España ha alcanzado ya la madurez propia de los países desarrollados y posee desde hace décadas protocolos de prevención del acoso y planes de igualdad incorporados a través de la negociación colectiva a la cultura organizacional de nuestro país. Sorprende, por tanto, el caso de Emulsa, donde van ya por el tercer plan de igualdad de la empresa. Recordemos que desde 2019 es obligatorio para empresas de más de 150 empleados  y desde este año es preceptivo para todas aquellas organizaciones que empleen a más de 50 personas. Pero es que, además, existe en esta empresa municipal una comisión paritaria que trata de favorecer el principio de igualdad y, de forma general, recoge la propuesta de medidas para evitar el acoso sexual y moral en el trabajo. Y no solo es que la música suene bien, sino que se arbitran procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias y reclamaciones que se puedan formular. Las situaciones de acoso y conductas indebidas están perfectamente descritas y existe un protocolo de intervención ante ellas. Es más, Emulsa cuenta con un modelo de denuncia y se detalla quiénes son las personas a las que hay que acudir para denunciar los hechos. Se diría que los planes de igualdad son importantes (lo son y mucho) pero aún más su cumplimiento, para lo cual es fundamental el seguimiento y la evaluación. Y, seguramente, aquí es donde existen algunas fallas.

Al ser una empresa pública, concurren, además, otras circunstancias que trascienden el ámbito del trabajo, alcanzando el político, que es el que finalmente ha concitado la atención de los medios después de las informaciones iniciales, especialmente la celebración de ese consejo de administración extraordinario del pasado miércoles, en el que se cesó al director gerente de la empresa en medio de una importante disputa entre  PSOE, oposición, organizaciones sindicales y vecinales acerca de la asunción de responsabilidades y el nivel al que estas deben llegar. Podría decirse, incluso, que ambas partes tienen razón: es posible que la cadena de transmisión se interrumpiera en algunos de los eslabones iniciales, pero también lo es que lo que supuestamente es un problema recurrente no se resuelve con el señalamiento de una sola persona.

Es habitual que las organizaciones busquen chivos expiatorios para que asuman responsabilidades. Si esto sucede, suele producirse el “destronamiento” de alguna persona importante en la organización, en medio de lo que podríamos denominar “violencia sacrificial”, una inmolación con una fuerte carga simbólica, para tratar de cerrar una fase de conflicto importante e inaugura una nueva etapa de paz relativa, con el asentamiento de un nuevo liderazgo al que se presente como limpio, purificado.

En política, no obstante, la cuestión relevante es si esto es suficiente,  hasta dónde se pueden depurar responsabilidades o hasta donde la oposición solicita que llegue el sacrificio. El líder político es responsable en última instancia de todo lo que sucede en la organización , pero no parece lógico que deba estar al corriente de todas las situaciones que acontecen en ella, especialmente porque los problemas de acoso suelen ocultarse o minimizarse en los estadios inferiores y no siempre llegan a trascender a los superiores. No olvidemos que el sexual no es sino una forma específica de acoso en términos generales y, por tanto, suelen reproducirse los mismos roles: por una parte el miedo de las víctimas a denunciar, normalmente vulnerables e inmersas también en situaciones de precariedad laboral; por otra, los espectadores del acoso o los abusos, que tampoco se quieren ver salpicados por estas. Son clásicos en estos casos el miedo a ser el chivato del grupo o el efecto espectador, un fenómeno psicológico por el cual es menos probable que alguien intervenga en una situación de emergencia cuando hay más personas al tanto de la situación que cuando se está solo.

