En la presentación de la ‘Estrategia Industrial de Asturias’, el documento elaborado por el Gobierno regional que recoge los planteamientos de los agentes sociales en la concertación para impulsar el desarrollo de la industria, los representantes de los empresarios lamentaron la ausencia de medidas que permitan rebajar la carga fiscal en la comunidad autónoma. Jacobo Cosmen, como vicepresidente de Fade, acompañado de otros dos vicepresidentes de la patronal, Fernando Alonso, de Isastur, y Constantino Martínez, de Procoin, tomó la palabra en el acto para recordar que la fiscalidad es también un factor de competitividad y que, sin embargo, no figuraba como punto de consenso. Javier Fernández, cuenta la crónica, no tardó en reaccionar al reproche del empresario tirando balones fuera. “El Impuesto de Sociedades”, que es el que afecta a la empresa según el presidente, “es de competencia estatal”, subrayó el mandatario. Y ahí se acabó el partido.

La verdad es que resulta increíble que entre las 164 páginas del compendio de análisis, datos y acciones que recoge el documento emanado del Acuerdo por el Empleo y el Progreso de Asturias, como se llama ahora la concertación, no se incluya una palabra sobre fiscalidad, tan siquiera para valorarla, cuando sin ninguna duda es un factor clave para cualquier iniciativa empresarial, como lo es también el acceso a la financiación, los costes laborales y de materias primas, la energía o las infraestructuras. En Asturias sufrimos una de las mayores cargas tributarias de España y el Gobierno regional sigue mirando para otro lado, achacando esa situación a la política estatal. Y entonces la pregunta es ¿qué hacen otras comunidades para tener el tipo marginal de IRPF más bajo que en Asturias, el impuesto de sucesiones y transmisiones patrimoniales rebajado o el impuesto sobre el patrimonio prácticamente anulado?

No solo es actuar sobre el Impuesto de Sociedades, sino también hacerlo sobre estas tres figuras tributarias para aliviar la presión y que el resultado de la cesta fiscal sea más favorable que ahora. El presidente lo sabe, aunque no lo quiera reconocer, que en los últimos cinco años se produjeron deslocalizaciones relevantes de grandes patrimonios asturianos por la gravosa fiscalidad de la región. Personas físicas con rentas altas trasladaron sus bártulos a otros territorios, ya no extranjeros, sino de España al disponer allí de un panorama fiscal mucho más benigno que el aplicado en Asturias. Una carga, por cierto, que sufrimos todos en el impuesto sobre la Renta, al recibir una herencia o vender una vivienda, por ejemplo.

Mantenerse impasible ante esa situación es un grave error. Seguir culpando a la Administración del Estado de la discriminación fiscal en España puede ser un argumento válido en contienda electoral, pero cuando se gobierna se tienen que adoptar medidas para corregir como sea esa situación porque armas para hacerlo se tienen. Esperar, por ejemplo, a que la reforma que ahora está planteando el Gobierno de Rajoy ataje las grandes diferencias fiscales entre territorios es una equivocación, porque de mano no se ha producido un debate previo sobre el modelo de fiscalidad que queremos para nuestras autonomías, si seguimos el sistema federal de los Estados Unidos, con amplísimas competencias territoriales, o imitamos a Alemania, con un poder más centralizado. Como esa discusión está todavía pendiente, lo que el Principado tiene que hacer, como mínimo, es atender a sus agraviados.