El Gobierno parece que está dispuesto a coger el toro por los cuernos y dar un impulso al proceso de reindustrialización en España. Como nunca es tarde si la dicha es buena, la propuesta lanzada desde el Ministerio de Industria para conseguir un pacto de Estado que implique a las organizaciones sociales y a los partidos para relanzar la actividad productiva en el país hay que saludarla de manera muy positiva. Cualquier intento a buen seguro no resultará baldío porque de lo que ha carecido España en muchos años, ya no solo durante la Gran Recesión sino incluso antes de que estallara la crisis, era de la ausencia absoluta de política industrial. De hecho, esa carencia ha llevado incluso a que una buena parte del tejido productivo del país fuera devorado por las fauces del declive.
En estos años, la industria española ha perdido peso en el PIB, del 30% que aportaba tan solo aporta el 16%, y también ha descendido cinco escalones en el ranking mundial de los países industriales. Ahora estamos en el puesto número catorce, por lo que hemos dejado de ser una de las grandes potencias para vernos superados por los países emergentes. Volver a la situación que teníamos en la esfera internacional va a costar muchísimo esfuerzo, quizás ya no lo logremos, pero sí es necesario adoptar medidas para dar un empujón y, como mínimo, fortalecer lo que nos ha quedado en pie e impedir que sigamos descendiendo.
El Gobierno maneja un informe elaborado por la consultora Boston Consulting como documento base para la reindustrialización, que recoge un conjunto de ideas para la discusión con los agentes implicados. De todas formas, hay cinco claves fundamentales para ayudar a que el sector sea competitivo y dinámico: reducir la elevada presión fiscal que soportan las empresas, incluidas las cotizaciones sociales, que son una carga a la hora de mantener plantillas y crear puestos de trabajo; disminuir el precio de la energía, teniendo en cuenta que España es el país de Europa con el recibo por consumo de electricidad más caro; facilitar a las compañías el acceso a las vías de financiación, con la apertura del crédito por parte de las entidades bancarias,  habilitar medidas para respaldar la internacionalización y apoyar co n firmeza la investigación, el desarrollo y la innovación.
Entre las propuestas que el Ministerio tiene sobre la mesa figuran otras tres que resultan interesantes y complementarias: el fomento de la compra de productos nacionales, el papel de las multinacionales españolas como embajadoras de las pymes y promover el aumento del tamaño de las pequeñas y medianas empresas.
A todo este conjunto de acciones añadiría otra que el comité de empresa de Tenneco, como ejemplo que es de lucha para todo el país contra a los desaguisados empresariales, llevará a la sede ministerial del Paseo de la Castellana: una ley para impedir la fuga de las multinacionales, para evitar las deslocalizaciones, sean de libro, como se calificó en su día la de Suzuki, o tan asumida como la de Coca Cola. Otros países de la UE ya adoptaron normas en este sentido. El más cercano, el caso de Francia. Si yo fuera ministro, tomaría también nota de la idea.