A la vista de los acontecimientos cabe preguntarse si el cese del gerente cerrará la crisis o un asunto tan turbio seguirá pasando factura y desgatando al equipo de gobierno. La respuesta parece compleja. Seguramente dependerá de la habilidad que tengan los responsables de la organización para  presentarlo posteriormente ante la opinión pública como una cuestión privada, de comportamiento de personas. En caso contrario, este acabará escalando y afectando a posiciones más importantes. Estamos muy acostumbrados a observar cómo se rentabilizan políticamente asuntos relacionados con la corrupción o el fraude  y este tipo de situaciones han buscado distintos objetivos, entre los cuales podría estar desde desprestigiar a oponentes hasta debilitar o derribar gobiernos, en lo que suele denominarse un “golpe blando”, el cual puede incluir también el intento de manipulación de redes sociales y medios de comunicación a tal fin. No son tan habituales en nuestro país, sin embargo, estos temas de índole sexual, que no están directamente relacionados con un dirigente político, pero que son socialmente muy sensibles, espinosos y, precisamente por eso, se les puede sacar un gran aprovechamiento político. En este sentido suelen ir las acusaciones de maniobras para tapar el caso, para proteger a figuras clave de las organizaciones, que bien ejecutadas pueden llegar también hasta piezas políticas más o menos relevantes en el nivel en el que se produzcan los hechos.

En todo caso, quizás cabe enmarcar estas maniobras políticas en otros fenómenos más amplios como la excesiva judicialización de la política, que ya es motivo de preocupación en la Unión Europea. Es una manera de condicionar la política de manera más rápida y económica que haciendo largas y costosas campañas electorales y se ha generalizado en España especialmente desde que los nuevos partidos decidieron poner el listón muy alto y determinar que imputación significa dimisión, una práctica que, por cierto, se ha vuelto a menudo en contra de quienes la han propugnado.  No es necesario que nadie acabe condenado. El simple ruido que se genera o que el acusado sea investigado o acabe en el banquillo, aunque finalmente sea absuelto, es suficiente para que esa persona u organización pierda crédito. Estos procesos se demoran mucho y todo ese tiempo transcurrido y la presencia en los medios o las redes sociales desgasta mucho la imagen de las personas u organizaciones implicadas. El simple mantenimiento en el tiempo es ya una estrategia y más en casos como los de acoso sexual, que, como decía antes, son muy sensibles para la opinión pública.

Enlaces relacionados: Caso Emulsa: de lo político y lo laboral | Onda Cero Radio

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El dirigente sindical no pueden ser tachado de oportunista puesto que hacía esta misma reflexión cuando se produjo otro accidente mortal en mayo de 2014, suceso que provocó una huelga de diez días en la factoría.  Tras aquello, la empresa reconoció implícitamente fallos en la seguridad. No de otra forma se puede entender que aceptaran introducir todas las medidas propuestas por los trabajadores, constituyeran una coordinadora de seguridad y salud y reforzararan la vigilancia y el control de la seguridad en la factoría gijonesa, eso sí, con la contratación de una empresa externa. El propio González Carnero se mostraba satisfecho del acuerdo alcanzado entonces, otra cosa es que posteriormente se pasara del compromiso a la acción. Y todavía podemos remontarnos más atrás en la preocupación por las condiciones laborales de los trabajadores de Armón, pues en julio de 2013 en el marco de la Semana Negra (celebrada, por cierto, en los terrenos que antes ocupaba Naval Gijón) el propio González Carnero repartía unas octavillas en las que se denunciaba las precarias condiciones laborales de la plantilla de Armón-Gijón. Por aquel entonces, yo mismo trasladé la intranquilidad de los trabajadores al público asistente a la presentación del libro “Astilleros en el Arco Atlántico”.

Es la primera muerte de 2015 en Asturias, tras un 2014 de alta siniestralidad con14 fallecidos en un año en el que hubo 21.000 accidentes de trabajo más en España (un incremento del 5% hasta noviembre) con respecto a 2013, y desde los sindicatos se culpa de este repunte (tras años de descenso, bien es cierto) a la precariedad laboral. Ya dije al comienzo del post que lo ocurrido en Armón se ajusta estrictamente al canon de accidente sin buscar explicaciones alternativas, y así hay que considerarlo mientras la investigación oficial no diga lo contrario. Pero seguramente las organizaciones sindicales no estén desencaminadas cuando argumentan que pudiera existir una conexión entre siniestralidad laboral y precarización de las condiciones de trabajo. La literatura sociológica es profusa en la descripción de la desregulación laboral y de los efectos precarizantes de la “empresa mínima” y de la externalización de actividades, procesos que parecen formar parte del ADN de Armón Gijón.

