(Beck, La sociedad del riesgo global, 2002:102).

En el marco teórico de mi tesis doctoral ocupó un lugar central  la sociedad del riesgo y, por tanto, Ulrich Beck tuvo también un lugar privilegiado. Cuando trabajas tan a fondo la obra de un autor, y en una actividad que ha marcado una parte decisiva de tu vida, no puedes por menos que considerarlo, aunque sea un poco, de tu familia. Es por eso que, aun sin conocerlo personalmente, siento profundamente el fallecimiento de Beck el primer día de este 2015. También porque se ha ido uno de los sociólogos contemporáneos más influyentes. Entre mis planes había valorado incluso la posibilidad de cursarle una invitación como conferenciante en alguna de las actividades que organiza la Asociación Asturiana de Sociología, algo que, lamentablemente, ya no va a poder ser.

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Supongo que ahora surgirán por doquier las alabanzas, como ocurre siempre que alguien fallece, y lo harán también desde el propio campo de la sociología, aunque su concepción del riesgo no siempre fue bien aceptada por la academia en España, quizás por su afán divulgador y el interés por llegar a una audiencia más popular. Lo he podido comprobar cuando, incluidos en el marco teórico de algunas propuestas de artículos, los postulados de Beck sobre la sociedad del riesgo han sido criticados por evaluadores de revistas sociológicas de primer orden que le acusan de manejar ideas poco tangibles y de no aportar datos que fundamenten sus tesis (¡!).

En cualquier caso, sirva como homenaje a su memoria y a su obra este post que intenta resumir algunas de las principales ideas de esta teoría, aunque su extensa obra ha abarcado ámbitos tan distintos como la precariedad, la deslocalización, la fragmentación del proceso productivo, la desigualdad, la subordinación a las instituciones globales de gobernanza o los nuevos actores individuales y colectivos, algunos de los cuales ya he tratado con anterioridad en mis entradas (aquí, aquí y aquí). Y por supuesto los debates sobre la globalización y el peligro de la tecnología, de los que fue precursor este convencido europeista.

La sociedad industrial, y con ella las nuevas oportunidades que se le presentaban o los peligros que afrontaba, se convirtieron en las últimas décadas en objeto de debate para la teoría sociológica y sus corrientes de pensamiento. Desde el momento en que las ciencias sociales comenzaron a tomar en consideración en sus respectivas áreas de conocimiento el concepto de riesgo, éste empezó a adquirir relevancia hasta situarse para algunos estudiosos en el centro de la problemática social. Fue el caso de Beck, quien lo trató, fundamentalmente, desde las perspectivas ambiental y laboral. En ambos casos, la “lógica positiva” de la distribución de la riqueza aparece desdibujada por la “lógica negativa” de la distribución del riesgo.

Beck trató de demostrar que la modernización ecológica no había tenido en cuenta algunos riesgos medioambientales globales, a los que muy acertadamente denominó riesgos de “enormes consecuencias” pero “baja probabilidad”, tales como los accidentes nucleares o las guerras químicas. No hay que olvidar que  su (probablemente) obra cumbre, La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad, se publicó poco después del desastre de Bhopal, del que se acaban decumplir 30 años, y de la más conocida catástrofe de Chernobyl. Para Beck nos encontramos ante riesgos más “democráticos” desde el momento en que todo el mundo corre peligro. Cuando el riesgo es real, el “otro” desaparece. La vinculación entre riesgos e industria cambia radicalmente la atribución del peligro que en la época preindustrial recaía  en  “otros” o en el “destino”.

Históricamente se ha considerado a la sociedad industrial como una “sociedad centrada” en el trabajo pero en el nuevo contexto de globalización de la economía y de los procesos esta coherencia  biográfica de los trabajadores se ha visto quebrada por fenómenos como la globalización, la individualización o el subempleo, modificando las estructuras tradicionales. Se ha terminado por imponer la flexibilización del tiempo y del lugar de trabajo, haciendo más difusa la delimitación entre el “trabajo” y el “no-trabajo”, como bien resume Josetxo Beriain en el prólogo de Las consecuencias perversas de la modernidad, una compilación imprescindible de textos de ¡nada menos! que Bauman, Luhmann, Giddens y el propio Beck.

Para captar la noción de riesgo es preciso adoptar, por tanto, un enfoque basado en la previsión de las consecuencias de la acción de las personas, si bien teniendo en cuenta que muchos de estos actos producidos dentro del entramado de la modernización constituyen desenlaces no esperados, consecuencias no previstas, conflictos e inseguridades provocados por el avance industrial y tecnológico. La autorrealización, las elecciones y las decisiones personales se convierten en características de una sociedad globalizada del riesgo que para Beck elevó el individualismo a la condición de sustituto genuino de la certidumbre.

Según la interpretación de Beck, en las sociedades avanzadas prevalece el intercambio de riesgos por encima del de mercancías, limitando la función aseguradora de las instituciones sociales y ahondando en la individualización. La inconstancia y el carácter impredecible de unas sociedades que han vaciado de contenido las instituciones y la privatización de la esfera de lo público estimulan el individualismo pragmático y la búsqueda de una “solución biográfica” a las contradicciones del sistema. Restringida la seguridad tradicional, las biografías de las personas quedan al margen de modelos y paradigmas, imponiéndose la libertad y la responsabilidad en la construcción de las propias trayectorias pero también quedando más expuestas a las obligaciones y exigencias de estas sociedades globalizadas. A partir de ese momento histórico serán las personas concretas, las empresas o el Estado, convertidos en nuevos actores políticos, los responsables de los riesgos industriales, y será a ellos a los que la sociedad demande responsabilidades.

