Hasta donde yo conozco, Foro ya tenía una hoja de ruta previa sobre la moratoria, anterior a que Izquierda Unida lo plantease en el pleno de la semana pasada. Sobre todo, a partir de la experiencia de otras ciudades que han aprobado líneas estratégicas y planes de turismo sostenible, diversificado y desestacionalizado: tenemos ejemplos en el sur con Cádiz o en el norte con San Sebastián, con consistorios de distinto signo político.

También es verdad que la formación de izquierdas había abanderado la medida previamente, básicamente porque tiene un mejor encaje ideológico y con su programa: accesibilidad a la vivienda, evitar la posibilidad de que el mercado de las VUT encarezca o limite el acceso a la vivienda de alquiler de larga duración o la gentrificación y expulsión de personas vulnerables de determinadas zonas de la ciudad, tal es, con razón o no, ahí no entro, lo que está planteado.
Como ambas formaciones se adjudican autoría y no van a renunciar a apuntarse el tanto, digamos que, al menos, IU ha tenido una mejor estrategia de comunicación y ha ganado la batalla del relato. Esto en política es fundamental y ahonda en la percepción de que Foro ha tenido tradicionalmente un problema de mala comunicación, que ya mostró en legislaturas anteriores en las que estuvo al frente de Gijón. Así que, en términos prácticos, IU ha conseguido anticipar los tiempos, que no era los que Foro había previsto inicialmente, obligando a éstos a dar una sensación de improvisación, de apresuramiento, aunque esto no se corresponda con la realidad.
Es práctica habitual que los partidos políticos traten de aparecer como impulsores de medidas concretas aunque no hayan sido ellos quienes las hayan propuesto. Y lo suelen hacer de tres maneras: adoptando medidas propuestas por otros partidos o grupos de interés y presentándolas como propias; apoyando medidas de otros partidos o grupos de interés y trabajando para que se implementen y, en algunos casos, modificando ligeramente las iniciativas ajenas para adaptarlas a su propia agenda. En el caso de las VUT, seguramente estaremos más cerca de la opción segunda.
Al margen de la autoría, otra de las cuestiones que deben sortear Foro y PP es explicar que están impulsando una medida que se puede ver como de difícil encaje en partidos de corte liberal. Una buena manera podría ser explicar que es una decisión no exenta de audacia y valentía, porque, desde su perspectiva, dicen que es beneficiosa para la ciudadanía porque entienden que aquí hay un problema que resolver y lo hacen a pesar de que una decisión como esta pueda no ser entendida por personas u organizaciones que nos han apoyado en las elecciones. Otra cosa es que sea muy discutible que una ciudad como Gijón, esté tensionada en términos de vivienda. En su conjunto, parece que no y en barrios concretos, habrá que ver lo que dicen los informes de expertos. Seguramente esta es la razón por la que han optado por una moratoria restringida y no de concejo.
Por su parte, IU tiene la siempre difícil tarea de convencer a la ciudadanía de por qué no impulsó estas medidas cuando formaba parte del equipo de gobierno de la ciudad, en tiempos bien recientes. y en los que las cifras de viviendas VUT no eran muy distintas. El quiz de la cuestión reside en que el apoyo a esas demandas se produce a través del conocimiento de dos informes de experto que todos los actores políticos mencionan y que, aunque todavía no se han hecho públicos, les sirve como recurso de autoridad. Además, en medio de todo este enredo, OTEA echa leña al fuego y los medios de comunicación se han convertido en avivadores imprescindibles del incendio, para que la polémica llegara de plena actualidad al pleno municipal de la semana pasada, en el que IU llevó la propuesta de moratoria.
Para cerrar el círculo, podríamos añadir una variable más a la ecuación y nada desdeñable. A veces las cuestiones políticas no se explican desde la propia política, sino por cuestiones de azar, porque aparecen oportunidades en un momento político que antes no existían. Léase las direcciones generales de Vivienda y Urbanismo en esa súper consejería que depende de IU y en la que existen muchas voces que muestran preocupación por la deriva del turismo en Asturias. o por pura torpeza política de otros partidos que tuvieron la posibilidad de haber puesto en marcha esto y no lo hicieron (añadan al PSOE a los ya mencionados), pero sobre todo, por la confluencia de todo esto con un liderazgo técnico en el que personas de diferentes formaciones políticas tienen buena sintonía y son capaces de colaborar con éxito, posibilitando alianzas antes más difíciles de alcanzar. Las fronteras de la política se alteran por la capacidad de los actores para transformar las disputas en gestiones de carácter vinculante, a partir de cambios técnicos.
Por último, quedaría la cuestión espinosa de explicar una medida restrictiva como esta sin asustar y alejarse de la idea de intervencionsimo que podría no ser demasiado bien visto por parte de la ciudadanía y, específicamente, de su electorado, dada la heterogeneidad del votante de Foro. Siempre que nos encontramos ante medidas de este tipo se enciende el debate del derecho al libre mercado. También porque tendrá que comunicar muy bien a los pequeños propietarios que lo ven como una oportunidad de negocio y que tienen legalmente registrados sus pisos por qué es necesario intervenir (y hasta dónde se pretende llegar) en una ciudad que, mayoritariamente y, al menos de momento, no había considerado el turismo como un problema, sino todo lo contrario. Quizás también deba explicar que no existe un afán recaudatorio en la medida y que la futura regulación no tendrá (o sí) consecuencias de carácter impositivo para los propietarios de viviendas de uso turístico y, sobre todo, que no va a existir inseguridad jurídica para quienes tienen perfectamente regularizados estos pisos por el propio Ayuntamiento de Gijón.
En todo caso, la última palabra la tiene el Principado, que es quien tiene potestad en esta materia, por lo que solo estamos ante una forma de ganar tiempo antes de una regulación autonómica o en el próximo PGOU de Gijón.