Aunque tienda a obviarse, no podemos olvidar las consecuencias de la precarización para las empresas y el tejido productivo en general, ya que la inseguridad laboral impide generar las bases para su sostenibilidad y dificulta la cualificación de los trabajadores, algo que no podría ser sin el papel clave que las instituciones juegan mediante la legislación o la falta de ella. Pero la inseguridad de empleo y de salarios tiene en primera instancia efectos indeseados para los trabajadores, también en términos de accidentes laborales. No hay que remontarse a las condiciones laborales precarizantes de la Revolución Industrial, ni siquiera a la política del Five Dollar Day de Henry Ford, un paternalismo patronal tras el que se ocultaba el mantenimiento de los trabajadores en las duras condiciones de las cadenas de montaje o cláusulas restrictivas y disciplinarias que limitaban el acceso a los aumentos salariales. Resultaría ingenuo, incluso, pensar a estas alturas que el capitalismo industrial no busque el aumento de la productividad y de los beneficios por encima de cualquier otra consideración pero, como en todo, hay líneas rojas que no deben superarse. La vida de las personas tiene que estar pintada de este color… y con trazos gruesos.

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Que trabajadores de Tenneco han sido inasequibles al desaliento es evidente, como también lo parece, en este caso las afirmaciones no pueden ser tan rotundas, que factores contextuales regionales, nacionales e incluso internacionales,  han favorecido su lucha. O para quienes prefieran darle la vuelta al argumento,  el entorno en el que se han movido los trabajadores se ha visto potenciado por  las movilizaciones de los trabajadores, por otra parte intachables en su forma. Yo diría que unos y otros argumentos se han retroalimentado. Veamos:

1. La composición del comité de empresa. Los representantes de los trabajadores, votados en las correspondientes elecciones sindicales, es una consecuencia indubitable de la voluntad de aquellos. En el caso de Tenneco la movilización en contra del cierre ha sido organizada por la propia asamblea de trabajadores y el comité ha  jugado un papel decisivo en la dirección de la misma. La unidad de acción permitió articular y dar coherencia a las movilizaciones durante los momentos más difíciles. El éxito es enteramente de los trabajadores pero que el conflicto llegara con este comité, en el que existía un perfecto equilibrio de fuerzas es una cuestión puramente azarosa. Esta ponderación ofrecía un perfecto escenario, con la presencia, por un lado, de representantes de las organizaciones sindicales mayoritarias que podían ejercer presión ante sus federaciones (aunque estas no estuvieran muy de acuerdo con verse apartadas de la primera fila de las movilizaciones) y, por otro, de organizaciones minoritarias con menor apoyo de los aparatos pero una mayor libertad de acción, combatividad y, lo que es más importante, experiencia en movilizaciones efectistas (y efectivas) y en el manejo de los tiempos.

2. Muy vinculado con lo anterior, se encuentra el hecho de que los trabajadores no permitieran siglas ni injerencias externas. Hay muchos ciudadanos dispuestos a manifestarse en defensa de sus derechos pero se muestran reticentes a situarse detrás de una pancarta que los identifique con partidos u organizaciones sindicales. La ausencia de estos en las manifestaciones, junto a la justicia de sus  reivindicaciones, permitió ganar músculo a los trabajadores de Tenneco, que vieron como sus  convocatorias eran refrendadas por miles de ciudadanos. Durante esta crisis se ha incrementado entre la ciudadanía la sensación de no sentirse representados por partidos políticos y sindicatos, una impresión que, en el caso de Asturias se ha visto reforzada por la destrucción de una importante parte del tejido industrial ante la aparente pasividad de sus representantes. El sector naval, las minas de La Camocha o Suzuki, ésta última mucho más reciente, mantienen fresca en la memoria de los asturianos, y especialmente de los gijoneses, el discurso de la inevitabilidad de los cierres y las negociaciones de mínimos (aún con indemnizaciones máximas) para “minimizar” el impacto social.