Mirando en positivo las consecuencias de lo planteado, Beck situaba el problema del riesgo inserto en un contexto de “modernidad reflexiva”, en el que la modernización produce una conscienciación de las amenazas y deviene una sociedad autocrítica, que comienza a asumir los peligros de la sociedad industrial. Quizás hasta ahora todo esto no resultaba tan nítido, sin embargo parece que algo está cambiando y, por fin, estamos asistiendo a la aparición de los nuevos escenarios de los que nos hablaba el sociólogo alemán. Nuevos actores están ocupando el lugar perdido por los debilitados estados-nación y, entre ellos, los movimientos sociales están ejerciendo un papel fundamental, actuando como fuerza movilizadora, situando los conflictos en la agenda pública y sirviendo de  caja de resonancia para aquellos que habitualmente no tienen voz. Si es así, el trabajo de Beck no habrá sido en vano.

In memoriam, Ulrich Beck (1944-2015)

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Hace tiempo que economistas como Thomas Piketty (El capital en el siglo XXI) vienen advirtiendo sobre el retorno de la desigualdad, su crecimiento y agudización, pero aquí se ignoró su análisis histórico-económico, tal vez porque lo dijo primero en francés y después en inglés. Ahora que a la torre de Babel de sus traducciones se ha sumado el español, quizás se atienda más a su diagnóstico. Piketty ha seguido la senda marcada por otros como Joseph Stiglitz (El precio de la desigualdad) o Paul Krugman, quienes han logrado rescatar para el gran público un tema tratado habitualmente de manera limitada hasta colocarlo en un lugar central del debate público. Pero la fortaleza del análisis del economista francés es que no solamente ha tenido en cuenta la desigualdad salarial sino que aborda las implicaciones de las enormes diferencias entre capital y trabajo.

De otra forma, también Guy Standing ha puesto en los últimos años su mirada sobre las desigualdades extremas a través del problema social del precariado. Desde una perspectiva sociológica, Standing nos habla de las consecuencias de las políticas neo-liberales, que están generando inseguridades crecientes en esta clase social que se va construyendo a caballo entre el modelo económico y las configuraciones sociales. En su nuevo libro, Standing va más allá, y nos advierte de la necesidad de abordar un cambio estructural para limitar las consecuencias para esta nueva clase, en forma de pérdida de derechos políticos, sociales y económicos.

Quizás alumbrado por las discusiones que han generado estos autores, el debate se ha consolidado en España en los últimos meses. Los principales diarios nacionales publican con asiduidad tribunas en las que sociólogos y economistas vienen realizando importantes contribuciones para la divulgación de los problemas adyacentes a la pobreza y la desigualdad. Son numerosas las ponencias, blogs e informes que tratan sobre la materia, e incluso se dedican números monográficos que tratan sobre desigualdades sociales y exclusión (Praxis Sociológica), o sobre la expulsión de grandes capas de la población (Papeles). Una cuestión esta última emparentada directamente con las expulsiones sistémicas de Saskia Sassen.

Por último, las organizaciones del tercer sector tienen un papel preponderante a la hora de señalar y hacer visibles las desigualdades. IGUALES, de Oxfam es una buena muestra de ello y, como no, un clásico como el informe FOESSA, que Cáritas Española dirige y coordina desde su dirección ejecutiva y la secretaria general. El último FOESSA VII), no deja lugar a las dudas sobre el hecho de que la primera consecuencia de la crisis económica ha sido el incremento de la desigualdad y la pobreza en nuestro país, si bien es cierto que los años de bonanza previos a la crisis tampoco se aprovecharon en la lucha por reducir las diferencias. Atendiendo a los datos que nos ofrece FOESSA, se constata  que entre 2009-2013 la tasa de riesgo de pobreza no ha disminuido (20,4%) a pesar del descenso constante del umbral de la misma. También que el grupo de españoles con una integración plena (cuando un hogar no se encuentra afectado por ninguno de los indicadores utilizados para definir la exclusión social) es ya solo del 34,3%, mientras que el espacio social de la exclusión social se ha incrementado hasta el 21,9%. Y lo que es peor, no solo se han extendido las problemáticas (empleo, consumo, participación política, educación, salud, vivienda, conflicto y aislamiento social), sino que muchas de ellas se acumulan en las `personas afectadas por estos procesos.

Buena parte de la culpa de estas diferencias en España la tiene la desigualdad asociada a la falta de empleo, que se incrementa. Por una parte, como se apunta desde FOESSA, las actuales  políticas de empleo han sido pensadas para el desempleo y no para la creación de puestos de trabajo. Por otra, el paro en España es hoy una de las principales puertas de entrada a la exclusión, y ha dejado de ser su puerta de salida, una cuestión íntimamente vinculada con el precariado al que alude Standing.

Descendiendo desde el ámbito internacional, en el que comencé el post, hasta el autonómico, la situación en el Principado se ha agravado también durante este ciclo de crisis que parece no tiene fin. Es cierto que la mayoría de los indicadores muestran una mejor posición relativa en Asturias que en el conjunto de la nación. A saber, el porcentaje de personas con integración plena es del 39,5% en Asturias, la población afectada por problemas de exclusión del empleo es 11,5 puntos menor que la estatal o la pobreza material severa está por debajo de la media nacional. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que la intensificación de esta última es mucho mayor en nuestra comunidad, que todavía existen más de 170.000 personas afectadas por procesos de exclusión social en Asturias (16% de su población), o que casi una tercera parte de las población asturiana se vea afectada por problemas de exclusión del empleo. Todos estos datos están disponibles aquí. Aun siendo una de las regiones menos expuesta a los riesgos de pobreza y exclusión social, Asturias todavía presenta debilidades asociadas al empleo que están incrementando el número de hogares con dificultades para llegar a fin de mes, y afectados por lo que se ha dado en llamar con otro neologismo pobreza energética.

