Los munícipes con mando en plaza han decidido dar un revolcón a la estructura organizativa del Ayuntamiento y entidades dependientes porque tal como está hoy le cuesta atender las necesidades de una administración moderna, con una buena gestión de los recursos humanos y con capacidad para dar respuesta rápida y eficaz a las demandas de los ciudadanos. Es decir, el organigrama actual ni tiene contento al personal ni satisface plenamente al administrado. El caos se esconde en un orden aparente.
La institución pública, esta casa de todos regentada por políticos y comandada por funcionarios, se ha convertido con el paso del tiempo en la ‘gran empresona’ de Gijón, con su matriz y sus filiales, una empleadora de 2.500 personas, incluidas las que no entraron por oposición, que dedica a nóminas el 40 por ciento mínimo del presupuesto disponible por el Consistorio.
El crecimiento en los últimos treinta años ha sido tremendo. Se fueron abriendo despachos y creando servicios a tutiplén por la presión de la gente y de su propia plantilla, conforme iba asumiendo nuevas competencias e incrementando el papeleo. Después, la obsesión por acercar más lo que ya se tiene cerca, de tal manera que se pasó de estar todo en la plaza Mayor a llevar oficinas hasta la puerta de casa por aquello de una descentralización hasta el extremo. Y luego la incapacidad para dar marcha atrás, que obligó a mantener estructuras pese a haber desaparecido incluso su contenido. Gigantismo, inmovilismo y burocracia, los tres males del asunto que tratamos. A ello se añade un cuarto factor que acrecentó el problema, la nefasta política de personal.
El diagnóstico realizado por la consultora que contrató el Ayuntamiento para que certificara lo que se veía nada más rascar un poco ha sido demoledor con simplemente poner todo el relato junto en un papel. Ni flexibilidad, ni adaptación, ni carrera profesional, ni planes de formación, ni incentivos, ni motivación, ni mejora continua, ni excelencia. Hay jefaturas sin personal, personal sin jefaturas, directivos sin experiencia, ausencia de liderazgo… Existe un enorme individualismo, se trabaja mirando de reojo, sin saber a veces lo que está haciendo el compañero y mucho menos el resto de los servicios, fundaciones, patronatos y empresas municipales. Los técnicos por un lado, los administrativos por otro. La coordinación brilla por su ausencia. Vamos, si el funcionariado funciona lo hace de milagro.
A partir de todo ello, el gobierno en minoría plantea coger el toro por los cuernos y cambiarlo de arriba a abajo. La propuesta esbozada esta semana por la concejala de Hacienda pretende romper la actual estructura para «acabar con los reinos de taifas», en palabras de la señora Ana Braña. O sea, reconstruir el califato municipal poniéndole orden, agrupándolo y aclarando las jerarquías mediante departamentos, una nueva relación de puestos y tres ‘supergerentes’ que reportarán al consejo político. El proyecto, como es lógico, requiere el mayor consenso posible para que no quedar en un intento fallido de reforma y evitar que le cuelguen la etiqueta de herencia envenenada. Y lo más importante, para que cuando el administrado acuda a la ventanilla encuentre al otro lado a alguien que resuelva y, a poder ser, devuelva el saludo con una sonrisa.