El permanente goteo de cierres de empresas en nuestro país pone de manifiesto, con más crudeza que nunca, lo que se venía denunciando en los últimos tiempos, la ausencia absoluta de una política industrial eficaz que facilitara el asentamiento del sector y evitara lo que está ocurriendo ahora, el desmantelamiento y la deslocalización. España, y por supuesto Europa, no han dado ningún paso para proteger la industria de los embates de una globalización desequilibrada y maliciosa, que ha beneficiado más a los países de bajo coste, los llamados emergentes, para sumergir en el empobrecimiento a los más desarrollados.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, mostró hace unos días su enorme preocupación por la fuga de Suzuki, pero no ha ido más allá de la expresión de la inquietud. El ministro está preocupado, como lo estamos cuarenta millones de ciudadanos, pero sigue aplicando su ‘política de nada’, el ‘laissez faire, laissez passer’, de la que no se puede esperar, lógicamente, ningún resultado porque tan siquiera busca eso, algún resultado. Esta es la visión del Gobierno: la industria española tiene que ser más competitiva y por ello hay que emprender una ‘chinacización’ de los trabajadores reduciendo los costes laborales. Es decir, el hecho de que las empresas españolas paguen el precio de la energía más alto de Europa o que la fiscalidad sea de las más elevadas del continente no cuenta en la adición de costes.

Nuestra industria ha perdido en la última década cerca de veinte puntos en competitividad y todo ello, según la teoría gubernamental, por la nómina del señor trabajador. No hay más ciego que el que no quiere ver. O el que solo ve una parte. Si yo fuera empresario, también me manifestaría para que el Ejecutivo, además de recortar, tomara medidas para aliviar la brutal carga fiscal y energética que tienen las empresas. Seguro que la competitividad aumentaría. Con lo que no mejoramos, desde luego, es con la aplicación de los gravámenes tributarios en el sector energético, tal como han denunciado una veintena de asociaciones empresariales, las más importante del país, que ponen aún más en evidencia la equivocación.

Política en España, pero también en Europa. La inación de la UE en materia industrial es sencillamente escandalosa. Las multinacionales levantan el campamento y las autoridades comunitarias dicen adiós y cruzan los brazos. Como somos más papistas que el papa, defendemos a ultranza el librecomercio y nos oponemos radicalmente a adoptar medidas proteccionistas, mientras nos inundan de productos manufacturados de países donde no se respetan los derechos sociales ni las normativas medioambientales más esenciales. De esta manera, se está destruyendo nuestro tejido industrial y el estado de bienestar por el ‘dumping’ que practican China, Tailandia, India, Corea… Nunca existieron tantas razones para levantar barreras en Europa. Al igual que se hizo en política agraria, la UE tiene instrumentos jurídicos suficientes para proteger la industria si quiere. Uno de ellos, el principio de preferencia comunitaria, por ejemplo. Con aranceles, exenciones y controles en las fronteras se puede conseguir que a productos iguales, sean motos, chapas o estanterías, el precio sea favorable a aquel que tenga origen aquí. La UE no puede perder más tiempo porque han saltado todas las alarmas.