Ante todo, la anulación del último plan urbanístico gijonés no parece que fuera tan desastrosa para la ciudad al producirse en un momento en que la construcción sufrió el mayor freno desde que uno tiene uso de razón. Visto con la perspectiva que ofrece el transcurso del tiempo, el hecho de que aquel PGO fuera a la papelera por decisión judicial no provocó un mayor hundimiento que el que ya estaba instalado en Gijón por el estallido de la burbuja.
El golpe de los tribunales tuvo lugar entonces en el mejor de los momentos, salvo, claro está, para quienes se habían hecho con la propiedad del cinturón rural más cercano a la urbe con el fin de no perder la costumbre del pelotazo gracias a un documento que permitía que el globo siguiera hinchando. Con el plan anulado y el nuevo aún en tramitación vemos que la construcción se reactiva ante la más mínima oportunidad con actuaciones sobre antiguos edificios y solares en el corazón urbano y vendiendo promociones enteras en Nuevo Roces, por ejemplo, donde todavía queda espacio para llenar el barrio de más familias. O sea, que incluso se logra renovar y compactar la ciudad sin que exista la necesidad de amparar el lucro sin escrúpulos. Por lo tanto, todavía hay campo suficiente para favorecer el despegue de una actividad que tanta mano de obra genera.
Mientras, el largo proceso para definir el futuro PGO continúa. Los grupos políticos han recibido un avance del informe de alegaciones elaborado por los técnicos con los puntos políticamente más calientes del documento, sin que se produzcan grandes cambios sobre las líneas generales que inspiraron el texto inicial que recibió el apoyo mayoritario de la Corporación. Resucita la discusión sobre los trazos gruesos del urbanismo gijonés, aunque los problemas más agudos surgirán luego en el examen de la letra pequeña.
Los redactores mantienen el modelo que suprimió de forma sensata los urbanizables en la zona rural, de la misma manera que plantea ahora el Gobierno regional para su proyecto de área metropolitana, e intentan librar el plan de la judicialización en los flancos más débiles. De esta forma, lo adaptan a la ordenación urbanística del litoral definida por el Principado que aumentará los litigios con los propietarios, lo preparan para que pueda pasar el examen de la CUOTA, atienden a intereses de última hora y abren el camino para garantizar que Arcelor, Armón y El Tallerón puedan seguir desarrollando su actividad industrial sin una espada de damocles sobre los terrenos que ocupan. Menos mal. Lo contrario, que hizo saltar las alarmas en la multinacional del acero, era simple y llanamente una aberración.
Ahora bien, la siderurgia tendrá que adoptar mayores medidas medioambientales y, si cabe, rodearse de arbolinos para despistar el impacto, de la misma manera que hace años el astillero levantó un seto de leylandis en su linde con el vecindario.
Y sobre Naval Gijón, más de lo mismo. El Gobierno local propone que el suelo de la antigua factoría, tanto el que subastará la Autoridad Portuaria como el que está en manos de Pymar, estará exento de viviendas en favor del consenso general de los grupos políticos. El destino es el polo tecnológico, con espacios para el esparcimiento ciudadano y la hostelería.
Una buena utilización, desde luego, aunque sigo pensando en que todo ello era compatible con una pequeña franja residencial a modo de transición que continuara lo que ya está construido en Poniente, los famosos edificios ‘barco’, hasta conectar con los futuros desarrollos de El Natahoyo, entre otras cosas para que el proyecto ganase en viabilidad sin que ello supusiera hablar de especulación. Naval Gijón y lo que finalmente se haga en el plan de vías conformarán un nuevo centro en el alma urbanística de la ciudad. Cuanto mayor atractivo tenga, mejor para todos.