Foto: El Comercio

3. La cuestión institucional. A pesar del riesgo de que el conflicto de Tenneco terminara como los anteriormente mencionados, sus trabajadores tuvieron la habilidad de implicar a las autoridades políticas regionales. Un nuevo éxito en la gestión  del conflicto que se veía acompañado de factores contextuales. Los políticos asturianos quizás en esta ocasión fueron conscientes de que la sangría industrial no podía continuar en un momento en el que la concatenación de cierres empresariales resultaba insoportable. La implicación de la política regional no hubiera resultado decisiva de no haber entrado en juego las instituciones europeas. De Asturias se llegó hasta Bruselas (pasando por Madrid, con la filtración de los planes de Tenneco sobre Ermua), con la Comisión Europea tomando cartas en el asunto, en un momento en el que un asturiano ejerce como jefe de gabinete del vicepresidente de la Comisión. Otro hecho que reafirma que la alineación de astros en el caso de Tenneco ha sido casi perfecta.

4. La geopolítica. Para terminar de cuadrar el círculo, estalló el conflicto de Ucrania, que añadió un elemento más de incertidumbre al deterioro que se estaba produciendo en las relaciones comerciales entre Rusia y Estados Unidos (no olvidemos que la matriz de Tenneco se encuentra en Illinois). La posibilidad de que las sanciones económicas incrementen los costes de producción,  junto al incremento del riesgo que supone la amenaza de un conflicto bélico en la zona, han podido jugar un papel decisivo en el cambio de planes de la multinacional norteamericana. Las empresas, ya lo sabemos, sienten aversión al riesgo, y la inestabilidad política y económica de la zona son portadoras de grandes inseguridades que prefieren evitar.

Foto: El Comercio

A la espera de la resolución de este largo conflicto, no existen dudas del papel decisivo que han jugado los trabajadores en su gestión de la crisis, pero parece que otros factores coyunturales se han aliado a su favor. En cualquier caso, parafraseando a Pablo Picasso, que pedía que las musas le llegaran en plena faena, se podría decir que los trabajadores de Tenneco pensaron cuando se inició el conflicto laboral: ¡que los astros me encuentren luchando!

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El importante rol que la actividad naval ha desempeñado para las economías nacionales, regionales y locales, ha sido uno de los principales motivos del mantenimiento de la actividad de muchos astilleros a pesar de las vicisitudes por las que éstos han pasado en las últimas tres décadas. Y podían ser más las factorías navales de nuestro país, si la industria no hubiera sido denostada en los últimos tiempos por gobiernos de las distintas administraciones.

El pasado martes, como ya anticipé en la entrada anterior, se presentó en la Semana Negra el libro “Astilleros en el Arco Atlántico. Trabajo, historia y patrimonio”, en el que su editor, el historiador asturiano Rubén Vega, me propuso escribir un capítulo. La obra, multidisciplinar y “glocal” reúne textos en los que se abordan, entre otros temas, la acción colectiva de los trabajadores y una cultura del trabajo específica que diferencia al naval de otros sectores de actividad. Pero también la importancia de la construcción naval para la economía, una cuestión insoslayable en el actual conflicto por el “tax lease” y a la que aludo en el capítulo correspondiente.

El sector de la construcción y reparación  naval  se ha constituido desde siempre en  un sector estratégico para España, no tanto por su dimensión económica, ya que solamente supone en torno al 1% del PIB nacional, como por la tradición marítima del país, con sus casi 8.000 km. de costa. Además, el sector naval posee una extraordinaria capacidad exportadora, lo que implica un importante peso en la balanza de pagos nacional  y resulta un sector altamente competitivo por la alta tecnología que incorpora.

