La historia del saneamiento de las aguas negras del Este de Gijón es un cúmulo de incompetencias, errores, tropelías y fiascos que sólo se pueden atribuir a quienes gobiernan las instituciones con irresponsabilidad y despotismo. La osadía con la que se llevó adelante la gestión de la ‘plantona’, primero, y de la depuradora, después, quedará anotada en el haber de sus protagonistas.
Resulta inconcebible que después de un periplo de más de veinte años nos encontremos ahora en la misma situación de partida en cuanto al tratamiento de los residuos de la mitad de los ciudadanos de Gijón. Son de una incredulidad manifiesta los argumentos esgrimidos por responsables de las administraciones implicadas para justificar la cadena de decisiones que se fueron adoptando hasta llevarnos de vuelta al punto de salida. Se han sepultado decenas de millones de euros mientras manteníamos vivo un engaño, desenmascarado por unos tribunales que lo único que han hecho fue atender a la razón de unos vecinos que se defendieron del atropello con la ley en la mano, la misma que se saltaron a la torera quienes acusan ahora de hacer aspavientos a los que reclaman una solución.
Pues claro que hay que resolverlo. La depuración de las aguas no es sólo una obligación medioambiental, algo que tengamos que acometer porque si no vienen los hombres de negro de la UE y nos meten un buen clavel, sino que es un derecho sin excepción alguna, consustancial a la salud, al bienestar y al ecosistema.
Hay que buscar una solución con sensatez, dejando a un lado la refriega política e institucional, con la colaboración de todos, incluso diría yo de quienes tienen la capacidad para ceder en favor del interés general, que es el de los gijoneses, con el compromiso de su reconocimiento. Actuemos con cordura para tender cuanto antes al arreglo, sin dejar pasar más tiempo, y ya llegará el momento de pedir responsabilidades por este descomunal desaguisado.