Medio noqueados por tanta adversidad en la industria asturiana, la aprobación por la Comisión Europea del nuevo sistema de bonificaciones fiscales para los astilleros es como un complejo vitamínico, la inyección de adrenalina que esperaba el sector para remontar vuelo. Aunque nunca es tarde si la dicha es buena, las autoridades comunitarias tardaron una eternidad en hacer justicia y decidir sobre la denuncia que había presentado Holanda contra el régimen de incentivos tributarios del que gozaba el naval por considerarlo ayudas de Estado.

La suspensión del ‘tax lease’ se produjo hace más de año y medio y en todo ese tiempo los astilleros perdieron, nada más y nada menos, que cerca de medio centenar de contrataciones, que hubieran generado una facturación de más de 1.000 millones de euros, porque eran incapaces de competir, no solo con constructores de terceros países, sino con sus homólogos europeos. De esta manera, el pleito del tulipán, que recibió el respaldo cómo no de otros socios, sirvió para que astilleros holandeses, alemanes, franceses, daneses, etcétera, se libraran durante ese tiempo de un gran competidor y reforzaran su carga de trabajo.

La Comisión Europea ha aceptado el nuevo régimen fiscal de los astilleros, pero ahora el Gobierno español tiene que ponerse las pilas. El Ministerio de Hacienda debe de agilizar los cambios legislativos del Impuesto de Sociedades para que se permita la deducción del coste de los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero desde el inicio de la construcción de los barcos, es decir, la llamada amortización anticipada, que es en lo que consiste realmente el ‘tax lease’. La vía más rápida para ello es la promulgación de un real decreto con las modificaciones para que pueda entrar en vigor cuanto antes. Si es en diciembre, mejor. Los astilleros requieren tener este mecanismo para poder presentar ofertas atractivas a los armadores e intentar aprovechar las oportunidades de negocio que no tenían que haber perdido por la actuación de los lobbys comunitarios y la falta de pericia de la Administración española.

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