Se ha echado en falta un liderazgo que combine su autoridad moral con la construcción de una alternativa clara al actual gobierno local. En su etapa al frente del grupo socialista no se percibió una agenda sólida ni una oposición definida frente a algunas decisiones relevantes del ejecutivo de Carmen Moriyón que han generado debate público. Floro ha sido un referente respetado, pero no un líder político en sentido estricto.

¿Es posible ser un buen aspirante a alcalde, pero tener un papel discreto como líder de la oposición?
Son papeles muy distintos y requieren cualidades diferentes. Un alcalde debe generar consensos, gestionar recursos, cuidar formas institucionales. Un líder de la oposición, en cambio, debe ser más incisivo, crítico y tener una enorme capacidad de comunicación política. Floro, con su talante dialogante y su estilo más propio del tercer sector que del debate político partidista, parecía más adecuado para la representación institucional que para la confrontación política.

No todos los perfiles que serían excelentes como gestores o figuras de consenso logran adaptarse a la exigencia del debate público cotidiano, donde se necesitan reflejos, posicionamientos firmes y capacidad para marcar agenda. En Gijón, la oposición socialista ha carecido de esa visibilidad en temas relevantes como los cambios urbanísticos o la parálisis del plan de vías. El contraste con portavoces anteriores más combativos, como José María Pérez, es evidente.
Tampoco ser una persona conocida es una garantía de éxito en política. El reconocimiento público es una condición importante —lo que en Ciencia Política se llama “capital simbólico”—, pero no suficiente. La visibilidad social puede ser un trampolín, pero no basta. La política requiere también estructura, apoyos internos, habilidades comunicativas y visión estratégica. Muchos perfiles públicos que han dado el salto a la política fracasan si no entienden las dinámicas internas del partido o las exigencias del cargo.

En el caso de Floro, su enorme prestigio como activista social no se tradujo en una estrategia política reconocible. Floro era muy reconocido por su labor en Proyecto Hombre, pero trasladar ese prestigio social al campo político requiere otra forma de articulación y respaldo partidario, que quizá no llegó a consolidarse del todo.

Su reconocimiento público no fue suficiente para liderar una oposición eficaz ni para cohesionar a su grupo. La popularidad puede facilitar la entrada, pero la permanencia y la eficacia política requieren algo más: estrategia, apoyos internos y visión a medio plazo.

Portavoz discreto y relevo sin ruido
Es posible representar un perfil bajo, pero tiene un coste. El portavoz es, por definición, quien da la cara, comunica la posición política del grupo y lidera su acción institucional. El papel de portavoz exige visibilidad y liderazgo comunicativo. Si se actúa en un segundo plano, el riesgo es que la ciudadanía no identifique con claridad el proyecto del partido o su oposición al gobierno. En política, los silencios también comunican, y una oposición poco visible puede ser leída como débil o inactiva, aunque esté trabajando intensamente en los despachos.

En Gijón, la escasa visibilidad de Floro durante episodios importantes, ha dejado a menudo un vacío que ha sido ocupado por otras fuerzas políticas, incluso por concejales no adscritos o grupos más pequeños. La ausencia de una voz clara y frecuente afecta a la percepción de liderazgo y al vínculo con el electorado.

No siempre es un problema para el partido que dimita tu primer concejal. Depende de cómo se gestione la crisis. Si se produce en un contexto de desgaste o fractura interna, puede ser leído como crisis. Pero si la salida es ordenada, voluntaria y acompañada de un relevo solvente, puede convertirse en una oportunidad para revitalizar el proyecto político.

En este caso, la renuncia de Floro, explicada como una decisión personal, abre la puerta a recomponer la estrategia del grupo socialista. Su sucesora, Carmen Eva Pérez, tiene ahora la posibilidad de construir un perfil propio, más adaptado a las exigencias del momento político. Todo dependerá del apoyo interno que reciba y de su capacidad para ocupar ese espacio con solvencia.

Es decir, si se quiere que el cambio tenga efectos reales, no basta con una sustitución formal en la portavocía: es necesario dotar de respaldo político, visibilidad mediática y libertad de maniobra a la nueva portavoz. De lo contrario, se corre el riesgo de una portavocía interina o meramente administrativa.

Carmen Eva Pérez es una persona con experiencia institucional y conocimiento del terreno, lo que puede facilitar esa transición. Pero el grupo socialista debe reforzar su presencia pública, especialmente en un momento, justo a mitad de legislatura, en que el equipo de gobierno empieza a sentir ya un cierto desgaste. Se necesita un liderazgo claro que articule propuestas y visibilice a la oposición como alternativa. Hay muchos enfoques, pero podríamos resumir ese liderazgo en tres grandes dimensiones: legitimidad (es decir, reconocimiento y coherencia ética), competencia (capacidad técnica y estratégica) y comunicación (transmitir con claridad un proyecto y conectar con la ciudadanía). A esto se le suma algo clave: saber jugar en equipo. La política no es un acto individual, sino una práctica colectiva.

¿Es este el momento adecuado para el cambio de portavoz del PSOE, justo en el ecuador de la legislatura?

Políticamente, es un momento muy adecuado, como escribí en un post anterior, pues a mitad de mandato se abre lo que Philippe J. Maarek llama en Marketing Político y Comunicación la “precampaña invisible”: un período en el que los partidos opositores deben activar sus estrategias, reforzar sus equipos y comenzar a perfilar candidaturas y mensajes de cara a las elecciones. Si se espera más, el tiempo juega en contra.

De hecho, en este punto del ciclo político es cuando el electorado empieza a mirar, siquiera de reojo, hacia la próxima cita electoral y a valorar qué opciones pueden disputar el gobierno. Un cambio de liderazgo ahora, bien gestionado, puede servir para relanzar al PSOE gijonés y proyectar una imagen de renovación responsable. Dejarlo para más adelante haría que cualquier movimiento se leyera solo en clave electoralista, no como una mejora estratégica del partido.

