La cuestión no es nueva. Todas las excusas son buenas para aligerar plantillas o trasladar la producción a otros lugares y las multinacionales norteamericanas son especialistas en este tipo de argucias. Suelen argumentar que no entienden los límites al libre mercado y, por tanto,  no les gustan las regulaciones. Su credo es que el mercado actúe… pero generalmente solo si el resultado es de su agrado. En el caso que nos ocupa, la regulación gubernamental les era favorable hasta ahora, puesto que las ventajas que ofrecía desconectarse de la red  en momentos de máxima demanda eran cuantiosas, máxime cuando ni siquiera han tenido que desenchufarse durante años. Tanto, que en la Unión Europea se mantiene la sospecha de que nos encontramos ante subvenciones encubiertas. El sistema mejoraba la cuenta de resultados de grandes empresas consumidoras de electricidad pero las nuevas subastas impuestas por el Gobierno para evitar las acusaciones de ayudas de Estado a determinados sectores ya no resultan tan favorable. No me voy a detener en el funcionamiento de estas pujas (aquí se explica) pero resumiendo, podría decirse que, de forma paradójica, cuando se ha dejado actuar al mercado es cuando han llegado los problemas. Parece que, una vez más, la concepción del libre mercado que tienen algunas empresas es, cuando menos, peculiar.

Principalmente, porque en estas procelosas aguas se mueven tiburones de, al menos, el mismo tamaño que las empresas siderúrgicas, químicas o cementeras, que se han encontrado con el lobby que forman las eléctricas, un hueso, sin duda, duro de roer. Y más si, como parece, los intermediarios de estas subastas son entidades que tienen como bandera el lucro y una indisimulada falta de escrúpulos. Hasta ahora las dentelladas de los escualos las sufríamos fundamentalmente los consumidores individuales, a través de peajes varios, costes de distribución, y un nunca bien explicado déficit tarifario. Tampoco voy a describir este complejo sistema que, como vemos, podemos encontrar con todo lujo de detalles en la red. Los problemas para entender los recibos o, lo que es peor, los problemas derivados de lo que se ha dado en llamar pobreza energética, no han supuesto nunca un serio quebradero de cabeza para los gobiernos de turno. Salvo el tarifazo que pretendieron aplicarnos en diciembre del año pasado y que resultaba tan escandaloso que no hubo más remedio que intervenir. Pero aquello no fue sino el preludio de lo que estaba por venir y ya está aquí. Ahora, el Ministerio de Industria sí tiene un serio dilema que afrontar: puede aceptar el chantaje de los grandes consumidores de energía, volver a regular y rebajar los precios de la energía, o bien asumir un mayor coste en las futuras subastas. Ambas soluciones repercutirán de una u otra forma sobre los consumidores. La alternativa no es mejor, dejar las cosas como están podría suponer enfrentarse a despidos masivos y/o ausencia de nuevas inversiones en territorios como Asturias, afectados seriamente por el declive industrial y, por tanto, donde se hace necesaria la continuidad de empresas como Alcoa o Arcelor para evitar un alto coste social.

La decisión no es fácil cuando te encuentras en medio de un choque de trenes, pero no es nada que no hayan provocado los responsables de Industria (éstos y otros anteriores) y me atrevería a decir que hasta los próximos, con sus políticas. O también con su falta de decisión. Porque se sigue  echando de menos una política industrial incluso en los programas electorales de las nuevas formaciones, por no hablar del modelo económico que queremos para España, una vez muerta y enterrada la posibilidad de una apuesta decidida por la economía del conocimiento y la innovación.

La corrupción, los desahucios, el (im)pago o la refinanciación de la deuda, el techo de déficit o la cuestión territorial no cabe duda de que son asuntos muy importantes, pero descuidar una vez más la política industrial tendrá consecuencias nefastas para la economía del país, ya lo hemos visto, por más que se nos insista en que influir en los mercados globales es una tarea que no está al alcance de los gobiernos locales. Y otro tanto podemos decir de la inacción. Parece poco razonable que las empresas se enfrenten a un precio de la energía impredecible y sujeto a los caprichos de un mercado en el que  productores y comercializadores son los mismos.

