No conozco ni un solo préstamo en el que el prestamista no imponga condiciones, las que sea, al prestatario y, por lo tanto, decir que el crédito que España recibirá para el rescate bancario no conllevará exigencias es negar lo evidente. O al gobierno le han tomado el pelo, o nos lo está tomando. Habrá que esperar al memorándum que el Ejecutivo de Rajoy suscribirá con las autoridades económicas y comunitarias que facilitarán el préstamo para conocer las contraprestaciones que conllevará el rescate, pero en líneas generales se pueden resumir en dos acciones claras.
Primera: El crédito, sea cual sea el mecanismo que finalmente se adopte para habilitarlo, será otorgado directamente al Estado aunque tenga un carácter finalista, y es el Estado el que tendrá que devolverlo. La inyección al Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) deberá hacerla la Administración central con la aplicación de un interés que puede ser incluso mayor al que cobrarán las autoridades económicas. Es decir, las condiciones que impondrá la ‘troika’ (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) serán al titular del préstamo y una de ellas, sin duda, consistirá en la aplicación de una nueva reforma financiera que endurezca los requisitos de funcionamiento de los bancos. A los ajustes de plantilla y oficinas que tendrán que acometer las entidades, posibles nuevas fusiones, reducciones de los consejos, recortes en las remuneraciones de directivos y empleados, etcétera, se añadirán otras actuaciones más vinculadas directamente a la actividad, como el endurecimiento de las exigencias para las hipotecas o salvaguardas en los créditos, y a sus balances, cual es la reducción del peso de las participadas en la estructura de los bancos. Y el Gobierno tendrá que responder de la reforma ante Bruselas durante la vida del crédito.

Segunda. Los intereses del préstamo tendrán que ser contabilizados por el Estado como déficit y el principal, como deuda, diga lo que diga el ministro Luis de Guindos y el presidente del Gobierno. Los socios de la UE, especialmente aquellos que mostraron reticencias al rescate bancario de España (Holanda, Finlandia y Austria) y los que ya están intervenidos serán implacables en exigir todo tipo de garantías para que el dinero que se reciba no caiga al pozo y, por ello, es inevitable pensar que reclamen más ajustes. Algunas de las condiciones ya están en la agenda. Hay que llevarlas a cabo. El Gobierno de Rajoy tendrá que meter en vereda a todas las comunidades autónomas para que cumplan con las líneas marcadas por el Ejecutivo para acometer los recortes en sanidad y educación. Hasta ahora, hubo cierta indisciplina, incluso con amenazas de recursos ante el Constitucional. Los cumplimientos del objetivo de déficit por las autonomías es clave para pasar los exámenes. Y el segundo gran paquete de contraprestaciones consiste en convertir las recomendaciones en obligaciones: subida del IVA, retraso de las jubilaciones, endurecimiento del seguro por desempleo, y reducción del tamaño de las administraciones y del sector público. No hay otra manera y hasta aquí sería lo menos malo.