A nivel regional, la actividad naval también ha tenido históricamente una importante dimensión económica, con implicaciones directas en el tejido industrial asturiano. Los astilleros se convirtieron en una industria clave en una región fuertemente castigada por la reconversión industrial de los años ochenta y a la que aportaban un volumen nada despreciable de trabajadores. Solamente Gijón, empleaba en sus astilleros a casi un millar y medio de empleados en los albores de los años sesenta, una cifra que alcanzaría su máximo histórico en torno a los 4.000 trabajadores a finales de los años setenta, en la época de mayor efervescencia de la construcción naval en la bahía gijonesa.

Al igual que en el ámbito nacional, la industria naval ha ejercido siempre un importante influjo sobre otros sectores de actividad locales, por el montante de sus compras y por la tecnología que incorporan sus construcciones, factores que convierten a los astilleros en  agentes del desarrollo regional. La construcción naval es una labor coordinada de oficios, que hay que considerar desde una perspectiva multisectorial y  que genera un empleo inducido que se estima, según las fuentes consultadas, entre tres y cinco trabajadores indirectos por cada puesto de trabajo directo.

Si en el ámbito regional el impacto es decisivo, no son menores sus consecuencias cuando descendemos hasta el nivel local. A modo de ejemplo, los ocho buques para el transporte de productos químicos que Naval Gijón construyó entre 1995 y 2006 supusieron una facturación de más de 300 millones de euros y 350.000 horas anuales de trabajo directo para el astillero, con la repercusión económica derivada de esta actividad para una ciudad de tamaño medio como Gijón.

Hace cuatro años que las grúas del astillero de El Natahoyo dejaron de formar parte de un paisaje al que pertenecieron durante más de un siglo. Muchos de sus trabajadores y buena parte de la sociedad asturiana se preguntan si este final era inevitable, máxime cuando en otras regiones españolas y europeas se continúan construyendo barcos  en astilleros de similares características al gijonés. Que no se repita la historia.

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Foto. El Mundo

La ausencia de normas o la incapacidad de la estructura social para proveerlas a los individuos impiden que éstos logren alcanzar determinadas metas dentro de la sociedad. Esto es lo que ya en 1897 opinaba Durkheim, quien escribía que la tendencia anómica inherente al suicidio tiene su origen “en el mundo del comercio y de la industria”. El sociólogo francés demostraba ser un avanzado de su época al describir el suicidio como dependiente de crisis supraindividuales, socio-culturales, económicas y políticas, más allá de los condicionantes psíquicos de los sujetos.

Las estadísticas de suicidios en France Télécom superaban la media nacional en 2009, cuando la edición española de Vanity Fair denunciaba que la dirección de la compañía premiaba con remuneraciones extras a los ejecutivos que consiguieran que los empleados abandonaran voluntariamente la empresa. Al menos 35 de ellos la dejaron de una manera que, previsiblemente, no entraba en los planes de los estos altos directivos. Pero la Justicia francesa considera que se pudo haber “puesto en marcha un sistema destinado a crear el sufrimiento a sus empleados”.

Los estados fracasan si no son capaces de regular adecuadamente las dinámica propias del capitalismo post moderno o de equilibrarlas mediante normas jurídica que limiten el excesivo afán de lucro. Y en el contexto de una crisis económica como la que asuela a buena parte de Europa, esto se traduce en multiplicación de las consecuencias no deseadas. Ya el propio Durkheim trató de medir con los datos estadísticos a su alcance la influencia de las crisis económicas sobre la tasa de suicidios, encontrando una correlación positiva entre ambas. En este caso, la recesión económica parece haber influido mucho en el episodio de los empleados de France Télécom, ya que los informes médicos aportados al sumario dicen que los trabajadores que decidieron acabar con sus vidas eran, aparentemente, personas equilibradas en lo emocional y no especialmente vulnerables.