Lejos queda, pues, la reducción de la desigualdad de rentas vivida en los albores de nuestra democracia. La salida de la crisis no será completa mientras más de 700.000 hogares se encuentren sin ningún tipo de ingreso. Las reformas económicas implementadas en los últimos años se han centrado en la reducción de la deuda, dejando en situación de desamparo a muchas personas. Esta austeridad (la “austeridad suicida“) ha tenido consecuencias sobre el empobrecimiento de una buena parte de la población española, pero también sobre la regeneración política y la legitimidad de los programas de reformas, algo que deberían tener en cuenta los gobernantes de nuestro país. No hay que olvidar que hasta la corrupción se toleraba mejor mientras la sensación era de suficiencia de recursos y mayor igualdad. Si nuestra clase dirigente hubiera estado más atenta a Pikkety o Standing y menos a los brotes verdes y las raíces vigorosas de la macroeconomía, tal vez el terremoto político-institucional al que asistimos en los últimos meses no se habría producido, probablemente nos hubiéramos ahorrado esta especie de histeria colectiva en la que nos encontramos sumidos, y Podemos no se habría convertido en una “preocupación nacional”.

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Una de las más recientes, llevada a cabo en la Universidad de Oxford y la London School of Hygiene & Tropical Medicine publicado en The British Journal of Psichiaytry, apunta a un incremento sustancial en el número de suicidios en Europa y Norteamérica coincidente con los años de crisis, y cifra en 10.000 los “suicidios económicos” acaecidos entre 2008 y 2010. Aunque existen muchas discrepancias respecto a la influencia de la crisis, los profesores Reeves y Stuckler (Sociología) y McKee (Medicina) analizan en el mencionado estudio la incidencia de la pérdida de empleo, las deudas y los riesgos de caer en la exclusión social, concluyendo que estas circunstancias incrementan los pensamientos suicidas, y abren el debate sobre si la política y las prácticas psiquiátricas pueden evitar estos repuntes durante las recesiones. El trabajo advierte de las grandes diferencias existentes entre los distintos países analizados, pero también de marcadas pautas de contención del número de suicidios en aquellos países con un Estado de Bienestar más desarrollado. Reeves McKee y Stuckler citan a Austria, Suecia y Finlandia, como ejemplos de sociedades donde se invierte en políticas preventivas, tanto sanitarias como laborales, especialmente para los grupos más vulnerables.

Durkheim ya situaba la tendencia al suicidio más allá de las condiciones psíquicas de los sujetos y, precisamente en Francia, es creciente el debate sobre estos “riesgos psicosociales” que incrementan el número de muertes auto infligidas. Sobre todo a partir de la investigación abierta por el suicidio de 35 trabajadores de France Telecom entre 2008 y 2009 y el rebrote registrado a comienzos de este año en la misma compañía, ahora con otro nombre comercial. En España no alcanzamos ni de lejos los 11.000 suicidios, 90.000 hospitalizaciones y más de 200.000 ingresos en urgencias por tentativas que el Instituto Nacional de Vigilancia registra al año en el país vecino, donde se dice, incluso, que las estadísticas están subestimadas. No es extraño que incluso cuenten desde 2013 con un Observatorio Nacional del Suicidio. Afortunadamente, las cifras en España son mucho más modestas situándose entre los 3.000 y los 3.500 suicidios anuales desde el comienzo de este siglo, según el INE, si bien constituye la primera causa externa de mortalidad (más que los accidentes de tráfico) y se incrementó en 2012 un 11,8% respecto al año anterior.

Descendiendo hasta el nivel regional, esta misma semana recibíamos la doble noticia de que matarse a sí mismo constituye ya la primera causa de muerte entre la población joven (15-39) de Asturias, y de que nuestra Comunidad se encuentra a la cabeza de España en la tasa bruta de suicidios por cada 10.000 habitantes, dudoso honor que ocupa desde hace más de diez años. Hoy, como antes, las alteraciones de las condiciones de equilibrio presentes en las vidas de las personas (léase la crisis o la perturbación que ocasiona el fallecimiento de un familiar cercano) impulsan a la muerte voluntaria, y lo hacen más en los hombres que en las mujeres. Tampoco hay que olvidar lo que Durkheim denominaba “suicidio egoísta”, aquel que se produce cuando no existen objetivos que comprometan con la vida, lo que implica lazos sociales más débiles. Se apunta también a la crisis industrial como causa de la elevada tasa de suicidios en Asturias y, finalmente, a una sociedad incapaz de transmitir normas y valores a sus individuos (“suicidio anómico”, en la terminología del francés).

Viñeta: JM Nieto, Fe de Ratas

Esta última cuestión no es baladí, y se piensa que podría estar influyendo en las bajas tasas de natalidad regionales. Decir que es asturiano quizás sea reducir el mapamundi que parece llevar en sus genes pero, más allá de estar de acuerdo o no con su diagnóstico, hace ya tres años que Alejandro Macarrón nos hablaba de “suicidios demográficos”, con el Principado ocupando también un lugar destacado. Así que, llegados a este punto, quizás no sea casual que el galo Durkheim iniciara la línea de investigación social sobre el suicidio y que el astur Macarrón pontifique ahora sobre estos “inviernos demográficos” que  amenazan con convertirse en glaciación por estos lares.

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Que trabajadores de Tenneco han sido inasequibles al desaliento es evidente, como también lo parece, en este caso las afirmaciones no pueden ser tan rotundas, que factores contextuales regionales, nacionales e incluso internacionales,  han favorecido su lucha. O para quienes prefieran darle la vuelta al argumento,  el entorno en el que se han movido los trabajadores se ha visto potenciado por  las movilizaciones de los trabajadores, por otra parte intachables en su forma. Yo diría que unos y otros argumentos se han retroalimentado. Veamos:

1. La composición del comité de empresa. Los representantes de los trabajadores, votados en las correspondientes elecciones sindicales, es una consecuencia indubitable de la voluntad de aquellos. En el caso de Tenneco la movilización en contra del cierre ha sido organizada por la propia asamblea de trabajadores y el comité ha  jugado un papel decisivo en la dirección de la misma. La unidad de acción permitió articular y dar coherencia a las movilizaciones durante los momentos más difíciles. El éxito es enteramente de los trabajadores pero que el conflicto llegara con este comité, en el que existía un perfecto equilibrio de fuerzas es una cuestión puramente azarosa. Esta ponderación ofrecía un perfecto escenario, con la presencia, por un lado, de representantes de las organizaciones sindicales mayoritarias que podían ejercer presión ante sus federaciones (aunque estas no estuvieran muy de acuerdo con verse apartadas de la primera fila de las movilizaciones) y, por otro, de organizaciones minoritarias con menor apoyo de los aparatos pero una mayor libertad de acción, combatividad y, lo que es más importante, experiencia en movilizaciones efectistas (y efectivas) y en el manejo de los tiempos.

