No es fácil responder a esta pregunta, y no siempre está al alcance de la ciudadanía, pero es cuantificable y hay investigadores que trabajan al respecto. De hecho, la opinión general, fruto de la desinformación interesada (incluso de otros partidos políticos) está un poco distorsionada, porque los partidos cumplen sus promesas electorales mucho más de lo que parece cuando están en el poder, aunque nos pueda sorprender. Y los datos son bastante claros al respecto. En España, por ejemplo, Joaquín Artés analizó las promesas económicas de PSOE y PP en el periodo de 1989 a 2008. En la legislatura de 1989 el PSOE cumplió el 73% de sus promesas económicas y en 1993, cuando no tenía mayoría, hasta seis puntos porcentuales más. Por su parte, el PP cumplió el 68% durante la primera legislatura Aznar y el 74% en la segunda.

No obstante, en la reciente historia democrática española existen incumplimientos flagrantes y esto es un lastre muy importante para la clase política y que contribuye mucho a la desafección. También porque la sensación general (y quizás esta con más razón) es que el incumplimiento de las promesas electorales apenas acarrea castigo alguno, ni en términos electorales ni en ningún otro, y que no existe posibilidad real de reclamación o queja. Otra cuestión a debatir es si son iguales todos los incumplimientos y aquí entrarían en juego cuestiones subjetivas como la ideología, las prioridades o la intensidad de nuestras preferencias. Y una tercera, que lo condiciona todo, es que quienes tienen pocas expectativas de poder gobernar pueden hacer cualquier tipo de promesa, porque les sale prácticamente gratis, mientras que quienes tienen opciones reales, suelen ser más prudentes porque saben que en algún momento tendrán que rendir cuentas. También existen diferencias entre quienes ya han gobernado y conocen las limitaciones que impone la real politik y quienes no lo han hecho y aspiran a hacerlo por primera vez, a los que les pesa la “ingenuidad” de pensar que se puede “asaltar el cielo”. Tenemos ejemplos muy claros en la política local, regional, nacional e internacional.

En todo caso, los incumplimientos de promesas electorales suelen disculparse una vez llegados al poder. Los gobiernos argumentan, generalmente, que tienen más información que los ciudadanos, que la política es imprevisible (en gran medida lo es) y que tienen que adaptarse constantemente a las circunstancias, por eso su mirada es de más largo plazo y nos piden paciencia. Hoy no cumplen su programa, pero en cuanto puedan, lo harán. Y en muchas formaciones, para no pillarse los dedos, abundan las promesas difícilmente o no cuantificables: “subir/bajar impuestos” o “hacer sostenible el sistema”, por ejemplo.

Foto: El Comercio

¿Existe el derecho a exigir por parte de la ciudadanía el cumplimiento de las promesas?

Un programa electoral debería poder equipararse a un contrato firmado entre partes. En en este caso, las partes contratantes serían el partido político y las personas que los respaldan con su voto, lo que implica la responsabilidad de cumplir los puntos establecidos. Aquí, paradójicamente, es donde comienza el problema. A nivel particular muchas personas ni siquiera leen los contratos que firman, y lo mismo ocurre con los programas electorales, aunque esto no las exime después de quejarse de la calidad de nuestra democracia. Aunque esto no es culpa exclusiva de los electores, porque los programas electorales suelen ser demasiado extensos y farragosos. Y esto es un fenómeno bastante reciente, porque el tamaño promedio de los programas electorales se ha multiplicado por cinco en prácticamente todos los países democráticos.

Aun así, existen en la práctica antecedentes sobre el derecho a exigir el cumplimiento de las “promesas electorales”, otra cosa es el resultado. En 2008 se presentó una demanda contra el PSOE por incumplimiento de su programa de 2004, aunque fue desestimada por los tribunales. La Audiencia Provincial de Madrid estableció en 2012 en un auto que no se puede demandar a los partidos políticos por el incumplimiento de su programa electoral, ya que las promesas que se hacen en campaña no constituyen un contrato que obligue a las partes. La sentencia asegura que el cumplimiento de los programas electorales escapa al control jurisdiccional y que, incluso, podría suponer un caso grave de politización de la Justicia, vulnerando el principio de separación de poderes. En fechas mucho más recientes, Vox ha propuesto que el incumplimiento del programa sea delito, pero lo hizo en la prensa y no en su programa electoral. Las razones parecen obvias.

¿Qué ocurre en otros países?

En toda Europa no existe norma alguna que permita a la ciudadanía exigir a los candidatos el cumplimiento de sus promesas electorales, si bien recientemente se han planteado algunas soluciones. Por ejemplo,  en el Reino Unido se han abierto variaas plataformas ‘online’ que miden el grado de cumplimiento de las promesas los programas electorales (desde el nivel local hasta el nacional) y en los Países Bajos las promesas electorales tienen que ir acompañadas de una memoria de ingresos y gastos,  las cifras auditadas por un organismo similar a la AIReF española. Si no es así, los partidos no pueden publicarlos. En otras latitudes han proliferado plataformas en internet gracias a emprendedores, como Tracking politicians’ promises en EEUU o a proyectos ciudadanos, como Del Dicho al Hecho, en Chile.

En España, también se han creado recientemente algunas plataformas como Fundación Compromiso y Transparencia (hoy Haz Fundación), que analizan lo que hacen estas organizaciones (de manera voluntaria y sin ningún tipo de obligatoriedad) para rendir cuentas. Volvamos a los datos. Entre 2011 y 2017, según Beatriz Martínez,  los partidos políticos cumplieron sus medidas y políticas en porcentajes muy altos, superiores al 83% en todos los casos salvo en 2015 (77%, que no está mal). Sin embargo, incumplen mayoritariamente la cuantificación económica de sus propuestas (solo un 4%) y gracias a que Unidas Podemos lo hace. En general, como vemos, los partidos puntúan bien en medidas y políticas y suelen incumplir la cuantificación económica.

A la ciudadanía le queda, por fin, la oportunidad de sancionar a los candidatos y partidos a través de la no renovación de su voto, cuando estos los defraudan en el cumplimiento de sus compromisos electorales. Así que, tenemos que hacer también un poco de auto crítica y seguramente debemos ser mucho más exigentes en la elección de quienes nos representarán, porque la ciudadanía tiene su propia  responsabilidad para con los políticos que mienten. No pedir cuentas, o señalar solo a los partidos a los que no votamos, nos define como sociedad. Así que, a veces, la clase política tiene buenas razones para no hacer caso de la voluntad popular porque nosotros mismos nos hacemos “trampas al solitario” y les pedimos que incumplan sus promesas.

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