El Gobierno ha aprobado un paquete de medidas para evitar los fraudes en los cursos de formación después del escándalo surgido en Andalucía, que ha salpicado a dirigentes de UGT, del PSOE y miembros del Gobierno regional, después de la sacudida que ya habían sufrido por la ‘súperestafa’ de los expedientes de regulación de empleo. Las vacunas antifraude que quiere aplicar la Administración central han sido recibidas por las organizaciones sindicales con reticencias porque, entre otras cuestiones, les retira la capacidad de amagüestar el reparto de los fondos con la patronal, como venían haciendo hasta ahora.
En Andalucía, el Gobierno de Susana Díaz también decidió un conjunto de acciones para evitar a partir de ahora los masivos engaños en la formación y otras comunidades, como en el caso de Asturias, llevan ejerciendo un control más riguroso de los planes y cursos que financian porque el saqueo era más que una sospecha. Hace unos días, un representante institucional me comentaba que ahora la intervención no deja pasar una, que todo tiene que ir justificado, hasta el último detalle. Qué pena. Cuánto hemos tardado en reaccionar, cuántos millones se han quedado en los bolsillos de algunos con la condescendencia de nuestros padres de la patria.
La normativa elaborada por el Ministerio de Trabajo, aunque llega tarde, conlleva una serie de medidas que, si se llevan adelante con el máximo rigor, pueden prevenir la corrupción. Muy resumido, la nueva regulación recoge que las convocatorias de los fondos de los cursos se abran a la libre concurrencia, de tal forma que podrán presentarse los centros acreditados para ello y no sólo los agentes sociales, la Administración no anticipará más del 50% de la subvención ni financiará planes anteriores, se creará un buzón para recibir denuncias sobre posibles irregularidades y una unidad especial de inspectores velará por el buen uso de los recursos con sanciones específicas para quienes cometan fraudes. Ahora bien, el rigor normativo en la adjudicación de los fondos tendría que venir acompañado de la introducción en el Código Penal del delito por financiación ilegal, que los juristas echan de menos, para castigar a todos aquellos que han venido lucrándose con estos fondos y costeando las estructuras de las organizaciones, los dispendios y la abundancia.