2. Muy vinculado con lo anterior, se encuentra el hecho de que los trabajadores no permitieran siglas ni injerencias externas. Hay muchos ciudadanos dispuestos a manifestarse en defensa de sus derechos pero se muestran reticentes a situarse detrás de una pancarta que los identifique con partidos u organizaciones sindicales. La ausencia de estos en las manifestaciones, junto a la justicia de sus  reivindicaciones, permitió ganar músculo a los trabajadores de Tenneco, que vieron como sus  convocatorias eran refrendadas por miles de ciudadanos. Durante esta crisis se ha incrementado entre la ciudadanía la sensación de no sentirse representados por partidos políticos y sindicatos, una impresión que, en el caso de Asturias se ha visto reforzada por la destrucción de una importante parte del tejido industrial ante la aparente pasividad de sus representantes. El sector naval, las minas de La Camocha o Suzuki, ésta última mucho más reciente, mantienen fresca en la memoria de los asturianos, y especialmente de los gijoneses, el discurso de la inevitabilidad de los cierres y las negociaciones de mínimos (aún con indemnizaciones máximas) para “minimizar” el impacto social.

Foto: El Comercio

3. La cuestión institucional. A pesar del riesgo de que el conflicto de Tenneco terminara como los anteriormente mencionados, sus trabajadores tuvieron la habilidad de implicar a las autoridades políticas regionales. Un nuevo éxito en la gestión  del conflicto que se veía acompañado de factores contextuales. Los políticos asturianos quizás en esta ocasión fueron conscientes de que la sangría industrial no podía continuar en un momento en el que la concatenación de cierres empresariales resultaba insoportable. La implicación de la política regional no hubiera resultado decisiva de no haber entrado en juego las instituciones europeas. De Asturias se llegó hasta Bruselas (pasando por Madrid, con la filtración de los planes de Tenneco sobre Ermua), con la Comisión Europea tomando cartas en el asunto, en un momento en el que un asturiano ejerce como jefe de gabinete del vicepresidente de la Comisión. Otro hecho que reafirma que la alineación de astros en el caso de Tenneco ha sido casi perfecta.

4. La geopolítica. Para terminar de cuadrar el círculo, estalló el conflicto de Ucrania, que añadió un elemento más de incertidumbre al deterioro que se estaba produciendo en las relaciones comerciales entre Rusia y Estados Unidos (no olvidemos que la matriz de Tenneco se encuentra en Illinois). La posibilidad de que las sanciones económicas incrementen los costes de producción,  junto al incremento del riesgo que supone la amenaza de un conflicto bélico en la zona, han podido jugar un papel decisivo en el cambio de planes de la multinacional norteamericana. Las empresas, ya lo sabemos, sienten aversión al riesgo, y la inestabilidad política y económica de la zona son portadoras de grandes inseguridades que prefieren evitar.

Foto: El Comercio

A la espera de la resolución de este largo conflicto, no existen dudas del papel decisivo que han jugado los trabajadores en su gestión de la crisis, pero parece que otros factores coyunturales se han aliado a su favor. En cualquier caso, parafraseando a Pablo Picasso, que pedía que las musas le llegaran en plena faena, se podría decir que los trabajadores de Tenneco pensaron cuando se inició el conflicto laboral: ¡que los astros me encuentren luchando!

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Post tags: Asturias, Comisión Europea, comité, conflicto, Gijón, industria, movilización, Rusia, sentencia, sindicatos, Tenneco

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Hasta aquí nada excepcional, salvo que los trabajadores de la fábrica de Santa Perpétua enfrentan una de las huelgas más largas de la democracia. Desgraciadamente este tipo de situaciones se repite con tanta frecuencia en los últimos años que apenas captan ya la atención de la ciudadanía, más allá de la directamente concernida. En un momento dado de la entrevista, la mujer empezó a relatar como habían tenido que recurrir a la solidaridad de los ciudadanos para poder sacar adelante a sus dos (creo) hijas. Uno de los recursos que están utilizando es la caja de resistencia, un término tan familiar para muchos como extraño (así lo reconoció) para la entrevistada. Me llamó la atención el desconocimiento  de este mecanismo de apoyo solidario porque era la segunda vez en poco tiempo que escuchaba a alguien declararse ignorante  sobre estas ayudas, fundamentales en la resistencia de los trabajadores en huelgas de larga duración. Sin ir más lejos, los (ex)empleados del sector naval de Gijón o de Vigo conocen a la perfección el significado de las cajas de resistencia, como buena parte de los trabajadores que se vieron implicados en las durísimas reconversiones industriales de los años ochenta. Ya antes de esta época existían, y se han mantenido hasta nuestros días, aunque de forma excepcional, en diversos conflictos industriales.

Íntimamente vinculado a los problemas laborales, está ganando fuerza también el neologismo pobreza energética, un término que puede parecer novedoso pero que como concepto es tan antiguo como la propia energía, cada vez más inaccesible para un importante porcentaje de la población de nuestro país. Muchos españoles de la posguerra civil (sobre todo los que vivían en las ciudades) recuerdan largos inviernos mesetarios sin ninguna posibilidad de obtener calor más allá del que proporcionaba el hacinamiento de las habitualmente extensas proles y de algunas innovaciones rudimentarias más o menos ingeniosas. Huelga decir que las comodidades de las viviendas de antaño distaban mucho de las que disfrutamos en la actualidad. Hoy, no obstante, esta nueva pobreza energética se traduce en miles de españoles  que no pueden encender la luz, y para las que la calefacción se ha convertido en un lujo o tienen que restringirla de forma que las casas apenas llegan a alcanzar la considerada “temperatura de confort”. La picaresca, ahora como entonces, como siempre, se ha convertido en el recurso para paliar estas situaciones de emergencia. Y no son pocos, pues se estima en cinco millones el número de personas cuyas viviendas presentan humedades y otros desperfectos que pueden ocasionar problemas de salud como enfermedades reumáticas o cardiovasculares.

