Los escándalos sobre la corrupción que salpican España están generando una crisis política sin precedentes en la historia de nuestra democracia. Cuando más estabilidad necesita el país para salir del enorme agujero económico en el que estamos metidos, los desmanes cometidos por nuestros representantes públicos en sus partidos y en las propias instituciones están provocando el mayor nivel de desconfianza de los ciudadanos en la clase política, hasta el punto de que, según todas las encuestas que se han venido publicando en los últimos meses, se ha convertido ya en uno de los grandes problemas de la sociedad.

La desafección va en aumento y quienes regentan los destinos de este país tienen la responsabilidad, y la obligación, de dar un giro, emprender reformas valientes y profundas del sistema electoral y del propio funcionamiento de los partidos para evitar el resquebrajamiento y recuperar la confianza. Aquí van unas cuantas ideas, a modo de decálogo, para intentar conseguir la normalidad en la vida política española, un factor fundamental para que España tenga credibilidad, se consiga el sosiego y favorezca que nuestra economía recobre el vigor que ha perdido.

1º.-  Mayor transparencia en las cuentas de los partidos, con la publicación periódica de sus ingresos y gastos y con la identificación de todas las vías de obtención de recursos, sean empresas o fundaciones, que tienen que ser mas limitadas que las que fija ahora la ley.

2º.-  Total y absoluta incompatibilidad con la empresa privada o con el ejercicio de una actividad profesional para diputados, senadores, concejales, altos cargos de las administraciones, funcionarios y empleados públicos.

3º.-  Publicación de todos los contratos realizados por las administraciones, concursos públicos y adjudicaciones, con la especificación de las ofertas recibidas, las puntuaciones y los criterios adoptados en la selección.

4º.-  Elección de todos los órganos de la Fiscalía y de la judicatura entre los propios profesionales, sin intervención alguna de los políticos, para garantizar la independencia absoluta del Poder Judicial, a todos los niveles, del resto de poderes. Lo mismo para el Tribunal de Cuentas, que tendrá que ser más ágil y eficaz.

5º.- Mayor control de todo tipo de subvenciones públicas, tanto a la hora de otorgarlas como de realizar un seguimiento del cumplimiento estricto de las condiciones para su disfrute.

6º.- Endurecimiento para las penas por corrupción y fraude a la Hacienda Publica, con apartamiento inmediato de la administración o de la estructura del partido político y pérdida de la condición de aforado en el momento en que se produzca la imputación.

7º.- Reforma del sistema electoral, con la instauración del proceso de listas abiertas en todos los comicios. Los partidos políticos deberán también de modificar el modelo de elección de sus dirigentes, de tal manera que cualquier militante pueda ser realmente aspirante a la dirección de la formación.

8.- Limitación a ocho años del tiempo de mandato o representación en cualquier institución política sea electa o no, de tal manera que afecte también a ministros, consejeros de gobiernos autónomicos, personal de confianza, responsables de empresas públicas, fundaciones, etcétera.

9.- Prohibición para establecer cualquier tipo de relación empresarial o profesional directa con la Administración durante, al menos dos años, desde que se dejó la vinculación con la institución pública.

10.- Limitación de las remuneraciones a todos los cargos públicos, con la publicación de las retribuciones y de todas las percepciones por dietas, gastos de representación, desplazamientos, comidas, etcétera.