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Así las cosas, la cuestión nos lleva a otra pregunta ¿puede un político cambiar de opinión? Desde luego. Cambiar de opinión es legítimo y, en ocasiones, necesario en política. Las circunstancias cambian, los contextos también, y los líderes deben adaptarse. Sería absurdo exigir que los partidos mantuvieran exactamente las mismas posiciones durante años sin matices. Ahora bien, es crucial que estos cambios se comuniquen de manera transparente y fundamentada: la ciudadanía suele aceptar los cambios de postura, que solo generan controversia cuando se gestionan mal. Con claridad, con argumentos y sin paternalismo, es más fácil que sea comprendido. Si se hace a medias o solo cuando hay presión, entonces genera sospechas.

Y ya que estamos con preguntas, vayamos con la tercera, título aparte: ¿cambiar de opinión es signo de debilidad o más bien de ausencia de criterio? Pues, como digo, depende. Un cambio de opinión puede interpretarse como debilidad si se hace por cálculo electoral o para evitar conflictos. Pero también puede verse como una muestra de madurez política, honestidad intelectual y capacidad de adaptación, si se justifica bien, con argumentos sólidos. Los ciudadanos no penalizan tanto que un político cambie de opinión; lo que castigan es la sensación de que lo hace para protegerse o para ganar tiempo. Si el cambio parece motivado por intereses partidistas o falta de convicción, puede interpretarse como debilidad o falta de criterio. En el caso de Naval Azul, la percepción pública del cambio de postura del PSOE digamos que puede ser mixta y dependerá de cómo gestionen su comunicación que se vea como una falta de coherencia o como un asunto complejo, en el que pueden existir matices y razones para el cambio. En definitiva, lo que genera rechazo no es el cambio en sí, sino la falta de coherencia o de explicaciones creíbles.

El juego democrático o cómo los partidos adaptan las reglas a sus intereses

El propio PSOE local, beligerante con la alcaldesa en este tema, ha reconocido que revocar decisiones anteriores “entra dentro del juego democrático”, y esta frase resulta muy reveladora. Los partidos políticos, como cualquier actor político, usan las reglas formales (y también las informales) para reforzar su legitimidad. Al igual que cualquier actor en un sistema democrático, buscan interpretar y aplicar las reglas del juego de manera que favorezcan sus objetivos. Esto puede incluir la reinterpretación de acuerdos previos o la modificación de políticas establecidas. Lo que un día es “una cesión clara”, al día siguiente puede ser “un acuerdo que no estaba cerrado”, dependiendo de cómo evolucionen los intereses. Y eso es parte del “juego democrático”, sí, pero también requiere una responsabilidad comunicativa: no todo vale si no se respeta la confianza ciudadana. La flexibilidad es parte de la política, pero también lo es la memoria colectiva. En Gijón, la disputa entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria sobre la cesión de terrenos para el proyecto Naval Azul ejemplifica perfectamente cómo diferentes interpretaciones de un acuerdo pueden generar este tipo de conflictos.

Como decía antes, cambiar de opinión puede justificar una decisión concreta si esa decisión se argumenta, se explica públicamente y se asume con todas sus consecuencias. Pero no puede ser un comodín para justificar todo. Los ciudadanos esperan coherencia y responsabilidad de sus representantes. Cambios abruptos o sin explicación pueden erosionar la confianza pública. Si cada decisión se revisa en función de la conveniencia del momento, sin un marco de coherencia, la política se convierte en puro oportunismo. Y eso es peligroso porque deteriora la credibilidad de las instituciones. De ahí la importancia de una gestión comunicativa eficaz en estos casos.

Bien, damos por hecho que se puede cambiar de opinión. ¿A qué se expone un partido?

En línea con lo que he argumentado previamente, las consecuencias son varias, especialmente si no se comunica de manera adecuada. Primero, a la crítica política: los adversarios van a recordarle sus palabras anteriores. Segundo, al juicio de la ciudadanía, que puede sentir que se le ha ocultado información o que se han cambiado las reglas del juego sobre la marcha. Y tercero, a una posible pérdida de autoridad: si un partido cambia de posición de forma abrupta o contradictoria, puede parecer que carece de un rumbo claro, lo cual mina la confianza en su liderazgo. Ahora bien, si el cambio se maneja con transparencia y se percibe como una adaptación razonada a nuevas circunstancias, puede fortalecer la imagen del partido como flexible y receptivo. En Gijón, por ejemplo, el viraje del PSOE, que había apoyado la cesión gratuita de los terrenos portuarios, ha sido claro con respecto a esa postura inicial, a diferencia de otras formaciones que mantuvieron una postura estable. Ninguna fuerza política ha respaldado públicamente este cambio, lo que deja al PSOE en una posición aislada en el debate sobre Naval Azul.

Por otra parte, mostrarte como el único partido que ha cambiado de opinión, también tiene sus riesgos, ya que puede debilitar su posición. En política, la soledad argumentativa es peligrosa. Si todos los demás actores mantienen una versión y tú la modificas, corres el riesgo de que te perciban como el que “rectifica porque ha perdido fuerza” o porque “algo quiere ocultar”. En el caso de Gijón, mientras el gobierno local y otros actores han mantenido una postura constante sobre la cesión de terrenos para Naval Azul, el cambio de opinión del PSOE puede generar la percepción, ya digo, de que está actuando en contra del consenso general, lo que puede afectar su imagen pública. Y este aislamiento o falta de consenso, puede debilitar la posición del partido. Pero también puede haber una lectura positiva del cambio: si lo explicas bien, si lo asumes con transparencia, puedes ganar autoridad moral y transmitir la idea de valentía. Eso sí, requiere mucha claridad y mucha pedagogía.

La política combina dos ingredientes que parecen opuestos: principios y adaptación. Saber cuándo hay que ser flexible y cuándo hay que mantener una posición firme es parte del arte político. Si eres inflexible siempre, te desconectas de la realidad. Pero si cambias todo el tiempo, pierdes identidad. En este caso, Foro ha mantenido su postura respecto al desarrollo de Naval Azul, lo cual refuerza su imagen de firmeza mientras el PSOE, que ha mostrado mayor flexibilidad, intenta presentarse como pragmático. El tiempo y la percepción ciudadana dirá cuál ha sido la mejor aproximación en este contexto, es decir qué estrategia ha sido más eficaz.

