Gijón produjo muchos políticos, unos cuantos de primera fila, líderes en sus partidos y en las instituciones, y sin embargo no produjo rectores, no tuvimos esa suerte, pese a no haber vivido ajenos al mundo universitario. No solo no los hemos producido sino que alguno de entre quienes dirigieron los destinos de nuestra Universidad llegó a recibir el título de ‘persona non grata’ por su actitud hostil a la inquietud gijonesa para que el conocimiento del saber se desarrollara también en esta villa, sin que ello supusiera arrancar nada a ninguna otra metrópoli. Es decir, si hoy tenemos el campus que tenemos es por el empeño de esta ciudad y como la historia es tozuda y de ella se extraen lecciones es para congratularse el interés que ahora demuestran los aspirantes al tratamiento de ‘magnífico’ por la situación y el devenir de la comunidad universitaria de Gijón.
En lo que llevamos de campaña los candidatos han puesto sobre la mesa varias propuestas específicas para el campus en su deseo de satisfacer algunas de las demandas de los últimos años. Por ejemplo, la puesta en marcha de unas instalaciones deportivas; la construcción de la residencia, el proyecto promovido por el Ayuntamiento que parece tener la cigua; el campus de verano para estudiantes extranjeros, que obligaría por cierto a abrir en agosto; el impulso a los acuerdos con las empresas, tal como se ha venido haciendo con éxito en la Escuela Politécnica, y la mayor conexión con el parque tecnológico para reforzar el concepto de Milla del Conocimiento. Ello adornado con esa universidad abierta, competitiva, innovadora e internacional que pregonan los rectorables, mirando al cielo a la espera de que llueva el dinero.
Pero hay cuestiones de fondo que tienen que ver precisamente con los recursos, sus limitaciones y las parcelas de poder, sobre las que los aspirantes pasan por alto y que ponen de manifiesto que todo lo que sea Gijón cuanto más lejos mejor, no vaya a ser que al mentar la bicha se revuelva el monstruo. Porque en el fondo, ya digo, la Universidad, con lo heterogénea que es, sigue manteniendo de forma inquebrantable una actitud centralista, blindada incluso en tiempos de Vicente Gotor, hasta el punto de perder la sensibilidad en el momento en que alguien plantea tocar el ombligo.
Y de esta manera no se puede entender que el campus gijonés, que concentra casi la quinta parte de las matriculaciones, no tenga representación directa en los órganos de gobierno y otros centros, sin embargo, puedan participar en las decisiones de la institución académica con menor masa crítica. O que no tenga presencia en la comisión de másteres cuando se imparten tres estudios de postgrado con buen nivel de aceptación, pero con mínima aportación de las arcas que se manejan en Oviedo: trece euros por alumno. O que la Universidad gestione a su antojo el convenio de financiación suscrito con el Ayuntamiento sin voz ni voto de la comunidad académica y que, por ello, se destine al pago del recibo de la luz, dejando los restos para el desarrollo de los nuevos proyectos del campus.
En definitiva, política y universidad siempre estuvieron reñidas. Se miran de reojo, desconfían la una de la otra. Pero en el caso de Gijón hay que reconocer que si no es por la presión social y la acción de los políticos, no existiría el campus que hoy conocemos.
El deseo es que la ciudad universitaria de esta villa siga creciendo y fabricando talento de la mano de quienes proclaman en campaña independencia en la gestión y en las decisiones, concediéndole el rango que ha adquirido con su peso. Sin intervención externa, vale, pero también sin sectarismos.