se da por sentada: se construye con narrativa y estrategia comunicativa. La ciudadanía interioriza sus percepciones a partir de relatos coherentes que dotan de credibilidad a decisiones y liderazgos. Medios y redes sociales cumplen un papel clave al destacar logros o señalar fallos, con el objetivo de cimentar o erosionar una figura pública.
Una línea discursiva clara, que explique por qué un nombramiento o cese es positivo, contribuye a moldear la opinión pública. Respaldar ese relato con datos objetivos sobre resultados o fracasos lo hace más creíble.
La repetición de mensajes consistentes refuerza la percepción de competencia o incompetencia. Si se quiere justificar un cese, insistir en los problemas de gestión ayuda a construir una narrativa de responsabilidad. Si se quiere legitimar un nombramiento, destacar méritos y presentar el cambio como necesario genera aceptación desde el principio.
En definitiva, una narrativa política eficaz no solo informa, sino que condiciona el marco emocional y cognitivo con el que la sociedad evalúa a sus representantes.