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En política hacer no es suficiente: además, hay que poder contarlo. En el juego político, la autoría es esencial. Que se te atribuya una obra pública, una reforma, un nuevo servicio, puede reforzar tu perfil de gestor eficaz o de defensor del bien común. Y al revés: si te ven como un actor que obstruye o ralentiza proyectos, puedes pagarlo en términos de credibilidad y apoyo electoral. En este caso concreto, la disputa no es solo jurídica o técnica: es una lucha por la legitimidad de la gestión urbana, por quién capitaliza el rédito político del proyecto Naval Azul.

Foto: El Comercio

Hasta donde yo sé, parece que el PSOE sostiene que no se ha formalizado jurídicamente una cesión gratuita de los terrenos de la franja al Ayuntamiento. Es decir, aunque en los pliegos de venta del suelo (cuando la Autoridad Portuaria vendió los terrenos a la empresa promotora de Naval Azul) aparece recogida la intención de ceder esa franja para uso público, según el PSOE, no existe aún una escritura notarial ni un acuerdo firme del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria que haga legalmente efectiva esa cesión.

Desde su punto de vista, la cesión es condicional y no definitiva, es decir, que podría depender de trámites pendientes o de interpretaciones jurídicas. La cesión tampoco figura registrada como tal en el Registro de la Propiedad a favor del Ayuntamiento. No quieren asumir como “hecho consumado” una cesión que jurídicamente puede no estar cerrada, lo que implicaría, por ejemplo, que el Ayuntamiento asumiese obras o mantenimiento sin base legal firme.

En resumen, el PSOE no niega la intención de ceder, sino que cuestiona que exista un acto jurídico vinculante que confirme esa cesión ya ejecutada. Esa postura es muy importante porque si se demostrara que sí existió una cesión formal y el PSOE ha dicho lo contrario durante semanas, el coste político sería doble. Por una parte, pérdida de credibilidad, pues parecería que obstaculizaron un proyecto de ciudad por motivos partidistas. Y, lo que es peor,en términos de partido, daño a su imagen como garante de la legalidad. Su argumento principal se desactivaría, y podrían pasar a ser vistos como quienes bloquean el interés general.

Ganar la batalla ante la opinión pública

Las malas lenguas dicen también que el equipo de gobierno del Ayuntamiento podría tener documentos a favor y no hacerlos públicos. Ahí entramos en el terreno de la estrategia política. Hay varias hipótesis: una, que estén esperando el momento más oportuno para hacerlos públicos, en función de los tiempos políticos o judiciales. Otra, que se trate de mantener cierta tensión negociadora con otras administraciones, como la Autoridad Portuaria o el Gobierno central. También puede influir la prudencia jurídica: mostrar un documento sin tener aún todos los trámites cerrados podría debilitar su posición en un conflicto legal. Pero claro, eso tiene su contrapartida: cuanto más se alarga el silencio, más se alimenta la sospecha. Y el relato mediático puede volverse en su contra.

En esa batalla de imagen, el equipo de gobierno puede reforzar su imagen de “gestores que desbloquean proyectos”, como ya han hecho con otras iniciativas. Si consiguen mostrar que la franja es parte de Naval Azul y que lo están sacando adelante pese a los obstáculos, se posicionan como impulsores de la ciudad. El PSOE, por su parte, puede presentarse como el garante de la legalidad y del buen uso de los bienes públicos, especialmente si logra sembrar dudas sobre la transparencia del proceso. Pero tiene que tener cuidado: si se les percibe como quienes frenan un proyecto urbano ambicioso, eso puede costar votos, sobre todo en una ciudad que espera avances tras años de bloqueo. Y la Autoridad Portuaria, si se ve presionada, puede tratar de mostrarse neutral, técnica y al margen del ruido político.

Vistas las posiciones, ¿podría decirse que la batalla electoral ya está en marcha?

Absolutamente. Como he comentado en otras ocasiones, la maquinaria electoral nunca para y la munición está siempre preparada. Aunque las elecciones municipales estén aún lejos en el calendario, el clima preelectoral se activa mucho antes cuando hay temas sensibles, y este lo es. Todo lo que ocurre en torno a Naval Azul tiene un fuerte contenido simbólico: habla del modelo de ciudad, de la relación con el mar, del empleo, del uso de espacios públicos… y todo eso toca fibras emocionales y políticas profundas en Gijón. Además, al haberse polarizado entre Foro y PSOE, con el PP más cerca del primero, el terreno está abonado para una narrativa de confrontación. La batalla electoral ya ha comenzado, y esta franja es una de las primeras trincheras.

Adelantar los planes de adecuación de los terrenos y abrir al público cuanto antes el nuevo espacio es un movimiento político inteligente desde el punto de vista estratégico. Foro ha entendido que, más allá de la disputa legal sobre la franja, la ciudadanía quiere ver avances concretos, no papeles ni excusas. Al comenzar ya con las obras en los terrenos que están bajo su control, lanzan un mensaje claro: “nosotros no discutimos, actuamos”.

Es una forma de tomar la iniciativa, de colocarse como fuerza de acción frente a la inacción o la burocracia. Además, cambia el marco del debate: ya no se habla solo de quién tiene razón sobre la franja, sino de quién está realmente mejorando la ciudad. Y en política, muchas veces, quien muestra hechos visibles gana el relato.

También hay un componente electoral claro: si logran abrir al público parte de Naval Azul antes de las elecciones, aunque sea parcial, la imagen de una transformación en marcha puede pesar mucho más que cualquier informe técnico. Así que sí, es un movimiento políticamente muy inteligente.

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Dicho esto, la abstención en una votación puede interpretarse de diversas maneras según el contexto político, estratégico e institucional:

• Neutralidad formal: no se toma partido de manera explícita.
• Cálculo estratégico: puede usarse para no asumir costes políticos directos.
• Indecisión o falta de acuerdo interno: en algunos casos, la abstención refleja divisiones dentro del grupo político.
• Evitar bloqueos institucionales: en algunos sistemas, abstenerse puede facilitar que se tomen decisiones sin asumir una postura clara.