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Ahora que el mantra de la transparencia lo domina todo, no estaría de más, tampoco, que se hiciera un esfuerzo por explicar mejor el funcionamiento de estas subastas (también las que afectan a los particulares), de qué se compone el precio de la energía o en concepto de qué debemos esas astronómicas cantidades a las  eléctricas, ya que no está claro que sus costes de producción estén por encima del precio de mercado.  Tal vez así podamos responder a dos cuestiones capitales:  por qué cuesta tanto generar la electricidad y por qué algunas empresas continúan sin ser eficientes en ausencia de subvenciones.

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Muy distinto este espíritu de la concepción de relocalización que surgió a finales del siglo XX como una estrategia empresarial. Si para los transicionistas la idea es ralentizar el crecimiento y la acumulación material, la reducción de costes y la maximización de beneficios caló en empresas de todos los sectores y tamaños que rivalizaban por trasladarse antes que sus competidores a países con bajos salarios y condiciones laborales y medioambientales laxas. Sí, hablamos de una deslocalización a la que se lanzaron las empresas transnacionales, pero también pymes industriales, avaladas por dudosos informes de rentabilidad u obligadas por el propio mercado. La fabricación nacional se veía como un obstáculo que generaba desconfianza entre los compradores, seguros de encontrar mejores precios en aquellas empresas cuyas manufacturas se encontraran, por ejemplo, en el nuevo y pujante mercado asiático.

Hoy, las circunstancias no son las mismas, o al menos no parar todos. Suzuki fabricó este año la última moto que llevará el sello de Made in Gijón, condenando al cierre la planta que hasta entonces tenía en Porceyo. La marca nipona ya no quiere fabricar en Europa, quizás asustada por la crisis, aunque se suponga pasajera. Distinto es el caso de Tenneco, cuya dirección en Illinois ha decidido (si las negociaciones de última hora no lo  remedian), y por mor de la deslocalización, acabar con una de sus plantas más rentables y modernas, puesta en innumerables ocasiones como ejemplo a seguir por sus hermanas europeas. Dos casos más de un proceso que no parecía tener fin. El sector industrial que a comienzos de este siglo representaba el 21% del PIB de nuestro país ha menguado hasta el 15% en 2013, con las consiguientes pérdidas de empleo y riqueza para España. Así que en estas estábamos, deslocalizando, cuando nos enteramos de que el proceso ha comenzado a invertirse en algunos sectores de actividad. Algunas empresas del sector juguetero, el calzado y el textil recorren el camino de vuelta, convirtiendo esta vez la relocalización en antónimo de deslocalización.

El Roto

El tiempo ha demostrado que el  tamaño de la empresa sí importa,  y que fabricar fuera solo resulta rentable para las grandes multinacionales. Para los pequeños (no olvidemos el tamaño de nuestro tejido industrial), el coste derivado del proceso de innovación es inasumible, del mismo modo que las series cortas de fabricación que implican inversiones constantes en procesos, programas y formación. Pero la explicación hay que buscarla también en otros factores, como  la desaparición de buena parte de la competencia, arrastrada por las crisis, nuevas alianzas comerciales y, sobre todo, en los cambios en las Relaciones Laborales de algunos países como China, paralelos a su desarrollo económico. Además, las pautas comerciales de los grandes fabricantes asiáticos se asemejan cada vez más a las de sus competidores occidentales y existen “costes ocultos”: gastos aduaneros, viajes, problemas de comunicación o culturales.

