Somos un país de contrastes, así que no resulta difícil encontrarnos con que mientras una parte de la sociedad afronta los problemas derivados de la pobreza energética, empresas de distintos sectores e instituciones se encuentran enzarzadas en una, digamos, batalla por la  riqueza energética. La crisis desatada por la subasta de interrumpibilidad así lo demuestra. Industrias intensivas en consumo energético del sector siderúrgico y del metal como Alcoa (y ahora parece que también Arcelor) amenazan con despidos, cierres de planta y/o desinversiones si no se ven favorecidas por las disposiciones gubernamentales (léase subastas en condiciones ventajosas) en materia energética. Tanto que empresas competidoras por esos recursos comienzan a amenazar con los tribunales.

La cuestión no es nueva. Todas las excusas son buenas para aligerar plantillas o trasladar la producción a otros lugares y las multinacionales norteamericanas son especialistas en este tipo de argucias. Suelen argumentar que no entienden los límites al libre mercado y, por tanto,  no les gustan las regulaciones. Su credo es que el mercado actúe… pero generalmente solo si el resultado es de su agrado. En el caso que nos ocupa, la regulación gubernamental les era favorable hasta ahora, puesto que las ventajas que ofrecía desconectarse de la red  en momentos de máxima demanda eran cuantiosas, máxime cuando ni siquiera han tenido que desenchufarse durante años. Tanto, que en la Unión Europea se mantiene la sospecha de que nos encontramos ante subvenciones encubiertas. El sistema mejoraba la cuenta de resultados de grandes empresas consumidoras de electricidad pero las nuevas subastas impuestas por el Gobierno para evitar las acusaciones de ayudas de Estado a determinados sectores ya no resultan tan favorable. No me voy a detener en el funcionamiento de estas pujas (aquí se explica) pero resumiendo, podría decirse que, de forma paradójica, cuando se ha dejado actuar al mercado es cuando han llegado los problemas. Parece que, una vez más, la concepción del libre mercado que tienen algunas empresas es, cuando menos, peculiar.

Principalmente, porque en estas procelosas aguas se mueven tiburones de, al menos, el mismo tamaño que las empresas siderúrgicas, químicas o cementeras, que se han encontrado con el lobby que forman las eléctricas, un hueso, sin duda, duro de roer. Y más si, como parece, los intermediarios de estas subastas son entidades que tienen como bandera el lucro y una indisimulada falta de escrúpulos. Hasta ahora las dentelladas de los escualos las sufríamos fundamentalmente los consumidores individuales, a través de peajes varios, costes de distribución, y un nunca bien explicado déficit tarifario. Tampoco voy a describir este complejo sistema que, como vemos, podemos encontrar con todo lujo de detalles en la red. Los problemas para entender los recibos o, lo que es peor, los problemas derivados de lo que se ha dado en llamar pobreza energética, no han supuesto nunca un serio quebradero de cabeza para los gobiernos de turno. Salvo el tarifazo que pretendieron aplicarnos en diciembre del año pasado y que resultaba tan escandaloso que no hubo más remedio que intervenir. Pero aquello no fue sino el preludio de lo que estaba por venir y ya está aquí. Ahora, el Ministerio de Industria sí tiene un serio dilema que afrontar: puede aceptar el chantaje de los grandes consumidores de energía, volver a regular y rebajar los precios de la energía, o bien asumir un mayor coste en las futuras subastas. Ambas soluciones repercutirán de una u otra forma sobre los consumidores. La alternativa no es mejor, dejar las cosas como están podría suponer enfrentarse a despidos masivos y/o ausencia de nuevas inversiones en territorios como Asturias, afectados seriamente por el declive industrial y, por tanto, donde se hace necesaria la continuidad de empresas como Alcoa o Arcelor para evitar un alto coste social.

La decisión no es fácil cuando te encuentras en medio de un choque de trenes, pero no es nada que no hayan provocado los responsables de Industria (éstos y otros anteriores) y me atrevería a decir que hasta los próximos, con sus políticas. O también con su falta de decisión. Porque se sigue  echando de menos una política industrial incluso en los programas electorales de las nuevas formaciones, por no hablar del modelo económico que queremos para España, una vez muerta y enterrada la posibilidad de una apuesta decidida por la economía del conocimiento y la innovación.

La corrupción, los desahucios, el (im)pago o la refinanciación de la deuda, el techo de déficit o la cuestión territorial no cabe duda de que son asuntos muy importantes, pero descuidar una vez más la política industrial tendrá consecuencias nefastas para la economía del país, ya lo hemos visto, por más que se nos insista en que influir en los mercados globales es una tarea que no está al alcance de los gobiernos locales. Y otro tanto podemos decir de la inacción. Parece poco razonable que las empresas se enfrenten a un precio de la energía impredecible y sujeto a los caprichos de un mercado en el que  productores y comercializadores son los mismos.

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Ahora que el mantra de la transparencia lo domina todo, no estaría de más, tampoco, que se hiciera un esfuerzo por explicar mejor el funcionamiento de estas subastas (también las que afectan a los particulares), de qué se compone el precio de la energía o en concepto de qué debemos esas astronómicas cantidades a las  eléctricas, ya que no está claro que sus costes de producción estén por encima del precio de mercado.  Tal vez así podamos responder a dos cuestiones capitales:  por qué cuesta tanto generar la electricidad y por qué algunas empresas continúan sin ser eficientes en ausencia de subvenciones.