¿Por qué escribo hoy sobre la abstención? En el contexto específico de Gijón parece especialmente oportuno a raíz de la votación sobre la declaración de zonas tensionadas en los barrios de La Arena y Cimadevilla.

Foto: El Comercio

La abstención inicial de Foro y PP puede interpretarse como un intento de ganar tiempo y evitar enfrentamientos directos antes de tener una postura más definida, como también puede servir para aplazar la toma de una decisión clara. Al no votar en contra en ese primer momento, permitieron que la iniciativa avanzara sin asumir un coste político inmediato.

De esta forma, se ha convertido en una herramienta estratégica que les permite evitar tomar una posición firme en un momento determinado, por falta de información suficiente, por la necesidad de evaluar mejor el impacto de una decisión o, incluso, con la intención de no generar conflictos internos o externos antes de tiempo. Sin embargo, al haber pasado de la abstención a un voto en contra, han terminado por tomar una posición clara en contra de la medida, lo que puede interpretarse como una falta de coherencia política.

No obstante, este tipo de cambios no son infrecuentes en política, aunque siempre conllevan un riesgo de desgaste si los ciudadanos o los adversarios políticos lo interpretan como una falta de solidez en las decisiones. Digamos que el grado de riesgo depende del contexto político en el que se tome la decisión. Desde un punto de vista formal, cualquier partido o representante puede cambiar su postura después de haberse abstenido en una votación. Sin embargo, como decía, este tipo de cambios pueden traer consecuencias negativas. Veamos cuáles.

• Incoherencia política: un cambio de postura puede interpretarse como una falta de consistencia, lo que da lugar a críticas por parte de otros actores políticos y de la ciudadanía.
• Acusaciones de oportunismo: si un partido se abstiene en un primer momento y luego vota en contra o a favor, puede parecer, a ojos de la ciudadanía o del resto de partidos, que está intentando evitar responsabilidades o que está reaccionando a presiones externas.
• Erosión de la credibilidad: si estas modificaciones de postura son frecuentes, pueden generar desconfianza entre los votantes y los propios aliados políticos, ya que se percibe una falta de principios claros o una toma de decisiones basada en cálculos electorales más que en convicciones.

Reitero: abstenerse no impide que se posicionen después

No obstante, un gobierno debe evaluar cuidadosamente cuándo y por qué opta por esta vía y esto depende mucho del contexto en el que se produzca.

En un gobierno con mayoría absoluta, la abstención puede ser una herramienta táctica para no desgastarse en debates innecesarios o para dejar margen de maniobra a otros actores políticos. Sin embargo, en un gobierno sin mayoría, abstenerse en votaciones clave puede ser visto como una señal de debilidad o de incapacidad para gobernar con decisión.

Por otra parte, en asuntos técnicos o de escasa relevancia política, la abstención puede no tener grandes repercusiones. En temas altamente sensibles o de gran impacto social (como puede ser este), la falta de una postura clara puede generar críticas, tanto de la oposición como de la ciudadanía.

En tercer lugar hay que considerar si nos encontramos ante escenarios de alta confrontación, donde abstenerse puede ser visto como una forma de evitar tomar partido y esto puede provocar acusaciones de falta de valentía o liderazgo. En contextos menos polarizados, sin embargo, la abstención puede ser interpretada como una señal de prudencia o de búsqueda de consenso.

Un cuarto factor a tener en cuenta, sería que los votantes pueden interpretar la abstención, ya digo, como un intento de esquivar responsabilidades, lo que podría debilitar la confianza en el gobierno. Si se percibe que la abstención obedece a cálculos políticos en lugar de razones de fondo, puede generar un desgaste a largo plazo.

Las ventajas (o no) de abstenerse

A la vista de lo expuesto, parece que existen muchos riesgos al adoptar esta postura, si bien esto no es del todo así, porque la abstención puede evitar asumir un coste político inmediato, una cuestión de alta relevancia en política. Así que parece recomendable cuando un tema es polémico o divisivo, donde abstenerse puede permitir a un partido observar cómo evoluciona el tema antes de definirse.

También puede ser útil cuando no se quiere perturbar a ciertos sectores del electorado o cuando se busca mantener relaciones con distintos actores políticos. En esas circunstancias, facilita la flexibilidad en negociaciones futuras. Al no posicionarse de manera firme, un partido puede dejar abierta la puerta para modificar su postura si las circunstancias cambian. Y puede servir como una estrategia para influir en futuras discusiones sin quedar atado a una decisión concreta.

Otra de las ventajas de la abstención es que puede usarse como herramienta de presión, como un mensaje político para que otros partidos reconsideren su posición o busquen consenso. De este modo, sirve para condicionar una negociación, mostrando que un partido no se opone del todo, aunque tampoco da su apoyo sin condiciones.

Por último, la abstención evita fracturas en el partido cuando dentro de una formación política hay discrepancias sobre un tema y abstenerse puede evitar tensiones o divisiones internas. Se diría que es una forma de mantener la unidad sin obligar a los miembros del partido a tomar una postura que podría generar conflictos.

En el caso la declaración de zonas tensionadas, la abstención inicial de Foro y PP pudo ser táctica, pero ahora, al votar en contra, ha generado dudas sobre su coherencia, de ahí que ahora traten de salir del problema.

Reconstruir el relato para recuperar credibilidad

Su reto ahora es justificar este giro de manera convincente, ya sea argumentando un cambio de contexto, diferenciando la abstención de un apoyo real, trasladando la responsabilidad a otros actores o proponiendo una alternativa viable. La clave estará en cómo comuniquen su mensaje y en si logran evitar que esta decisión dañe su credibilidad a largo plazo.

Pueden sostener que han cambiado las circunstancias, explicando que su voto en contra responde a nueva información o a un análisis más detallado que no tenían en el momento de la abstención. Un ejemplo sería afirmar que ahora tienen más información y han reconsiderado su posición. Inicialmente optaron por la abstención porque querían evaluar mejor el impacto de esta medida, pero con más datos en la mano, han decidido que no es la mejor opción para Gijón.

Otra vía es diferenciar la abstención de la aprobación para desactivar las acusaciones de incoherencia, recordando que abstenerse no equivale a apoyar la medida. Podrían explicar que la abstención no significó un respaldo a la propuesta, sino un acto de responsabilidad para que se discutiera en profundidad.