Eso, sin contar con que, en muchas ocasiones,  el prestigio de las marcas se ha resentido. Aquí no solemos apelar al orgullo industrial patrio pero sí en Estados Unidos. Primero fue el Boston Consulting Group, que pronosticaba el regreso de la industria manufacturera deslocalizada a su país en el informe “Made in America Again”, después el “Staying Power II” con las fábricas de Massachusetts creciendo a un ritmo superior al 40%, pese a ser uno de los estados con mejores salarios y mayores costes de EEUU. Y finalmente, el golpe de efecto se produjo en el descanso de la final de la Superbowl-2012, un espectáculo visto por más de 111 millones de espectadores en los USA, con Clint Eastwood haciendo de adalid de la industria norteamericana. Caterpillar, Ford o Apple también han iniciado procesos de relocalización durante los  últimos años.

Foto: El Comercio

Ya sabemos que los norteamericanos suelen marcar nuestro paso, quizás por eso algunas empresas de las principales ciudades españolas compiten ya realizando “nearshore” (por oposición a “offshore”), relocalizando sus actividades de producción industrial en ciudades españolas donde los costes pueden verse reducidos en hasta un 40%.  ¿Qué pasará con las empresas norteamericanas deslocalizadas en España? De momento, Tenneco Gijón se mantiene en una tensa espera hasta conocer la decisión final de la sede mundial, aunque la estrategia de la empresa de Illinois no pasa por el retorno a su país sino por su re(des)localización en Rusia, un mercado emergente muy apetitoso. Pero la planta asturiana tiene importantes ventajas competitivas que sus trabajadores están intentando hacer valer con acierto. Relocalizar significa hoy disponer de una Política Industrial proactiva, facilitando la radicación de las empresas y, sobre todo, apoyando la inversión en I+D+i y en programas formativos. Para Manuel Castells es la organización social la que crea o destruye empleo. Es la hora de la política pero también de la sociedad civil movilizada. Como dice el lema de los transicionistas “o nos salvamos todos o no nos salvamos”. Resiliencia o morir.

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Fotografía: El Comercio

La socióloga holandesa se refiere a la Ciudad Global como un lugar estratégico, indeterminado, un espacio “del poder” pero también “de los sin poder”, de bordes sistémicos (sistemic edges) en la terminología de la propia Sassen, pero en el que ya es visible la huella urbana del capital global en forma de expulsiones. Desde los años ochenta la lógica es la expulsión y las políticas de austeridad no han hecho sino acrecentar este proceso, ensanchando la desigualdad y expulsando del espacio económico a muchas personas.

Sassen suele ir siempre más allá, por eso no se conforma con contextualizar sino que trata de aportar soluciones a los problemas que encara la ciudadanía. Una de ellas es la relocalización de los medios de producción, una afirmación un tanto voluntarista pero que cobra mucha actualidad en Asturias, donde se está destruyendo gran parte del tejido industrial debido a las deslocalizaciones, una práctica ante la que los gobiernos autonómicos y locales (también el central) se sienten impotentes. Para Sassen es posible un crecimiento en un espacio más pequeño, que permita compensar los desequilibrios producidos por la globalización. Las capabilities, opina, son cosas del pasado, hoy se opera con otras lógicas. Por eso, dice, la ciudadanía se ha transformado a medida que los ciudadanos han ido perdiendo derechos, y aquí está el germen de una política informal.

Pero ¿quién se ha quedado con los derechos sociales? Las políticas neoliberales han acabado con lo que quedaba del Welfare State, según Sassen, pero también las clases medias  (como sus beneficiarias)  “se lo comieron”, a decir de Jesús de Miguel, compañero de debate de la premiada. Una afirmación, ésta, que puede resultar un tanto polémica. Las clases medias han sido, quizás, las mayores beneficiarias del Estado del bienestar, pero también las mayores contribuyentes netas. O tal vez sería mejor decir que gracias al Estado de Bienestar las clases medias se engrosaron. No en vano, asistimos desde el comienzo de la actual crisis a un adelgazamiento sustancial de su contingente. Causa y efecto.

