José María Aznar ha originado un enorme terremoto en el seno del PP con sus críticas a la actuación del Gobierno de Rajoy. El expresidente defiende la bajada de impuestos para contribuir al despegue de la economía y denuncia la asfixia que esta sufriendo la clase media por la presion fiscal. Mariano Rajoy ya ha respondido que no tiene previsto cambiar de política.

Aznar habla desde la experiencia como jefe de Gobierno entre los años 1996 y 2004. Entre las medidas que aplicó para dinamizar la economía figuraba la reducción impositiva y le dio muy buen resultado, pero también es cierto que disponía de un colchón para aminorar los efectos de la rebaja, que fueron los recursos obtenidos por las privatizaciones del sector público empresarial. La situación hoy es bien distinta. Entonces no se producían las presiones que ejercen Alemania y Bruselas para aplicar las recetas de austeridad con el fin de reducir el déficit público; las decisiones, digamos, eran más soberanas. Ni tampoco corríamos el riesgo de que la banca necesitara un segundo rescate, como ya se empieza a apuntar, que puede traer consigo nuevos recortes en nuestro estado de bienestar.

Es decir, Rajoy tiene un papelón que no tenía, ni por asomo, Aznar en su momento. La nostalgia no puede ocultar la realidad. Y la realidad es que son muchos los lobos que se pueden arrojar sobre la presa. De todas formas, la rebaja fiscal tiene que ser una medida sobre la que debe de trabajar el Gobierno para aplicarla en cuanto se produzca la mínima oportunidad. Y la mínima oportunidad, si las previsiones se cumplen, puede estar a la vuelta de la esquina. El próximo año, por ejemplo. En cuanto se produzca el más mínimo atisbo de recuperación, el Ejecutivo tendría que asumir la bajada de impuestos como incentivo para favorecer el consumo, la inversión y la generación de empleo. Si los ciudadanos y las empresas tienen más dinero en el bolsillo, más capacidad habrá de dar la vuelta a la tortilla y acelerar el proceso de crecimiento sin perder recaudación.

Después de casi año y medio de mandato y una treintena de medidas para elevar la carga tributaria,  el Gobierno tendría que suavizar los gravámenes sobre el trabajo, el ahorro y la inversión. Para ello, la rebaja fiscal debería afectar al IRPF, al sistema de tributación por módulos y al impuesto de sociedades, especialmente. Y sería adecuado, además, que la reforma lograra acabar con las enormes diferencias que existen entre comunidades autónomas. No se puede permitir que Asturias aplique un tipo marginal de IRPF muy por encima de la media nacional y similar al que está vigente en Suecia, o que Madrid tenga suprimido el impuesto de patrimonio. Por lo  tanto, lo que ahora se ve como contraproducente, dentro de un año puede ser decisivo.