El Gobierno ha comenzado a “pisar el acelerador” en las reformas, como ha dicho Mariano Rajoy, para encarrilar el disparado déficit público en España y contentar a los mercados y a Alemania, pero la mayor parte de las medidas que prepara el Ejecutivo seguirán llevando el marchamo del ahogo. Reducción del sueldo a los funcionarios, congelación de las pensiones, recorte en las prestaciones por desempleo, subida del IVA… La tuerca pocas vueltas mas puede dar.

Una de las actuaciones que más impacto tendrá es el adelgazamiento de las administraciones, el ajuste del sector público, necesario desde luego, pero también enormemente gravoso para España. Miles de empleados públicos serán despedidos al amparo de la reforma laboral como consecuencia de las acciones que prepara el Gobierno para ahorrar 30.000 millones de euros de las arcas públicas. El coste social será grande, al igual que también lo será la reconversión pendiente en el sector financiero, obligado a cerrar oficinas y a echar trabajadores para eliminar lastre de los balances. En definitiva, entre bancos y administraciones se pueden perder más de 100.000 empleos en año y medio en nuestro país.

Ante este panorama lo que se viene encima no es más que la prolongación de la recesión y la mayor asfixia social desde que se inició la crisis hace cinco años. Seguir con este estrangulamiento, que es mucho más que la llamada austeridad, es un camino suicida. Cuando estamos a las puertas de la ’Gran Depresión’, el Gobierno no tiene más remedio que idear un plan de choque que contrarreste el golpe brutal de lo que está por llegar, un plan que conlleve una inyección de dinero a la economía productiva para que los motores puedan seguir funcionando en busca de una salida, aunque sea psicológica. Cuando estamos aún pendientes en qué se traduce el famoso acuerdo entre Alemania, Francia, Italia y España sobre el fondo de 130.000 millones de euros para aplicar medidas de crecimiento en la zona euro, el Gobierno debería de estar ideando un cuaderno de ruta para cambiar la estructura productiva en nuestro país con un horizonte temporal mínimo de diez años que permita ir corrigiendo el rumbo de la economía. Hay que definir un modelo distinto al que se tuvo hasta ahora que, sin olvidar las aportaciones de la construcción, de la industria tradicional o del turismo, tenga como objetivo el desarrollo de aquellos sectores con mayor capacidad de crecimiento y dinamismo. Mientras no brote el crédito de los bancos, el Gobierno tiene que ejercer el papel de animador y empezar con una buena dosis de recursos a favorecer las condiciones para el tránsito hacia una economía moderna y sostenible. Hay sectores con enormes posibilidades, que sólo requieren un empujón. No hace falta inventar nada: la biotecnología, las nuevas energías, la industria aeroespacial, los nuevos bienes de equipo, las tecnologías de la información y de la comunicación, la economía creativa en la industria cultural o el sector sanitario y de bienestar social.

La capacidad para generar empleo en las actividades golpeadas directamente por la crisis será muy escasa o nula en la próxima década. Hay que pensar en el recambio, en una nueva revolución industrial. Seguir metiendo solo la tijera es llevar al país al desastre.