Los olvidados años de bonanza económica tuvieron un peligroso efecto catártico para una sociedad que hoy comienza a despertar de su amnesia colectiva. A lomos de la ola del consumo compulsivo, guardamos en el baúl de los recuerdos buena parte de nuestras vivencias y de aquellas que habíamos escuchado de boca de nuestros padres o abuelos. Ahora, a  la misma velocidad que la crisis nos traslada  de nuevo a la realidad, desempolvamos conceptos  mientras buscamos nuevos términos para los viejos problemas.

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Post tags: caja de resistencia, consumo compulsivo, despidos, emergencia, huelga, Panrico, pobreza energética, trabajo

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Las reacciones políticas a la confirmación de los despidos en Asturias no se han hecho esperar, incluida la del habitualmente parsimonioso Gobierno regional, que ha respondido como se espera de cualquier responsable político en España, culpabilizando a “los otros”.  En este caso al PP y a su reforma laboral. La elusión de responsabilidades es un clásico en nuestro país pero puede que en este caso Javier Fernández tenga razón. Los responsables sindicales de la región y los trabajadores de algunas otras empresas en dificultades similares (léase Tenneco) así lo han puesto de manifiesto también en los últimos meses. No así, claro, los miembros del partido responsables de tan controvertida reforma.

Estos días he estado tratando de recabar datos que ofrezcan luz sobre la cuestión. El caso de los trabajadores de Asturbega es muy diferente al de otros trabajadores asturianos afectados por despidos en los últimos meses y que han decidido constituir una plataforma en defensa de sus intereses. Aún así, todos ellos tienen en común que son víctimas de procesos de reestructuración en sus respectivas empresas. Así que para poder ofrecer alguna evidencia empírica sobre los (no)efectos de la reforma laboral de 2012, he acudido al Observatorio Europeo de la Reestructuración, que mide el impacto que sobre el empleo tienen las reorganizaciones empresariales efectuadas en Europa desde el año 2002. Eurfound promueve este observatorio sobre la destrucción y creación de empleo que no es exhaustivo, pues se realiza únicamente sobre las reestructuraciones a gran escala anunciadas en los principales diarios de información general y económica de los países miembros. Sin embargo, estas grandes empresas y estos procesos son justamente los destinatarios de la reforma promovida por el PP, por lo que podemos obtener una importante información sobre tendencias y efectos de propagación, como la propia Eurofound anuncia en su web.

El observatorio trabaja con ocho categorías principales, que distinguen entre procesos de reestructuración interna, cierres, expansiones de negocios, fusiones y adquisiciones, quiebras, subcontrataciones, deslocalizaciones y relocalizaciones. Pues bien, si sumamos todas ellas, a día de hoy y desde 2002, las reestructuraciones de cierre en España suponen el 8,42% de todos estos procesos, una cifra modesta si la comparamos con el 54,39 de las producidas por reestructuraciones internas (Tabla 1). Pero si tomamos solamente los meses comprendidos entre la última reforma laboral y la actualidad, estas cifras de cierre ¡casi se duplican! (15,94%) (Tabla 2). Y si vamos aun más al detalle, durante todo 2013, fecha en la que los efectos de la reforma son ya más evidentes, las reestructuraciones que finalizan en cierre eran ya el 20,55% de todos los procesos acaecidos durante el año pasado. (Tabla 3).  

Entonces, ¿en qué han consistido todas esas reorganizaciones empresariales? Bien, a juzgar por las cifras, fundamentalmente en despidos. De todos estos procesos de reorganización, y según la Tabla 2, desde febrero de 2012 ha resultado que 61.058 trabajadores han pasado a engrosar las listas de desempleados (7.986 por cierres y 42.375 por reorganización interna) y tan solo se han producido 6.690 contrataciones. Si analizamos todo el periodo, 2002-2014, encontramos 15.213 despidos por cierre y 151.221 bajas por restructuraciones internas (Tabla 1). Es decir, que en casi dos años se han producido el 24% de las reorganizaciones de todo el período (cuidado, que hablamos de un período tremendamente convulso para el empleo desde 2007) y que de todos los despedidos por cierre de empresas contabilizados en estos más de 12 años, ¡el 52,5%! se han producido tras la reforma laboral.

¿Podemos concluir que existe una relación causa-efecto entre la última reforma laboral y las cifras de despedidos? No, desde luego. Haría falta un análisis más profundo que el examen de las estadísticas disponibles en el observatorio. Pero sí que a partir de la reforma se han acelerado estos procesos y, probablemente, los efectos de propagación de los que habla Eurofund en su observatorio. Y, desde luego, los datos son más relevantes que la vaga y recurrente frase del Gobierno español de que sin la reforma se habrían destruido más puestos de trabajo.

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Sin embargo, esta coherencia  biográfica de los trabajadores se ve quebrantada en la denominada segunda modernidad  por procesos como la globalización, la individualización o el subempleo, convertidos en nuevos desafíos de carácter planetario. Las sociedades de esta segunda modernidad ya no son más sociedades de trabajo desde el momento en que el pleno empleo se convierte en una quimera, atomizando las biografías laborales de unos individuos que deben redefinirse para afrontar estos nuevos riesgos e incertidumbres que aparecen ahora ajenos a toda planificación en el presente. El difícil equilibrio entre los actores territorialmente asentados y aquellos que no lo están constituye  el nuevo escenario en el que se inscribe la teoría del riesgo.  Mientras que el capital es global, el trabajo es local y la inseguridad del trabajo se incrementa en todo el planeta debido a esta “glocalidad”.