Para Sassen “la ciudadanía no está despolitizada sino alienada ante un Estado que no la escucha”. De ahí que los movimientos sociales sean también objeto de sus investigaciones. En esta ocasión, se refirió a los movimientos de indignados, a los que reprochó, sin embargo, una ausencia de objetivos políticos. También Jesús de Miguel aludió a esta debilidad. Pero hacer ciudadanía significa una forma diferente de hacer política, basada en prácticas ciudadanas en el espacio urbano, tal y como la ha definido la propia Sassen en otras ocasiones, con un término que me gusta mucho, “micro-transformaciones en el nivel de la vida cotidiana”. Por eso los movimientos de indignados, y en concreto el 15-M, o los “15 emes”, como le gusta decir a un colega, trabajan con esa lógica que va más allá de la protesta frente al poder. Una lógica de visibilización pero también de trabajo en red.

Fotografía: Cuadernos Hoac

Aquí, en España, esa efervescencia de las movilizaciones quizás haya pasado, pero ha quedado el poso. Podríamos decir que hoy el 15- M funciona como “células dormidas”  y ha derivado en grupos de trabajo, movimientos vecinales y plataformas ciudadanas que como la PAH están obteniendo victorias parciales, por ejemplo, frenando desahucios.

¿Acaso no son ese tipo de micro-transformaciones a las que se refieres Saskia Sassen cuando habla de recuperar lo público para cambiar una política institucional que ha expulsado del espacio económico a muchas personas? Sennett, que ejerció para la ocasión como distinguido consorte, y de quien echamos de menos un mayor protagonismo en el acto, nos había dado la clave para hacer ciudadanía: “la pérdida de derechos no es un destino”.

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Sociólogos como Beck o Castells hace años que alertaron sobre la fragmentación del proceso productivo como consecuencia de la globalización industrial.  Dicha desintegración formaría parte del esa “nueva división internacional del trabajo”, que exprime la fuerza de trabajo de “la periferia” para mantener los niveles de consumo “del centro”. No es de extrañar que los propietarios del inmueble de Dacca decidieran mantener la producción a pleno rendimiento pese a que habían sido advertidos de las deficiencias que presentaban las instalaciones. Debieron valorar como insuficiente el riesgo de que miles de personas trabajaran a diario en tales condiciones. De momento hay más de tres centenares de muertos y la cifra se incrementará a buen seguro, dado el número de desaparecidos. El riesgo  nunca es bastante cuando en el otro lado de la balanza encontramos dinero.

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Académicos tan poco sospechosos de despreciar a los trabajadores como Krugman, han llegado a defender este tipo de fábricas por ofrecer salarios y condiciones laborales mejores que los que tenían en sus anteriores ocupaciones, agrarias en la mayoría de las ocasiones. Y junto a algunos entusiastas de la globalización, consideran los sweatshops como un paso previo para el desarrollo económico, poniendo como ejemplo el crecimiento con medios similares de otros países asiáticos como Corea del Sur, Hong Kong o Singapur. Algo que el propio Castells se ha ocupado de desmentir proporcionando argumentos sobre los factores diferenciales de los procesos de desarrollo de estos paises. Pero nadie ha llegó tan lejos como Jeffrey Sachs: “Mi preocupación no es que haya demasiados sweatshops, sino que hay muy pocos”.

Aquí, en España, tal vez encontremos también defensores de este modelo económico de deslocalización feroz, puesto que según según la ONG Ropa Limpia, entre los más de 300 muertos, se encontraron etiquetas de El Corte Inglés y Mango. Otro jarro de agua fría para la Marca España, de ser verdad. No olvidemos que Isaak  Andic  fue uno de los galardonados en la última promoción de Embajadores Honorarios de la Marca España (EHME) por su gestión empresarial. Quizás por eso no es fácil encontrar ya la noticia en los medios de comunicación españoles. La actualidad ha relegado a la irrelevancia una desgracia como la ocurrida en Bangladesh.  Y donde aparece una reseña, apenas tiene visitas, si valoramos la actividad por el número de comentarios. Pero el mayor problema es que apenas quedan tiendas en donde se pueda comprar ropa “no deslocalizada”. Tragedia, no accidente.

Foto: EFE

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