También pueden desplazar parte de la responsabilidad a otros actores, como ya se ha hecho. Martínez Salvador argumentó que el informe previo del Principado no era suficiente por ausencia de datos y de la memoria justificativa.

Finalmente, cabría reformular la postura con una propuesta alternativa que suavice el cambio de posición, evitando recurrir a la declaración de zonas tensionadas y mostrando que no se trata simplemente de rechazar la medida, sino de ofrecer otra solución viable.

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Un cese puede responder al desgaste en cualquiera de estas dimensiones. En el caso de Pablo de Soto, su salida puede relacionarse con una percepción de escasos resultados al frente de LABoral, pero también con dinámicas internas del gobierno. No parece tratarse solo de su desempeño: LABoral ha tenido cinco directores desde 2007, lo que apunta a una inestabilidad estructural más que a una deficiencia individual.

Los gobiernos no siempre cesan a alguien por una mala gestión, sino por la necesidad de mostrar un cambio de rumbo. En este caso, es posible que el Ejecutivo haya querido relanzar la relevancia e impacto cultural de LABoral. Además, los nombramientos en organismos públicos dependen del respaldo de personas clave: si quien propuso a De Soto ha perdido peso o se ha redefinido la estrategia cultural, su continuidad se vuelve inviable.

LABoral, además, tiene alta visibilidad en un ámbito políticamente sensible como la cultura. Y las políticas culturales no son neutras: cada gobierno imprime su modelo de gestión artística. Si el proyecto impulsado por De Soto no encajaba en la nueva visión, su salida puede entenderse como un intento por redefinir el papel institucional de LABoral.

En cambio, el traslado de Nieves Roqueñí al Puerto del Musel refleja un ajuste de confianza, más que una pérdida total de respaldo. La salida de Laureano Lourido, por su parte, parece deberse a una “pérdida de confianza política”, más que técnica. Pese a las polémicas de su gestión, el relevo forma parte de una reconfiguración del poder portuario, lo que indica que había dejado de contar con el apoyo del gobierno autonómico.

Estos movimientos responden a la voluntad de reforzar el control político sobre organismos estratégicos como los puertos, con fuerte peso económico y conexiones con el sector empresarial. El relevo de Lourido y el nombramiento de Roqueñí apuntan a un reposicionamiento deliberado de liderazgos en el Puerto del Musel, en el marco político del Principado.

No todo es cuestión de siglas. La afinidad partidista influye en nombramientos y ceses, pero no es el único factor. También cuentan la gestión y los resultados: compartir ideología con el gobierno no garantiza la permanencia si hay un mal desempeño o se generan controversias. A veces, los cambios obedecen también a acuerdos internos o reajustes de poder, incluso dentro del mismo partido.

Asimismo, la presión externa de medios, ciudadanía o grupos de interés) puede acelerar ceses o nombramientos para mejorar la imagen pública o desactivar tensiones. El caso de LABoral es ilustrativo: años de problemas de dirección apuntan a una crisis estructural más que a un simple giro político.

Generar y perder confianza política

La confianza institucional se construye a través de una gestión eficaz, el cumplimiento de objetivos y la coherencia con la estrategia del partido. La lealtad interna, la capacidad para evitar conflictos y una buena imagen pública, sin escándalos ni polémicas, refuerzan esa confianza.

También ayuda tejer alianzas estratégicas dentro del aparato político, que permiten sostenerse en momentos difíciles. Por el contrario, la confianza se debilita por resultados decepcionantes, conflictos internos o un desajuste con los nuevos objetivos del partido o del gobierno, incluso aunque no haya errores de gestión.

Otro riesgo relevante son las crisis mediáticas. Un cargo puede cumplir técnicamente con sus funciones, pero si acumula polémicas, su continuidad se vuelve insostenible. A veces, la pérdida de confianza se produce simplemente porque ya no encaja en la estrategia general y hay que reposicionar liderazgos.

Es frecuente que alguien conserve la confianza institucional aunque no tenga respaldo social. Algunas figuras son clave para la estabilidad interna, aunque su imagen pública esté deteriorada. Esto es habitual en periodos electorales, donde los partidos priorizan la cohesión antes que el consenso ciudadano. Se mantienen perfiles útiles estratégicamente, aunque impopulares.

El caso de Nieves Roqueñí, nombrada presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, lo ejemplifica bien. Su traslado desde la Consejería puede entenderse como una forma de preservar su confianza interna, reduciendo su exposición pública. Aunque contaba con el respaldo expreso del presidente Barbón, su perfil generaba críticas como figura polarizadora.

El movimiento es políticamente interesante y puede leerse en dos claves: interna, para renovar el equipo sin excluirla por completo; y estratégica, situándola en un puesto relevante pero menos visible.

“Ayudar” a la ciudadanía a compartir confianza o desconfianza

La confianza política no se da por sentada: se construye con narrativa y estrategia comunicativa. La ciudadanía interioriza sus percepciones a partir de relatos coherentes que dotan de credibilidad a decisiones y liderazgos. Medios y redes sociales cumplen un papel clave al destacar logros o señalar fallos, con el objetivo de cimentar o erosionar una figura pública.

Una línea discursiva clara, que explique por qué un nombramiento o cese es positivo, contribuye a moldear la opinión pública. Respaldar ese relato con datos objetivos sobre resultados o fracasos lo hace más creíble.

La repetición de mensajes consistentes refuerza la percepción de competencia o incompetencia. Si se quiere justificar un cese, insistir en los problemas de gestión ayuda a construir una narrativa de responsabilidad. Si se quiere legitimar un nombramiento, destacar méritos y presentar el cambio como necesario genera aceptación desde el principio.

En definitiva, una narrativa política eficaz no solo informa, sino que condiciona el marco emocional y cognitivo con el que la sociedad evalúa a sus representantes.

