En junio de 1946 nacía Caja de Ahorros de Asturias por la fusión de dos entidades ya entonces muy arraigadas en la región: Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Oviedo y la Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de Gijón. La unión, como es lógico en todos estos procesos, conllevaba que cada una de las instituciones fundadoras de aquellas cajas controlaran, por así decirlo, los órganos de gobierno de la nueva entidad.
El pacto, de una forma u otra, se mantuvo a lo largo de toda la historia de Cajastur y los padres de la criatura hicieron uso de aquel derecho en toda su extensión, de tal manera que antes de que la marca de la hucha y luego del asturcón desapareciera del negocio bancario a la Junta General del Principado le correspondía proponer a la persona que ocupara la presidencia del consejo y al Ayuntamiento de Gijón, la vicepresidencia.
De todos es sabido que hace dos años, con el surgimiento de Liberbank, Cajastur se transformó por decisión de la asamblea en fundación bancaria con dos objetivos claros: gestionar la participación del 30% que tiene en el nuevo banco y desarrollar la obra social y cultural de la que habíamos venido disfrutando los asturianos hasta antes de que el sector de las cajas se volviera loco, a partir de los recursos que fuera recibiendo la propia fundación por la rentabilidad del paquete accionarial en Liberbank. Es decir, aunque sea como fundación, Cajastur sigue existiendo. No entiende ahora de ahorros, préstamos e hipotecas, pero sí es depositaria de unos bienes y de unos derechos derivados, fundamentalmente, de las dos instituciones que la hicieron surgir hace setenta años.
Pues bien, el Ayuntamiento de Gijón, de manera incomprensible, no tiene representante en el patronato de la fundación. Nuestros políticos locales optaron por renunciar a sentarse en el órgano sin explicaciones a la ciudadanía por aquello del que dirán, huyendo de lo bancario como de la peste, no vaya a ser que me hagan un escrache. Y con esa decisión de que ni para mí ni para tí, ni tan siquiera para un independiente, resulta que la fundación funciona como ente ajeno al cofundador.
Hace unos días, la junta general de accionistas del banco aprobaba el reparto del primer dividendo que la entidad ofrece desde su constitución: más de cuarenta millones de euros. El pago a cuenta ya había sido recibido por los titulares de las participaciones en el mes de octubre, una parte en especie mediante acciones de autocartera, unos 31 millones, y otra en efectivo, más de nueve millones. En ese reparto, la fundación Cajastur obtendría más de doce millones de euros, casi tres en efectivo. No es que sea mucho dinero, teniendo en cuenta los recursos que llegó a manejar la obra social y cultural en los mejores momentos de la Caja, pero en los tiempos que corren menos es nada.
Como definen los estatutos, el patronato decidirá el destino de esos fondos, las actividades y los beneficiarios. Aunque se confíe en la sensibilidad de quienes se reúnen cada cuatro meses sin remuneración alguna para debatir la marcha de la fundación y la distribución de esos ingresos es una pena que Gijón no tenga voz ni voto para plantear, por ejemplo, la financiación de alguna de tantas necesidades sociales que tiene esta ciudad o que el Palacio de Revillagigedo vuelva a cobrar vida.