La explicación del desempleo basada en los ciclos económicos pierde fuerza frente al avance de la tecnología capitalista, la expansión de la economía informal, la desregulación y la flexibilización de las relaciones laborales. La imprevisibilidad y la ausencia de cálculo transforman la sociedad del trabajo en una nueva sociedad del riesgo que precisa de un marco de referencia distinto. Con la globalización, la autonomía y el poder del Estado se atenúan, lo que implica en muchos casos una subordinación a las instituciones globales de gobernanza. En este sentido, dice Luis Moreno que el efecto más evidente de la globalización en Europa es el de la pretendida superación del estado-nación como lugar central de representación de la vida económica. Y el conflicto de Tenneco es un claro ejemplo de esta nueva lógica y una prueba de fuego para comprobar el poder real de las instituciones europeas. La siguiente estación de los trabajadores gijoneses de la multinacional norteamericana es Bruselas, y del resultado de esta “task-force” podremos obtener conclusiones sobre si los procesos deslocalizadores han ascendido un peldaño más en el imparable proceso de desregulación de las relaciones laborales, hasta convertir el nivel comunitario en un lugar periférico de esta representación.

Foto: El Comercio

Otro de los efectos de la globalización lo encontramos en lo que Susan Strange llamaba elementos de carácter perceptivo, según la cual los gobiernos actúan condicionados por su percepción de alineación obligatoria con sus socios y bajo la amenaza de penalización en caso de actuar de forma heterodoxa. Ciertamente, España ha operado de acuerdo con las recomendaciones de las instituciones internacionales de gobernanza (BM, FMI, OCDE) pero no parece muy claro si plegarse a sus mandatos (léase la última reforma laboral) ha sido  la solución o el comienzo de nuevos problemas. Y aquí vuelvo a citar a Moreno, para quien la globalización, sustanciada en el único objetivo de ganar competitividad en los mercados internacionales, ha incentivado el dumping (social y fiscal) y la pérdida  de derechos laborales.

La deriva que han tomado las relaciones sociolaborales nos hace asomarnos peligrosamente al abismo de la inseguridad laboral. Existe una gran dificultad para encontrar una causalidad entre el riesgo global y el daño local, lo que deriva en un acceso tardío a los problemas y convierte muchos de estos dramas sociales y personales en irresolubles. Ya dije en una entrada anterior que el caso de Tenneco es paradigmático de esa lucha por la supervivencia ante cambios sistémicos y estructurales. Su movilización ha tenido que adoptar irremediablemente un enfoque reactivo ante un proceso de relocalización que, probablemente, enfile su última parada.

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El cierre de Tenneco es una relocalización de nuevo cuño, en el sentido de que no obedece a los habituales factores de localización industrial, a shocks externos, ni siquiera a la actual recesión económica. Por el contrario, se produce vinculada la lógica empresarial de reestructuración continua típica de la globalización y, quizás, facilitada por la reciente reforma laboral. Hablaré de esto último en otro post. Pero como las relocalizaciones tradicionales, generará pérdidas de empleos directos para todos los trabajadores de la plantilla y también un empeoramiento del mercado laboral ante la ausencia futura de oportunidades en el sector. Asimismo, tendrá un impacto traumático al menos sobre determinadas empresas locales (mayor cuanta más dependencia de la planta gijonesa) con consecuencias obvias en sus cuentas de resultados y más que probables pérdidas de otros empleos indirectos. Hasta aquí, algunos lectores estarán pensando que la crisis no les incumbe, pues nada tienen que ver con el sector de componentes automovilísticos, pero se verán probablemente afectados por las inevitables consecuencias para la ciudad, derivadas de una menor actividad económica y, sin duda, por el aumento de los gastos sociales en forma de prestaciones por desempleo o subsidios que ocasionarán los despidos de los trabajadores.

Cuando se produce la relocalización de una empresa los impactos sobre el territorio, y con ello sobre sus ciudadanos, son ineludibles. Así que, aunque solo sea por eso, merece la pena sumarse a la lucha por evitar el cierre Tenneco. Por eso es por lo que mis compañeros del Departamento de Sociología de la Universidad de Oviedo, Sergio González Begega, Holm-Detlev Köhler y yo mismo, decidimos embarcarnos en una investigación para estudiar como se organiza un territorio cuando una multinacional decide que ya no le interesa seguir fabricando en Gijón.

Ya he dicho que el cierre de Tenneco es el arquetipo de la relocalización pero la movilización de sus trabajadores no es igualmente prototípica. Una movilización organizada y dirigida por la propia asamblea de trabajadores, sin siglas ni injerencias externas, no es el paradigma al que estamos acostumbrados, tanto que no se veía algo así en Asturias dese los años setenta del pasado siglo. No es habitual tener la habilidad (y la capacidad) de implicar a instituciones supranacionales. No en vano, representantes del comité de empresa se entrevistarán el próximo día 19 en Bruselas nada menos que con el vicepresidente de la Comisión Europea, Antonio Tajani. Tampoco es usual poner en jaque a toda una multinacional y obligarla a dilatar el conflicto durante meses. Y es igualmente infrecuente obtener un importante respaldo, aunque solo sea  moral, por parte de una auditora externa (la francesa Secafi) que invalida una por una las justificaciones de la multinacional para el cierre de la planta.