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Un juicio puede dañar la reputación del partido afectado, generando dudas sobre su integridad ética y legal. Como señalan Weber y Easton, la legitimidad es clave para la supervivencia de los partidos, y cualquier sombra de corrupción puede debilitarla, sobre todo en contextos donde la ciudadanía percibe un sistema político disfuncional. En España, casos como Gürtel o Púnica provocaron un desgaste que favoreció a partidos emergentes como Ciudadanos y Podemos, que se presentaban como opciones regeneradoras.

También puede provocar divisiones internas. Las tensiones entre quienes quieren proteger a los implicados y quienes prefieren marcar distancias pueden derivar en crisis de liderazgo o fracturas organizativas. Este tipo de procesos polariza a las bases del partido, sobre todo si se interpreta como una pugna interna o un conflicto de poder.

No obstante, los juicios también pueden servir como palanca de renovación. Si el partido actúa con transparencia y rapidez, puede convertir la crisis en un punto de inflexión. La politóloga Susan Scarrow sostiene que la gestión honesta de una crisis puede fortalecer la resiliencia partidista. Así, el proceso judicial podría ser utilizado para demostrar voluntad de cambio y proyección de una nueva etapa.

El control de la narrativa

Un juicio puede transformarse en una herramienta estratégica si se controla la narrativa. Una de las vías es reforzar el compromiso con la legalidad, presentándose como un partido que antepone la ética a los intereses personales. Esto resulta especialmente efectivo en democracias consolidadas, donde se espera que los partidos respondan con firmeza ante la corrupción.

Otra posibilidad es que el liderazgo salga fortalecido. El concepto de liderazgo carismático de Weber nos recuerda cómo una figura capaz de tomar decisiones difíciles en momentos críticos puede consolidar su autoridad. En este caso, Moriyón podría aparecer como una dirigente firme, comprometida con la transparencia y dispuesta a enfrentarse a figuras históricas como Álvarez Cascos.

También cabe una estrategia de distanciamiento: reconocer el problema, actuar con contundencia y enfocar el discurso hacia el futuro. Desde la teoría de la comunicación política, esta es una táctica eficaz para el manejo de crisis. Foro Asturias podría aprovechar este juicio para cerrar definitivamente una etapa vinculada a Cascos y relanzar su proyecto con nuevos referentes.

Cuando la justicia sacude a los partidos

El papel de Moriyón al llevar el caso a los tribunales puede reforzar su perfil como líder ética y decidida, dispuesta a asumir costes políticos en nombre de la regeneración. Esta posición podría consolidar su liderazgo interno y atraer apoyos entre quienes valoran una apuesta firme por la rendición de cuentas.

Sin embargo, no está exenta de riesgos. Moriyón pone en juego su capital político, es decir, la credibilidad que ha construido defendiendo valores de transparencia, y su legitimidad discursiva como representante de un partido que antepone los intereses colectivos a los individuales. Si la ciudadanía percibe que se trata más de una lucha interna que de una verdadera apuesta por la regeneración, el efecto podría volverse en su contra.

Los partidos son organizaciones que interactúan con actores diversos: ciudadanía, instituciones y medios. Un problema judicial los afecta en todos estos frentes. En primer lugar, puede alterar alianzas políticas, ya que otros partidos podrían distanciarse para no verse arrastrados o, por el contrario, aprovechar el momento para debilitar al partido afectado.

En segundo lugar, los medios de comunicación influyen en la construcción del relato: la cobertura que reciba el juicio puede convertirlo en un tema central del debate político, afectando directamente la percepción pública.

También puede provocar cambios internos. Como apuntaba Maurice Duverger, los partidos tienen bases sociales que pueden desmovilizarse o fragmentarse si se sienten desorientadas o traicionadas, generando disputas, dimisiones o reconfiguraciones.

Silencios estratégicos y liderazgos en disputa

La falta de reacción pública por parte de otros partidos podría deberse a una estrategia de no intervención. Evitar ataques directos puede responder al temor de parecer oportunistas, lo que podría alejar a votantes moderados. También puede ser una forma de eludir el riesgo de “contagio”, ya que criticar en exceso puede poner bajo el foco los propios puntos débiles. Además, existe una cierta fatiga electoral: una instrumentalización excesiva de procesos judiciales puede ser percibida como ruido político sin propuestas de futuro. Por eso, algunos partidos prefieren no intervenir, dejando que la justicia actúe, sin dar margen a Foro para victimizarse.

A esta estrategia se suma, posiblemente, un factor de peso, la figura de Francisco Álvarez Cascos. Su trayectoria política, tanto en Asturias como en España, sigue teniendo eco. Esto no solo es una cuestión táctica, sino un reflejo de cómo su legado condiciona aún el comportamiento de otros actores políticos.

Álvarez Cascos fue una figura clave en la política española, ministro en gobiernos de Aznar y fundador de Foro Asturias. Este recorrido le otorga una influencia que, aunque reducida, no ha desaparecido del todo. Líderes con ese perfil suelen mantener redes de lealtad en ciertos sectores políticos, económicos y mediáticos. Atacarlo directamente puede activar defensas, incluso entre quienes ya no lo respaldan públicamente.

Su estilo combativo también genera cautela: una confrontación abierta podría llevar a debates incómodos, en los que otros partidos tengan que justificar sus propias decisiones pasadas o rendir cuentas sobre asuntos que prefieren evitar. En Andalucía, por ejemplo, la oposición gestionó con prudencia las críticas a Chaves y Griñán por el caso de los ERE, conscientes del peso simbólico de esas figuras.

Durante su carrera, Cascos cultivó una red de colaboradores que todavía puede tener presencia e influencia en Asturias. Cargar directamente contra él puede ser percibido como un ataque a ese círculo, con el consiguiente riesgo de una reacción en bloque. En este contexto, el silencio puede ser más eficaz que la confrontación directa. Dejar que el juicio siga su curso, sin avivar el conflicto, puede ser una forma más prudente de gestionar el momento.

¿Quién gana y quién pierde?: el juicio como catalizador político

En Gijón, el PSOE parece estar aprovechando el juicio para debilitar a Foro en su principal bastión. Proyecta una imagen de partido ético y estable frente a la crisis interna de su rival, buscando atraer al electorado moderado, posicionarse como alternativa clara y reforzar su papel de oposición. Al asumir el protagonismo en la narrativa del juicio, el PSOE se sitúa en el centro del debate público, limita el margen de maniobra de otras fuerzas políticas y consolida su liderazgo local.