Foto: El País

Quizás el acoso no haya sido suficiente, a pesar de que el estrés y el miedo se hayan incrementado en el mundo laboral hasta límites insoportables en algunos casos. Por si acaso, yo apuntaría al menos dos razones más: una cultura del trabajo que ha convertido a éste en un fin en sí mismo y la incapacidad para diseñar estrategias colectivas de resistencia. También fue Durkheim quien escribió que los lazos morales, organizados en relaciones de solidaridad, son los que vinculan a los individuos entre sí. Pero esto merece, al menos, un post nuevo.

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• El predominio de obreros industriales había favorecido la identificación de los ciudadanos con las reivindicaciones laborales del sector naval, convertido en  referente de otros colectivos en dificultades, que imitaban sus prácticas basadas en la socialización del conflicto y en la búsqueda de la implicación de la clase política. El incremento del peso del sector servicios en Asturias tuvo un efecto importante en términos de disolución de la cultura de clase obrera.
  

  Foto: Ángel Alonso

• La saturación de noticias sobre los problemas del astillero y las ayudas públicas recibidas o previstas, contribuyeron a desgastar la imagen de los trabajadores y crearon  un clima de descontento entre la ciudadanía. La crisis comenzaba a golpear la economía asturiana y las reivindicaciones del sector naval comenzaron a incomodar a unos ciudadanos ya suficientemente ocupados en resolver sus propios problemas laborales y poco predispuestos a apoyar a trabajadores a los que muchos consideraban privilegiados.
• Los apoyos políticos comenzaron a debilitarse. Las ayudas al sector naval habían sido insuficientes para lograr los objetivos y las distintas administraciones se mostraban poco predispuestas a seguir financiando una actividad que no se conseguía hacer rentable.
• La importancia de la actividad para la estructura económica de la región decrecía en la misma proporción en la que disminuía el número de trabajadores directa o indirectamente vinculados a la misma.
•  Las ayudas al cierre empujaron un poco más a la construcción naval hacia su fin.

No obstante, existen también algunas diferencias en la forma de afrontar el conflicto de  ambas actividades, que podrían deparar un final diferente para la minería asturiana:

• La unidad de acción de los sindicatos del sector naval permitió articular y dar coherencia a las movilizaciones durante los momentos más agudos de la crisis industrial en Gijón, a pesar de las evidentes diferencias ideológicas, estratégicas y de planteamiento de la acción  colectiva. Esta unidad se rompió en los estertores de la actividad, sobre todo en el caso de Naval Gijón y disminuyó la posibilidad de trasladar el conflicto a la calle.
  

  Foto: Reuters

• El llamamiento a la calma de UGT y CCOO, que aseguraban tener resuelto el futuro de los trabajadores, y el envejecimiento de las plantillas, se reflejaron en protestas meramente testimoniales para evitar el cierre de los astilleros.
• El margen de maniobra de que disponían los trabajadores del sector naval era menor. No solo porque el final se encontraba más cercano en el horizonte cuando se planteó el conflicto, sino porque éste no se había extendido a la totalidad del sector, lo que garantiza una mayor repercusión mediática a nivel nacional y una mayor capacidad de presión frente a las distintas administraciones.

Para terminar, dos recomendaciones, si se me permiten. Desde fuera se echa de menos una mejor política de comunicación por parte de los trabajadores de la minería. Más explicaciones sobre sus reivindicaciones y un menor despliegue pirotécnico podrían acercar las posiciones, también con la ciudadanía. Y elijan bien a los interlocutores. En el año 2001, justo en una  de las mejores épocas a efectos de contratación de la historia reciente de Naval Gijón, un expresidente de esta empresa aseveraba: “habrá astillero hasta la eternidad”. Que mejores profetas iluminen el camino de Asturias.

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