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En los últimos días se ha comparado la movilización de los trabajadores de Tenneco con las del sector naval y de la minería y, al menos en lo numérico, la manifestación del pasado 17 de octubre recordaba a las de aquellas históricas movilizaciones de la época de la reconversión industrial.  Bien es cierto que, como se ha dicho, y con razón, en estos dos últimos casos se trataba de colectivos históricamente en dificultades y acostumbrados a la lucha permanente por el mantenimiento de sus puestos de trabajo. Sin embargo, en el caso de Tenneco, se trata de  trabajadores con una trayectoria alejada de sorpresas y miedos a los que la globalización y esta nueva sociedad del riesgo han puesto en el trance del desempleo y la precariedad inopinada. Es un enfoque reactivo al proceso de relocalización, en el que la participación de los trabajadores se produce obligada por las circunstancias y cuando la decisión ya está tomada y cerca de ejecutarse. No han tenido otras opciones. Una posición más proactiva hubiera dado la oportunidad de orientar el proceso de relocalización y de amortiguar (con perdón) los efectos sociales de la extemporánea decisión de la multinacional norteamericana. Los trabajadores de Tenneco son rebeldes con causa justa a los que el margen para alcanzarla se les agota. Recordemos que en la sociedad del riesgo actual nadie está a salvo de estas eventualidades.

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Muy distinto este espíritu de la concepción de relocalización que surgió a finales del siglo XX como una estrategia empresarial. Si para los transicionistas la idea es ralentizar el crecimiento y la acumulación material, la reducción de costes y la maximización de beneficios caló en empresas de todos los sectores y tamaños que rivalizaban por trasladarse antes que sus competidores a países con bajos salarios y condiciones laborales y medioambientales laxas. Sí, hablamos de una deslocalización a la que se lanzaron las empresas transnacionales, pero también pymes industriales, avaladas por dudosos informes de rentabilidad u obligadas por el propio mercado. La fabricación nacional se veía como un obstáculo que generaba desconfianza entre los compradores, seguros de encontrar mejores precios en aquellas empresas cuyas manufacturas se encontraran, por ejemplo, en el nuevo y pujante mercado asiático.

Hoy, las circunstancias no son las mismas, o al menos no parar todos. Suzuki fabricó este año la última moto que llevará el sello de Made in Gijón, condenando al cierre la planta que hasta entonces tenía en Porceyo. La marca nipona ya no quiere fabricar en Europa, quizás asustada por la crisis, aunque se suponga pasajera. Distinto es el caso de Tenneco, cuya dirección en Illinois ha decidido (si las negociaciones de última hora no lo  remedian), y por mor de la deslocalización, acabar con una de sus plantas más rentables y modernas, puesta en innumerables ocasiones como ejemplo a seguir por sus hermanas europeas. Dos casos más de un proceso que no parecía tener fin. El sector industrial que a comienzos de este siglo representaba el 21% del PIB de nuestro país ha menguado hasta el 15% en 2013, con las consiguientes pérdidas de empleo y riqueza para España. Así que en estas estábamos, deslocalizando, cuando nos enteramos de que el proceso ha comenzado a invertirse en algunos sectores de actividad. Algunas empresas del sector juguetero, el calzado y el textil recorren el camino de vuelta, convirtiendo esta vez la relocalización en antónimo de deslocalización.

El Roto

El tiempo ha demostrado que el  tamaño de la empresa sí importa,  y que fabricar fuera solo resulta rentable para las grandes multinacionales. Para los pequeños (no olvidemos el tamaño de nuestro tejido industrial), el coste derivado del proceso de innovación es inasumible, del mismo modo que las series cortas de fabricación que implican inversiones constantes en procesos, programas y formación. Pero la explicación hay que buscarla también en otros factores, como  la desaparición de buena parte de la competencia, arrastrada por las crisis, nuevas alianzas comerciales y, sobre todo, en los cambios en las Relaciones Laborales de algunos países como China, paralelos a su desarrollo económico. Además, las pautas comerciales de los grandes fabricantes asiáticos se asemejan cada vez más a las de sus competidores occidentales y existen “costes ocultos”: gastos aduaneros, viajes, problemas de comunicación o culturales.

Eso, sin contar con que, en muchas ocasiones,  el prestigio de las marcas se ha resentido. Aquí no solemos apelar al orgullo industrial patrio pero sí en Estados Unidos. Primero fue el Boston Consulting Group, que pronosticaba el regreso de la industria manufacturera deslocalizada a su país en el informe “Made in America Again”, después el “Staying Power II” con las fábricas de Massachusetts creciendo a un ritmo superior al 40%, pese a ser uno de los estados con mejores salarios y mayores costes de EEUU. Y finalmente, el golpe de efecto se produjo en el descanso de la final de la Superbowl-2012, un espectáculo visto por más de 111 millones de espectadores en los USA, con Clint Eastwood haciendo de adalid de la industria norteamericana. Caterpillar, Ford o Apple también han iniciado procesos de relocalización durante los  últimos años.

Foto: El Comercio

Ya sabemos que los norteamericanos suelen marcar nuestro paso, quizás por eso algunas empresas de las principales ciudades españolas compiten ya realizando “nearshore” (por oposición a “offshore”), relocalizando sus actividades de producción industrial en ciudades españolas donde los costes pueden verse reducidos en hasta un 40%.  ¿Qué pasará con las empresas norteamericanas deslocalizadas en España? De momento, Tenneco Gijón se mantiene en una tensa espera hasta conocer la decisión final de la sede mundial, aunque la estrategia de la empresa de Illinois no pasa por el retorno a su país sino por su re(des)localización en Rusia, un mercado emergente muy apetitoso. Pero la planta asturiana tiene importantes ventajas competitivas que sus trabajadores están intentando hacer valer con acierto. Relocalizar significa hoy disponer de una Política Industrial proactiva, facilitando la radicación de las empresas y, sobre todo, apoyando la inversión en I+D+i y en programas formativos. Para Manuel Castells es la organización social la que crea o destruye empleo. Es la hora de la política pero también de la sociedad civil movilizada. Como dice el lema de los transicionistas “o nos salvamos todos o no nos salvamos”. Resiliencia o morir.

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Sin embargo, a finales del siglo XX y comienzos del XXI, el debate sobre la cuestión social y la flexibilización del mercado se revitalizó, cuando comenzaron a hacerse evidentes las consecuencias no previstas de fenómenos como la globalización económica. Se retomó la necesidad de una nueva ponderación entre flexibilidad y seguridad, con el Estado ejerciendo un papel activo en la regulación de las relaciones laborales.