Esta estrategia también le permite reforzar su discurso de transparencia y regeneración. Sin embargo, su éxito dependerá de cómo lo perciba la ciudadanía. Si el relato se centra en valores como la honestidad y la estabilidad institucional, puede salir fortalecido. Si se percibe como un movimiento oportunista o excesivamente calculado, Foro podría beneficiarse del efecto rebote, presentándose como víctima de una ofensiva política.

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En teoría, cuando los representantes actúan en un órgano institucional como COGERSA, deberían anteponer el interés del gobierno y de la ciudadanía que representan al interés partidista. En la práctica, los límites son más difusos, ya que los partidos tienden a mantener su identidad propia incluso dentro de un gobierno de coalición. Esto es más evidente en periodos electorales o en asuntos de gran visibilidad pública, aunque en este caso no concurren ninguna de estas circunstancias. Por eso, resulta pertinente preguntarse qué otras motivaciones están detrás de la discrepancia y cómo inciden en la percepción ciudadana.

El reconocimiento de Foro de que no habló previamente con el PP refleja una falta de coordinación interna en la coalición y la ausencia de un protocolo claro para decisiones conjuntas, incluso en órganos donde representan al municipio. Aunque la cuestión no sea políticamente relevante a gran escala, una divergencia en el voto puede percibirse como un fallo de gestión. También puede interpretarse como un intento de Foro por reforzar su autonomía frente a su base electoral, evidenciando que toma decisiones independientes incluso fuera de un contexto electoral inmediato. En escenarios de bajo impacto político, algunos partidos procuran evitar quedar eclipsados por un socio mayoritario como el PP.

Más allá del fondo del asunto, la falta de alineación transmite un mensaje confuso. Representar a Gijón debería implicar actuar con una sola voz, y este tipo de diferencias simbólicas puede erosionar la imagen de unidad. El voto como gobierno debería estar en sintonía con los acuerdos programáticos de la coalición y proyectar coherencia en órganos externos, mientras que el voto como partido se reserva para asuntos no definidos en el pacto o estratégicos para la base electoral. La clave está en comunicar claramente a la ciudadanía por qué un tema no afecta al acuerdo y justificar el desacuerdo en términos técnicos o políticos, evitando que parezca una ruptura.

Qué consensuar, cómo comunicar y cómo evitar la imagen de debilidad

Hay ámbitos que necesariamente requieren consenso, como las decisiones estratégicas que afectan a toda la ciudad, los presupuestos, el urbanismo, las infraestructuras clave o las que impliquen una representación institucional. En cambio, en cuestiones menores o sectoriales, como cultura, deporte o medio ambiente, el partido que tenga la delegación puede actuar con mayor autonomía, siempre que mantenga una comunicación básica con su socio para evitar sorpresas.

Aunque desacuerdos como el de COGERSA no sean de alta visibilidad, pueden alimentar la percepción de que la coalición es débil o descoordinada, afectando a la confianza ciudadana. Para evitarlo, es necesario establecer protocolos de comunicación, consensuar posturas antes de votaciones en órganos externos, reforzar la unidad en público y gestionar las discrepancias en privado. También es importante construir una narrativa compartida que explique las diferencias como diversidad de perspectivas y no como fracturas, y revisar periódicamente el acuerdo de coalición para adaptarlo a nuevos retos.

El límite para diferenciar partidos sin perjudicar a la ciudad está en que las discrepancias no afecten a la gobernabilidad. Ambos pueden explicar con transparencia sus enfoques, subrayando que comparten el compromiso con el bienestar de Gijón y que las votaciones distintas no suponen una ruptura. Es fundamental mantener coherencia en la actuación, comunicar las áreas de competencia de cada socio y poner el énfasis en los resultados concretos obtenidos para la ciudad. Si los votantes perciben avances claros, aceptarán la existencia de enfoques distintos sin verlo como un riesgo para la estabilidad.

Estrategias, relación con otros temas y vigilancia ciudadana

Sobre la posible relación entre el voto en la Junta de COGERSA y el proyecto del vial de Jove, una cuestión que se comenta en los mentideros de la política local, no hay pruebas de que estén conectados, y sería deseable que no lo estuvieran por el bien de la política local. Lo más probable es que las diferencias respondan a estrategias y prioridades propias de cada partido. La baja visibilidad de estos asuntos no elimina la influencia de la vigilancia ciudadana: la presión pública puede alinear posiciones para mantener el apoyo electoral, pero las dinámicas internas y los intereses estratégicos de cada formación siguen desempeñando un papel central.

Enlaces relacionados:  Representar al Ayuntamiento y no al partido | Onda Cero Radio

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El hecho de que el último presidente elegido por la militancia date de 2015 plantea un reto de legitimidad interna para un partido que aspira a gobernar. La ausencia prolongada de procesos abiertos puede generar la sensación de desconexión con las bases, aunque también ha podido servir para garantizar estabilidad en etapas concretas. La intervención de la dirección regional para impulsar candidaturas consensuadas, sin embargo, podría interpretarse como una forma de control que limite la participación. Retomar mecanismos de elección abiertos no solo reforzaría la cohesión interna, sino que proyectaría hacia fuera la imagen de un partido democrático y conectado con la ciudadanía.

Liderazgo, consensos y el reto de mantener la coalición

Encontrar un presidente local no es tarea sencilla, incluso en un momento favorable para el PP en Gijón. La existencia de varios aspirantes, como Ángela Pumariega, actual vicealcaldesa; Pablo González, senador y presidente local; o José Manuel del Pino, refleja riqueza interna, pero también dificulta el consenso. A esto se suma la búsqueda de un equilibrio que evite fracturas y mantenga la estabilidad de la coalición con Foro Asturias, cuyo gobierno conjunto podría verse afectado por un cambio en la dirección local.

El desenlace del congreso tendrá un impacto directo en el grupo municipal. Una elección que divida puede entorpecer su coordinación y afectar la relación con su socio de gobierno, mientras que un liderazgo que priorice el consenso podría fortalecer la coalición. El resultado electoral también está en juego: cualquier imagen de disputa interna podría erosionar la confianza del electorado. Además, la continuidad o reorientación de las políticas municipales dependerá de si el nuevo liderazgo mantiene las prioridades actuales o impulsa cambios estratégicos.

Comunicación, rivales y la importancia estratégica del congreso

En este contexto surge la figura del “verso suelto”, como Pablo González, capaz de actuar con independencia de la línea oficial. Este tipo de perfiles pueden enriquecer el debate interno y conectar con electores alejados del núcleo duro del partido, pero también generan tensiones y proyectan la imagen de un partido dividido si no se gestionan adecuadamente. Integrarlos de forma constructiva sin que erosionen la unidad es un delicado ejercicio político.

El PSOE, mientras tanto, ya ha aprovechado la situación para destacar su propia apertura al debate interno y señalar que el PP busca solo un candidato. Esta narrativa puede dar munición política a los socialistas si los populares no logran proyectar que su estrategia busca unidad y no control. De nuevo, la comunicación será clave: explicar que se persigue evitar divisiones que comprometan el gobierno local puede neutralizar las críticas.

Aunque la preparación de un congreso interno suele pasar desapercibida para el gran público, su relevancia es alta. No solo define liderazgos, sino que permite redefinir estrategias, reforzar la cohesión y proyectar una imagen renovada. Estos procesos envían señales claras sobre la fortaleza, la legitimidad y la capacidad de gobernar de un partido. En el caso del PP de Gijón, el congreso local no será solo una cita interna: puede marcar el rumbo del partido en la ciudad y su capacidad para mantener la estabilidad en el gobierno municipal.

Enlaces relacionados: Congreso local del PP: una cita que tarda en llegar | Onda Cero Radio

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Foto: Europa Press

El valor del consenso y el arte de esperar

En política, recurrir al argumento de “porque yo mando” puede ser eficaz a corto plazo, pero supone un riesgo para la legitimidad a largo plazo. Las decisiones tomadas mediante diálogo y participación ciudadana suelen ser más estables, aceptadas y éticamente legitimadas. Sin embargo, el caso del Vial de Jove también ilustra otro aspecto clave: el timing. Tanto el ayuntamiento como el gobierno del Principado y el ministerio parecen estar midiendo los tiempos, como en una partida de póker, esperando que el otro asuma la iniciativa y el coste político. Esta estrategia puede servir para evitar el desgaste o para adaptarse a los movimientos del contrario, pero también implica riesgos si la inacción permite que el adversario defina el debate. Identificar la “ventana de oportunidad” es crucial: actuar demasiado pronto expone a críticas y hacerlo tarde puede dejar la agenda en manos ajenas. En este contexto, apelar al consenso y a la escucha de los vecinos se convierte en un recurso político que proyecta apertura y transparencia, aunque en la práctica sirva también para ganar tiempo o suavizar decisiones ya tomadas.

Impacto electoral y estrategias de cada actor

La controversia en torno al Vial de Jove ofrece a cada actor político oportunidades y riesgos. El gobierno municipal (Foro y PP) puede reforzar su perfil como defensor de los intereses locales frente al ministerio, presentándose como garante de la autonomía municipal y de la voluntad ciudadana. La oposición, por su parte, aprovecha para denunciar la falta de liderazgo y acción, proyectándose como una alternativa más proactiva y dispuesta a colaborar con el gobierno autonómico. El PSOE local enfrenta un reto particular: el cambio de postura del gobierno central ha generado malestar, especialmente en la zona oeste de la ciudad (el distrito 5), donde concentra buena parte de su apoyo electoral. Aunque la percepción de incumplimiento puede erosionar su base de votantes, el horizonte de las elecciones municipales de 2027 les otorga margen para corregir el rumbo. Si logran impulsar medidas que respondan a las demandas vecinales y construir una narrativa de compromiso y gestión eficaz, podrían mitigar el desgaste actual y recuperar la confianza perdida.

Enlaces relacionados:  Las dinámicas del poder | Onda Cero Radio

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Foto: Damián Arienza (El Comercio)

Gestionar el cambio sin perder credibilidad

La teoría política plantea que el éxito de un cambio de postura depende de la forma en que se gestione ante la opinión pública. Ser transparente sobre las razones del viraje, enmarcarlo como una evolución natural basada en datos o experiencias, y mantener coherencia con los valores fundamentales son estrategias clave para evitar que se perciba como incoherencia. Involucrar a expertos y ciudadanía mediante consultas refuerza la legitimidad de la decisión y permite presentarla como fruto del diálogo, no de la improvisación. En este sentido, la “herencia positiva”, es decir, el reconocimiento de que ciertas iniciativas del gobierno anterior benefician a la ciudad a largo plazo, es un concepto difícil de admitir en la política actual, marcada por la competencia partidista y la presión de las bases electorales, pero que puede aplicarse a proyectos como la renaturalización del Piles. Asumirlo públicamente permite al gobierno local proyectar una imagen de responsabilidad y visión a largo plazo, desligando la decisión de intereses partidistas.

Control del relato y agenda política

La polémica inicial sobre la desaparición del piragüismo en el Piles, uno de los principales argumentos críticos en el pasado, ha perdido protagonismo. Este cambio de foco no es casual: responde a una estrategia comunicativa que prioriza el encuadre del proyecto como un avance ambiental y social para Gijón. Los gobiernos suelen intentar orientar la agenda mediática hacia los aspectos que refuercen su imagen, minimizando temas incómodos y promoviendo mensajes a través de expertos, líderes comunitarios o campañas públicas. En este caso, la narrativa oficial ha sustituido el debate sobre la pérdida de una actividad deportiva por la puesta en valor de beneficios ecológicos, mejoras en la salud pública y recuperación de un espacio natural. Así, el gobierno no solo gestiona la ejecución de un proyecto heredado, sino también su percepción pública, aprovechando la oportunidad para convertirlo en un símbolo de compromiso ambiental y de continuidad institucional, más allá de las diferencias políticas previas.

Enlaces relacionados:  La renaturalización del Piles acaba siendo un “proyecto estrella” para todos | Onda Cero Radio

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