En el nuevo contexto de crisis, y con ésta como disculpa, los gobiernos conservadores insisten en la necesidad de flexibilizar (aún más) el mercado laboral. A esta moda de “solo flexibilidad” se ha apuntado en los últimos días el presidente de la CEOE, que lleva tiempo tratando de pescar en río revuelto. Y esta vez, parece que hubiera aprovechado (¿casualidad?) las aguas turbias que fluyen en el Reino Unido con motivo de la polémica desatada por los zero-hours contracts, un tipo de contrato muy habitual entre las empresas de trabajo temporal y en el que el trabajador debe estar disponible ante una eventual llamada para trabajar, amén de mantener una relación de exclusividad con el empleador. Y no solo esto, sino que los derechos de este tipo de contratos se encuentran notablemente mermados, al carecer el trabajador de vacaciones pagadas, bajas por enfermedad o preaviso de despido, entre otros.

Algunos diarios británicos, como The Guardian, han dedicado varios artículos  y algún editorial al fenómeno, que no es nuevo, pues estos contratos se encuentran disponibles en el Reino Unido desde los años 90. El problema es que, hasta ahora, las estadísticas oficiales hablaban de los zero-hour contracts como modalidades contractuales residuales, utilizadas sobre todo por estudiantes y personas a las que les facilitaba la conciliación trabajo-familia. El escándalo ha surgido cuando el Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) ha cifrado en un 1.000.000 a los británicos que trabajan bajo la modalidad zero-hours, frente a los 250.000 de las fuentes gubernamentales. Como siempre, el primer problema en estos casos es a quién creer, aunque los datos del CIPD se obtuvieron a partir de encuestas realizadas a empleadores, con pocos incentivos para mentir al respecto. Aún quedándonos con las cifras oficiales, los zero-hour contracts habrían aumentado desde los 50.000 en 2005 hasta 250.000 en 2012, con un hito clave en este incremento, 2010. ¿Por qué este año? Según  Resolution Foundation, muchas compañías recurrieron estos contratos  para sortear una directiva comunitaria que entró en vigor ese año y así evitar que los trabajadores contratados a través de una agencia de colocación pudieran beneficiarse de los derechos laborales que otorgaba un contrato de trabajo “normal”.  Sin ir más lejos, esta misma organización ha constatado que los empleados zero-hours perciben 321 libras semanales menos que quienes tienen un contrato estándar, realizando las mismas horas y tipo de trabajo.

En cuanto al tipo de trabajadores, las cifras desmontan también el argumento gubernamental. Los zero-hours se extienden ya por todos los sectores de actividad, e incluso han llegado al sector público (servicio de salud y universidades) y se han generalizado entre  los trabajadores domésticos.

El Reino Unido no es pionero en este tipo de contratos, que ya existen en países como Holanda (nul-uren contract). Sin embargo, este país ha optado por una aproximación diferente, incrementando la flexibilidad de su mercado laboral pero mejorando al mismo tiempo la seguridad de los trabajadores. Entre finales de los 80 y los 90 estableció la oportunidad de reestructuración económica optimizando o normalizando el empleo y los derechos sociales de los trabajadores atípicos. La “Flexibility and Security Bill” (“Flex–Act”), introdujo cambios drásticos en la ley reguladora del sistema de despidos existente, que ofrecía protección a los trabajadores “típicos” y dejaba  desprotegidos a los “atípicos”. Además, en Holanda, el gobierno es más activo en la toma de decisiones, involucrando en las políticas socio-económicas a los interlocutores sociales. Las instituciones han jugado un papel fundamental en la creación de este modelo, y  la raíz se encuentra en el “Acuerdo de Wassenaar”, firmado en 1982 entre patrones, sindicatos y el gobierno, en una época en la que todos los actores implicados sabían que la economía estaba atravesando por un mal momento. El “Acuerdo de Wassenaar” fue un plan de acción mediante el cual se moderaron las demandas salariales a cambio de medidas diseñadas para aliviar los costes humanos del desempleo, desde el financiamiento de jubilaciones adelantadas hasta el acortamiento de la semana laboral. Desde entonces esta estrategia se ha respetado en gran medida, formando parte de un compromiso general de toda la sociedad holandesa, que se conoce como “polder-model” desde los años posteriores al fin de la II Guerra Mundial.

Según podemos leer en un artículo de The Guardian, el gobierno británico y sus medios afines aseguran que gracias a la flexibilización el desempleo se ha mantenido en 2,5 millones (8%). En España nos recuerdan cada semana los empleos que ha salvado la última reforma, aunque siguen sin ofrecernos ninguna estadística que respalde tal dato. El diario británico pone de relieve como la precarización del mercado laboral de su país se ha intensificado, y no solo no ha logrado impulsar la recuperación económica y el empleo, sino que ha contribuido a la mayor caída de salarios desde 1870, con cuatro de cada cinco puestos de trabajo creados en sectores de bajos ingresos. El estancamiento de la demanda, la caída de la productividad y la falta de inversión completan el panorama de los británicos.

Es cierto que España necesita acometer una modernización de su mercado laboral, que presenta carencias en su mercado de trabajo sobre todo en lo referente a la flexibilidad interna. Así que hubiera sido conveniente elegir una aproximación que se basara en la mejora de ciertos aspectos organizacionales y funcionales de las empresas, que continuar enfatizando en la flexibilidad externa de un mercado que ya tiene una elevada rotación de trabajadores. Su regulación se encuentra más próximo a la noción de “seguridad en el puesto de trabajo” que otros mercados flexiseguros como el holandés, que encaja mejor dentro de la concepción de “seguridad en el empleo”.

Dadas las características del mercado de trabajo español, parece más conveniente y más fácilmente replicable una flexiguridad “a la holandesa” que el modelo liberal conservador británico, pero Rajoy ha elegido este último. Esperemos que las consecuencias no sean las mismas.

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